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 Baltasar
Garzón parece decidido a evitar que el derrotero del “Caso Pinochet” diluya el
juicio que sigue en España por el genocidio y el terrorismo de Estado que sufrió la
Argentina durante la última dictadura militar. Por eso ayer, como si nada hubiera pasado,
el juez le tomó declaración al comandante español Alfonso Morata, quien dijo que estuvo
ocho meses secuestrado por agentes de la Secretaría de Informaciones del Estado entre
1978 y 1979. Puntualmente, Morata acusó de su captura al por entonces capitán de navío
Carlos Busser –el hombre que comandó las fuerzas combinadas del Ejército y la
Armada en el desembarco a las islas Malvinas, ver recuadro– y al teniente coronel
Quezán. Aseguró, además, que fue torturado. Morata tiene 83 años, y ayer dio su testimonio en la Audiencia Nacional de Madrid. Denunció que, entre 1978 y 1979, fue secuestrado en la Argentina por agentes de la Secretaría de Informaciones del Estado. Dijo, además, que durante ese tiempo fue torturado e identificó a dos de sus captores. En concreto, Morata señaló al actual contraalmirante (R) Carlos Busser, al que también llamaban “El uno”, y al teniente coronel Quezán, alias “Rojo”. También los acusó de haberlo utilizado como arma política para provocar un enfrentamiento armado con Chile y reclamar así el estrecho de Beagle y las islas del Atlántico Sur. Morata declaró que los agentes de la SIDE intentaron que firmara un documento en el que se confesaba espía chileno y delataba supuestas intenciones bélicas de ese país contra Argentina. “Con este documento, los militares argentinos querían tener un pretexto para declarar la guerra a Chile y recuperar los territorios perdidos en la Guerra del Pacífico de 1878”, señaló. Sin embargo, Morata se negó a firmar ese papel, y después de haber estado preso durante ocho meses –en los que sufrió descargas eléctricas y golpes– fue liberado. La historia es así: su esposa, que es chilena, también había sido secuestrada, pero logró escapar y amenazó con hacer público el caso de su marido. La mujer se refugió en la embajada chilena. El propuso a sus captores que lo dejaran en libertad para evitar que su esposa hablara. Sus captores accedieron. Luego de pasar unos días con su hijo en Miami, Morata viajó a Chile con su mujer y allí vivió cuatro años en arresto domiciliario, ya que el gobierno de Augusto Pinochet lo declaró “persona no grata” por las continuas críticas que, como periodista, hizo al régimen del dictador. Con su declaración, Morata sumó un testimonio a la causa en la que Garzón investiga, a partir de una denuncia que presentó el fiscal español Carlos Castresana, el genocidio y el terrorismo de Estado que vivió la Argentina durante la última dictadura militar. El 30 de diciembre pasado, el juez ordenó la captura internacional de 48 militares argentinos. Entre ellos, Jorge Rafael Videla, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya, Alfredo Astiz y Antonio Domingo Bussi. En ese momento, el presidente Fernando de la Rúa evitó hacer un pronunciamiento político directo sobre el fondo de la cuestión. Dijo que “el sistema judicial debe ser respetado” y habló de “estudiar cada caso y girarlo a la Justicia”. Por su parte, el ministro del Interior, Federico Storani, advirtió que “en Argentina existieron juicios y hubo condenas y se va a respetar el principio de ‘cosa juzgada’ pues no pueden ser juzgados dos veces por la misma causa”. De todas formas, el juez Gustavo Literas le devolvió a Garzón el pedido de captura para que lo complete. Alegó que le faltaban datos importantes, como especificar en algunos casos por qué se ordenaba la captura del militar en cuestión, o sus datos personales. El magistrado español tiene un mes para responder a su par argentino y entonces sí podría comenzar el estudio caso por caso de los posibles detenidos.
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