ECONOMIA TIENE 1200 MILLONES DE DOLARES PARA AUXILIAR PROVINCIAS Nada es gratis; todo tiene precio
José Luis Machinea promete que
salvará del ahogo financiero a las provincias que hagan un fuerte ajuste. Entregará la
garantía para que accedan al crédito bancario. Así, satisfacerá la exigencia del FMI,
a la vez que busca evitar estallidos como el de Corrientes.
El
gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, junto al secretario de Programación Regional,
Miguel Bein.Río Negro, Catamarca, Tucumán, Formosa ya se anotaron en el Plan Salvataje.
Les seguirán Jujuy y Tierra del Fuego.
Por David Cufré
El punto más
conflictivo de la negociación del nuevo acuerdo con el FMI, que arranca hoy en sus
aspectos definitivos, será cómo forzar a las provincias a reducir su déficit fiscal.
José Luis Machinea adelantó ayercuál será la estrategia del Gobierno. Dijo que la
Nación actuará de intermediario ante la banca privada para que los distritos del
interior accedan a créditos blandos para cubrir sus vencimientos de deuda. Pero esa ayuda
tendrá una contrapartida. Los gobernadores deberán acordar con el gobierno central un
estricto programa de reducción del gasto público y de ordenamiento de sus finanzas. Los
créditos que gestionará la Nación serán por un monto de entre 1000 y 1200 millones de
pesos.Hasta el momento, el secretario de Programación Macroeconómica y Regional, Miguel
Bein, selló pactos de esas características con Río Negro, Catamarca, Tucumán y
Formosa, y la semana que viene hará lo propio con Jujuy. Otra provincia que seguramente
se sumará a ese listado es Tierra del Fuego. Todas ellas afrontan situaciones de extrema
urgencia financiera. Y ven cada vez más complicada su chance de acceder a fondos frescos
del sistema bancario. El gobierno central ayudará a las provincias a que las entidades
que operan en el país abran el grifo para concederles nuevos préstamos.Pero esa gestión
tendrá un condicionamiento. Las provincias deberán tomar “medidas fiscales
contundentes para reordenar sus cuentas públicas”, comentó Bein a Página/12.
Conceptualmente, la estrategia es la misma que utiliza el FMI en su negociación con el
Gobierno. El organismo avala el programa económico y está dispuesto a otorgar un
crédito contingente por 5 mil millones de dólares. Pero al mismo tiempo establece
estrictas metas fiscales y de carácter cualitativo –como las reformas laboral y
previsional, y la conversión del Banco Nación en sociedad anónima– que el Gobierno
debe cumplir para hacerse merecedor de esos fondos.Otro punto incorporado a la
negociación es, justamente, el déficit de las provincias. El FMI entiende que el
esfuerzo que haga la Nación para equilibrar sus cuentas es insuficiente, si a la vez no
es acompañado por igual comportamiento por parte de los distritos del interior. “Es
un tema preocupante”, dijo ayer Machinea, porque “afecta a las provincias para
obtener financiamiento”. “Nuestras estimaciones son que en 1999 el déficit
provincial alcanzó a 3700 millones de pesos, de los cuales 1700 millones corresponden a
Buenos Aires”, advirtió.El FMI quiere que en el nuevo acuerdo se incluya una meta de
déficit fiscal consolidado entre la Nación y las provincias, de modo tal de transferir
al gobierno central la responsabilidad de controlar la actuación de los gobernadores.
Bein anticipó a este diario que cumplir ese pedido “es imposible”, porque
“desde el punto de vista institucional, en un régimen federal, las provincias tienen
autonomía para decidir su Presupuesto y sus cuentas”.Por lo tanto, la manera que
pensó Machinea para forzar a las provincias a realizar el ajuste es mediante la
colaboración de la Nación a pagar sus deudas. En rigor, será el Fondo Fiduciario de
Desarrollo Provincial el que intermediará ante la banca privada. Ese organismo es
presidido por Bein. El funcionario explicó a este diario que “el Fondo utilizará
sus activos, unos 1400 millones de pesos, para ofrecerlos como garantía a los bancos de
los préstamos que concedan a las provincias”. Estos créditos serán utilizados para
que Río Negro, Catamarca, Tucumán y Formosa –y más adelante muy posiblemente Jujuy
y Tierra del Fuego– salden sus vencimientos de capital de deudas contraídas con la
propia banca local y con tenedores de títulos públicos. Los 1200 millones también
alcanzarán para cubrir una mínima parte de los intereses de esas deudas. Los préstamos
serán a 10 años y los fondos serán girados a las provincias trimestralmente.
Frenan por 180 días los juicios contra el Estado Nace un nuevo Bocon
Primero
fue el ajuste del gasto público. Después el aumento de impuestos. Y ahora le llegó el
turno a la revisión de las deudas. El Gobierno anticipó que enviará al Congreso un
proyecto de ley para suspender durante 180 días los juicios de deudas contraídas por el
Estado. En la misma iniciativa, considerada un capítulo esencial del paquete de leyes de
la Emergencia Fiscal, se establece que los juicios con sentencia firme que obligan al
Estado a saldar diferentes pasivos sean pagados con títulos públicos. El caso
paradigmático es la reactualización de haberes de militares retirados. La Corte Suprema
de Justicia dictaminó que tienen derecho a cobrar la deuda por la mala liquidación de
sus retiros, que asciende a unos 3 mil millones de pesos. El Gobierno pretende pagarla, al
igual que otras con fallos definitivos de la Justicia, con una nueva emisión de Bocon, a
16 años de plazo.“Es una típica situación de emergencia, de transición. No se
trata de poner toda la deuda del Estado en un contexto de negociación sino poner aquellas
que no están documentadas o de las cuales se desconoce el origen y que han sido heredadas
del gobierno anterior”, explicó el secretario de Hacienda, Mario Vicens. La ley fija
un plazo de tres meses para que el Gobierno analice las características de esos pasivos,
que en la actualidad son motivo de disputas judiciales entre los acreedores y el Estado.
Entre ellas, Vicens mencionó los 1400 millones que reclaman proveedores y prestatarios
del PAMI.La intención de la ley es establecer un marco de negociación con los litigantes
contra el Estado, buscando llegar a acuerdos extrajudiciales que reduzcan el monto de los
pasivos. Y, a la vez, poner bajo observación otras deudas que el Gobierno sospecha que
son “ilegítimas”. “Lo que trata la iniciativa es instalar un espacio legal
que permita analizar, distinguir y negociar un conjunto de deudas que quedaron del
gobierno anterior. Si no fijamos ese marco legal, probablemente se terminaría en una
negociación perniciosa para las finanzas del Estado”, puntualizó Vicens.El otro eje
de la iniciativa es cancelar las deudas con sentencia firme mediante títulos públicos a
16 años de plazo. Esto le permitiría al Gobierno lograr un desahogo financiero en medio
de la emergencia fiscal. Justamente ése es el argumento que se utilizará para conseguir
la aprobación del Congreso, en una repetición de una medida similar impulsada por
Domingo Cavallo en 1991.Vicens señaló que “todavía no tenemos una estimación
cierta de cuál es el monto de la deuda en firme”, pero anticipó que los pasivos con
los militares retirados serán incluidos en la liquidación con bonos. En cambio,
diferenció la situación de los jubilados que ganaron juicios al Estado por el mal
cálculo de sus haberes. En este caso, sostuvo, se seguirán liquidando las sentencias en
efectivo.
El punto más
conflictivo de la negociación del nuevo acuerdo con el FMI, que arranca hoy en sus
aspectos definitivos, será cómo forzar a las provincias a reducir su déficit fiscal.
José Luis Machinea adelantó ayercuál será la estrategia del Gobierno. Dijo que la
Nación actuará de intermediario ante la banca privada para que los distritos del
interior accedan a créditos blandos para cubrir sus vencimientos de deuda. Pero esa ayuda
tendrá una contrapartida. Los gobernadores deberán acordar con el gobierno central un
estricto programa de reducción del gasto público y de ordenamiento de sus finanzas. Los
créditos que gestionará la Nación serán por un monto de entre 1000 y 1200 millones de
pesos.Hasta el momento, el secretario de Programación Macroeconómica y Regional, Miguel
Bein, selló pactos de esas características con Río Negro, Catamarca, Tucumán y
Formosa, y la semana que viene hará lo propio con Jujuy. Otra provincia que seguramente
se sumará a ese listado es Tierra del Fuego. Todas ellas afrontan situaciones de extrema
urgencia financiera. Y ven cada vez más complicada su chance de acceder a fondos frescos
del sistema bancario. El gobierno central ayudará a las provincias a que las entidades
que operan en el país abran el grifo para concederles nuevos préstamos.Pero esa gestión
tendrá un condicionamiento. Las provincias deberán tomar “medidas fiscales
contundentes para reordenar sus cuentas públicas”, comentó Bein a Página/12.
Conceptualmente, la estrategia es la misma que utiliza el FMI en su negociación con el
Gobierno. El organismo avala el programa económico y está dispuesto a otorgar un
crédito contingente por 5 mil millones de dólares. Pero al mismo tiempo establece
estrictas metas fiscales y de carácter cualitativo –como las reformas laboral y
previsional, y la conversión del Banco Nación en sociedad anónima– que el Gobierno
debe cumplir para hacerse merecedor de esos fondos.Otro punto incorporado a la
negociación es, justamente, el déficit de las provincias. El FMI entiende que el
esfuerzo que haga la Nación para equilibrar sus cuentas es insuficiente, si a la vez no
es acompañado por igual comportamiento por parte de los distritos del interior. “Es
un tema preocupante”, dijo ayer Machinea, porque “afecta a las provincias para
obtener financiamiento”. “Nuestras estimaciones son que en 1999 el déficit
provincial alcanzó a 3700 millones de pesos, de los cuales 1700 millones corresponden a
Buenos Aires”, advirtió.El FMI quiere que en el nuevo acuerdo se incluya una meta de
déficit fiscal consolidado entre la Nación y las provincias, de modo tal de transferir
al gobierno central la responsabilidad de controlar la actuación de los gobernadores.
Bein anticipó a este diario que cumplir ese pedido “es imposible”, porque
“desde el punto de vista institucional, en un régimen federal, las provincias tienen
autonomía para decidir su Presupuesto y sus cuentas”.Por lo tanto, la manera que
pensó Machinea para forzar a las provincias a realizar el ajuste es mediante la
colaboración de la Nación a pagar sus deudas. En rigor, será el Fondo Fiduciario de
Desarrollo Provincial el que intermediará ante la banca privada. Ese organismo es
presidido por Bein. El funcionario explicó a este diario que “el Fondo utilizará
sus activos, unos 1400 millones de pesos, para ofrecerlos como garantía a los bancos de
los préstamos que concedan a las provincias”. Estos créditos serán utilizados para
que Río Negro, Catamarca, Tucumán y Formosa –y más adelante muy posiblemente Jujuy
y Tierra del Fuego– salden sus vencimientos de capital de deudas contraídas con la
propia banca local y con tenedores de títulos públicos. Los 1200 millones también
alcanzarán para cubrir una mínima parte de los intereses de esas deudas. Los préstamos
serán a 10 años y los fondos serán girados a las provincias trimestralmente.