Por Laura Vales  En el último mes de gestión
de Víctor Alderete, el PAMI compró e instaló equipos de alarmas en cinco de sus
geriátricos a un costo de 80 mil dólares promedio cada uno. La operación fue denunciada
el martes ante la Oficina Anticorrupción para que se investigue el posible pago de
sobreprecios y se identifique a sus responsables. La orden de compra fue descubierta por
los trabajadores de CTA y ATE en el PAMI, que comprobaron que el monto total de la
transacción implicó un desembolso de 388.702 dólares, que no hubo llamado a licitación
y que por lo menos una de las alarmas instaladas ya no funciona. Más sorprendente aún
fue el descargo que hizo a este diario la empresa que vendió y colocó los sistemas en
cuestión.
Enrique Mc Grath, dueño de Mc Grath SA, admitió que el costo de los equipos que vendió
al PAMI fue de “alrededor de 124 mil dólares”, es decir menos de la mitad del
monto total del contrato. Para explicar en concepto de qué se presupuestaron los otros
164 mil, Mc Grath adujo que “las tareas de instalación fueron muy caras porque se
trató de edificios en los que había gente viviendo de manera permanente” y que
“hubo que cuidar la estética de las construcciones”. También alegó que
“del monto total hay que descontar los impuestos y que el Presupuesto incluye un
rubro de 70 mil dólares por gastos de mantenimiento después de cumplido el año de
garantía”.
El convenio denunciado se firmó tras un concurso de precios cerrado entre tres firmas que
elevaron sus propuestas para colocar en cinco geriátricos de la Capital Federal de un
sistema para detectar incendios y fugas de gas. Se trató en todos los casos de
residencias propias del PAMI, en las que las alarmas terminaron de armarse en el mismo
momento en que Alderete, a quien Mc Grath asegura que nunca vio en su vida, dejaba la
presidencia de la obra social. Carlos Oviedo, uno de los denunciantes, sostuvo que en el
caso de uno de los geriátricos, “ubicado sobre la avenida Cabildo, el sistema ya no
funciona”. Oviedo explicó que uno de los sensores de la alarma fue colocado en la
cocina del establecimiento, encima de un extractor de aire. El calor del lugar empezó por
hacer sonar la alarma a toda hora y terminó fundiendo el aparato, que directamente salió
del sistema.
Junto con la denuncia sobre el supuesto pago de sobreprecios, los representantes de ATE y
CTA entregaron a la Oficina Anticorrupción una segunda presentación para que se
investigue el contrato firmado con la empresa de seguridad privada FIEL, que custodia dos
de los edificios del PAMI a un costo superior al millón de pesos por año. El gasto es
considerado como mínimo ocioso, ya que el instituto tiene 200 empleados de seguridad
propios, de acuerdo con los datos manejados por Oviedo. En el mismo escrito se señaló
que en los primeros días del año más de 100 personas sin antigüedad en la obra social
cobraron aumentos de hasta 1500 pesos. Como se recordará, Alderete había repartido en
sus últimos días generosas recategorizaciones que fueron anuladas después por la
intervención. Los ascensos descubiertos ahora, según los gremialistas, habrían sido
firmados varios meses atrás y “cajoneados en la oficina de personal para colarlos
ante el primer descuido”. Es decir que no estaban incluidos en la lista legada por
Alderete. Entre los casos encontrados, hay quienes saltaron de un día para el otro de la
categoría E1 –la de ingreso, con un sueldo de 700 pesos– a la J2, a la que
corresponde una remuneración superior a los dos mil.
Los placeres de Domínguez
El juez
federal Gustavo Literas pidió a Interpol que investigue si el ex ministro de Defensa
Jorge Domínguez usó las reservaciones de hotel que pagó a su nombre la empresa
Aérospatiale durante el Mundial de Fútbol de 1998. Domínguez está siendo investigado
por presuntas dádivas agravadas, en una causa abierta por el viaje del ex funcionario a
Francia cuando se disputaba aquel campeonato. Se sospecha que el viaje de placer habría
sido pagado por la empresa fabricante de helicópteros, aviones y cohetes, con la que
Domínguez habría mantenido relación comercial.
La denuncia fue presentada en junio del ’98 por los diputados de la Alianza Alfredo
Bravo y Jorge Rivas, quienes acusaron al ex ministro de cohecho agravado y pidieron su
alejamiento del cargo. En su descargo, Domínguez presentó ante la Oficina de Etica
Pública boletas de la empresa de turismo Transvaal. También adujo que se había alojado
en el hotel Rhapael y entregó las facturas correspondientes a dos habitaciones, en las
que no figuran los nombres de quienes las ocuparon. Sin embargo, un primer informe de
Interpol señaló que existió otra reservación en un hotel distinto, pagado por
Aérospatiale y a nombre del investigado. El juzgado busca confirmar ahora si el ex
ministro la utilizó, lo que daría por tierra con la estrategia de su defensa.
| La marcha fúnebre Ocurrió a las cuatro de la tarde frente a la sede central del PAMI, en Perú
y Diagonal Sur. Durante cerca de una hora, la calle quedó cortada por una treintena de
coches fúnebres y caballeros de rigurosos lentes oscuros y corbatas al tono. Los
prestadores de servicios de sepelios, representados en la gerenciadora Funeral Home,
vinculada con el gastronómico Luis Barrionuevo, hicieron así su anunciada protesta en
reclamo de una deuda que orilla los 62 millones de pesos.
El conflicto tiene un costado judicial y otro administrativo. La Justicia Federal, por un
lado, investiga a Funeral Home y a los ex directivos del PAMI por el presunto pago de
retornos y doble facturación. La intervención, a su vez, está auditando la deuda con el
sector para saber si una parte de ella es ilegítima.
Los manifestantes, además de una deuda de 6 meses que se arrastra desde 1996, reclaman el
pago del período que va de septiembre a diciembre del año pasado. El martes habían
anunciado un “corte total de prestaciones para los jubilados de todo el país” a
partir de la hora cero de hoy. La medida de fuerza fue levantada porque se acordó
reanudar hoy las negociaciones.
Fuentes del PAMI dijeron que las conversaciones con Funeral Home estaban congeladas porque
la gerenciadora no aceptó una serie de condiciones. Se pidió a la intermediaria que
acredite si pagó a los prestadores directos por los servicios que dieron en agosto, ya
que el PAMI canceló esa deuda, pero parte del dinero nunca habría llegado a destino. La
segunda exigencia fue la firma de un compromiso ante escribano público para que, 48 horas
después de recibir el pago de septiembre, Funeral Home entregue a las empresas que
subcontrata lo que les corresponde. El tercer punto en debate es la entrega del listado de
todos los prestadores directos y de los servicios realizados desde septiembre para
chequear si sobrefacturaron. |
|
