Por Irina Hauser La cruzada contra
la corrupción no se agotará en las investigaciones contra personajes emblemáticos como
María Julia Alsogaray y Víctor Alderete, aseguró ayer el vicepresidente Carlos
“Chacho” Alvarez. La promesa fue acompañada con una advertencia hacia los
jueces que llegaron a los tribunales federales de la mano del gobierno de Carlos Menem.
“Se va a intentar enjuiciar a los magistrados que no cumplan con la ley”, dijo
Chacho. Y agregó que se instruirá a “la Fiscalía Anticorrupción para que haga un
seguimiento de las causas”. En la misma dirección, avaló la iniciativa del ministro
del Interior, Federico Storani, de investigar -como publicó ayer Página/12– si su
antecesor, el ahora senador Carlos Corach, desvió Aportes del Tesoro (ATN) a fundaciones
y gobiernos provinciales.
“Métanlos presos” es la frase que, a entender de Alvarez, encierra por
excelencia una de las demandas centrales de la sociedad que ha llevado a que el Gobierno
tenga la decisión de continuar con todas las investigaciones sobre delitos contra la
administración pública heredadas de la gestión anterior. En este sentido, apoyó el
anuncio de Storani de analizar el destino que se le dio a los fondos ATN cuando Corach era
ministro. “Los ATN eran un instrumento que se prestaba al manejo discrecional, me
parece bien que sean analizados a fondo”, sostuvo. También ratificó la eliminación
de los gastos reservados en el Senado y en el resto de la administración pública y
celebró la creación de una
“Auditoría de Calidad de la Democracia”.
“No existe un pacto de impunidad” con el menemismo, manifestó el
vicepresidente. Incluso llamó a que se impulse una reapertura de la causa por
enriquecimiento ilícito contra el ex presidente Carlos Menem “si hay datos
concretos”. “Igual lo que siempre dije es que no debía quedar nadie
exceptuado”, aclaró. Pero nada de esto quita que los nuevos gobernantes teman que
las causas que implican a los funcionarios que los precedieron se diluyan en la Justicia y
queden en la nada.
“Lamentablemente estamos heredando una Justicia complicada que sólo se puede cambiar
por los mecanismos naturales”, manifestó Chacho. Al respecto, como ya había dicho
en una entrevista publicada el último domingo por este diario, ejemplificó: “Es una
paradoja que el juez federal (Claudio) Bonadío, un hombre de Carlos Corach, es el que
juzga a Alderete” por una sumatoria de irregularidades en el PAMI. “La Fiscalía
Anticorrupción tiene que hacer el seguimiento de la causas y ver hasta dónde los jueces
actúan bien –dijo el vicepresidente a este diario–. No se puede actuar sobre la
Justicia pero tampoco ser indiferentes, porque sabemos en qué jueces están las
causas”. Los casos de jueces “que no cumplan con la ley” serán derivados
al Consejo de la Magistratura y “se intentará enjuiciarlos”, planteó.
El titular del área Anticorrupción, José Massoni, explicó los mecanismos: “El
hecho de poder constituirnos, desde esta oficina, como parte querellante en los
expedientes por cuestiones que afectan al patrimonio estatal o que tienen significación
social o económica, es lo que nos confiere la posibilidad de controlar la tramitación de
las causas. Si no estamos de acuerdo con una decisión del juez la apelaremos hasta las
últimas instancias. Investigaremos casos de corrupción, pero siempre respetaremos la
independencia de los magistrados”. Otra alta fuente de la misma repartición agregó
que “si se detectan irregularidades en las actuaciones de la Justicia siempre existe
la posibilidad de hacer la denuncia ante el Consejo”.
La oficina a cargo de Massoni, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
fue creada el 23 de diciembre último y desde ese entonces inició 10 investigaciones
–entre las que figura la del PAMI–, según un informe que difundió el
organismo. Las pesquisas se inician a partir de denuncias que pueden presentar
particulares o funcionarios, o denotas periodísticas, cuando existe “sospecha
razonable sobre irregularidades” referidas a “particulares, instituciones o
asociaciones que tengan como principal fuente de recursos el aporte estatal”.
| Ineficiencia de la SIDE “Puede ser que cuando haya que detectar una figura que puede tener
determinada protección o que puede estar amparada por determinadas situaciones no se
tengan los elementos técnicos suficientes para hacerlo. Esto fue lo que pasó con
Oviedo”, manifestó Carlos “Chacho” Alvarez para explicar por qué la
Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) no pudo descubrir dónde se escondía el ex
militar paraguayo Lino Oviedo. A pesar de que la semana pasada se detectó en Corrientes
una señal satelital con conversaciones en guaraní pertenecientes al prófugo, no se pudo
localizar de dónde provenían. Alvarez resumió: “Se podían detectar
telefónicamente las conversaciones pero no se lo puede precisar satelitalmente dónde
está ubicado”. Y señaló que “la capacidad técnica de nuestros servicios de
inteligencia es muy pobre. Ahí hay otra transformación en puerta, que es la SIDE”.
Alvarez endilgó la deficiencia a la gestión menemista: “la SIDE se usó para
espionaje doméstico, para operación política y periodística y evidentemente, nunca se
pensó qué significaba hacer inteligencia estratégica”. |
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