Por David Cufré El contrato con
Siemens para la emisión de los nuevos DNI es el primero que estará bajo la lupa del
Gobierno. A través de la Ley de Emergencia Fiscal, el Poder Ejecutivo busca contar con
una facultad especial para poner bajo revisión los contratos con proveedores del Estado
firmados durante la administración de Carlos Menem. Y anular aquellos en los que detecte
irregularidades o considere innecesarios. El jefe del subloque de diputados radicales,
Horacio Pernasetti, anticipó ayer que el convenio suscripto con Siemens será el primer
gran caso bajo observación. Ese contrato dio lugar a numerosas denuncias de diputados
aliancistas cuando estaban en la oposición, objetando el precio fijado a los documentos y
el proceso licitatorio en sí. “Estamos totalmente tranquilos y nos parece bien que
la Alianza revise todos los contratos que considere necesario. Es más, nos ponemos a su
disposición”, le dijo a Página/12 el gerente de relaciones institucionales de la
empresa, Ricardo Bernhardt.
La poderosa herramienta que pretende tener en sus manos el Gobierno abre una puerta para
detectar supuestos actos de corrupción de la gestión menemista. Más allá de la
trascendencia política de la medida, también persigue un objetivo económico. Por ello
figura como eje central de la Ley de Emergencia Fiscal. De la Rúa quiere contar con un
marco legal protector para repetir lo que hizo cuando llegó a la Jefatura de la Ciudad de
Buenos Aires: dar de baja los contratos que suponían fuertes erogaciones para las arcas
públicas y negociar otros más económicos.
Pero el texto de la ley que ingresó ayer al Congreso aclara que “quedan expresamente
excluidos de la norma los contratos suscriptos en virtud de los procesos de
privatización”, así como las concesiones de servicios públicos a empresas
privadas. El Gobierno buscó esquivar cualquier conflicto que pudiera impactar sobre
eventuales inversiones futuras, bajo el argumento de que respetará la seguridad
jurídica.
En cambio, la ley “faculta al Poder Ejecutivo a disponer la rescisión o
renegociación de los contratos, sean de obra, de servicios, de suministros, de
consultoría o de cualquier otro tipo que generen obligaciones a cargo del Estado,
celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 1999 por el sector público”.
El diputado Pernasetti señaló que el Gobierno solicita esta autorización porque
sospecha que “existen casos en los que hay simplemente una lesión a los intereses
del Estado”. A modo de ejemplo, el legislador comentó que “en los últimos
días se conoció un contrato por valor de 5 mil pesos en el ámbito del ente regulador de
los aeropuertos, que tenía como objeto el mantenimiento de la jardinería, y en todo el
edificio había tres o cuatro plantas”. Algunos de estos contratos podrán ser
eliminados simplemente por “causas de fuerza mayor”, que se vinculan con la
crisis fiscal. En cambio, aquellos convenios que tengan que ver con la ejecución de obras
no se anularán, pero el Gobierno podrá pedir su renegociación.
Pernasetti se refirió específicamente “al contrato con Siemens vinculado a la
provisión de los nuevos DNI, cuyo costo siempre hemos criticado desde la Alianza y
pensábamos que debía ser revisado”. La empresa les cobra 24,8 pesos a los
ciudadanos que tramiten los nuevos documentos. A ello se suma la tasa del IVA, por lo cual
el monto final para el solicitante es de 30 pesos. Hasta el momento, Siemens está
autorizada a emitir los DNI a los ciudadanos extranjeros que se naturalicen, y ofrece su
servicio en un único local del Registro Nacional de las Personas en la Capital Federal.
Para extender su servicio a todo el país, aguarda a que la Nación suscriba convenios con
cada provincia. El contrato es por seis años, renovable por otros tres en dos
oportunidades. “Todos los organismos de contralor del Estado analizaron durante un
año el contrato y no lo objetaron, por lo cual estamos muy tranquilos”, comentaron
en la empresa a este diario.
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