Los organismos de derechos humanos están preocupados porque la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, anunció la creación de una Comisión de la Verdad que tendría el objetivo de sistematizar la información sobre los crímenes perpetrados por la última dictadura. A primera vista el proyecto no plantea problemas, pero la propuesta incluye –para lograr que los militares aporten información– que los represores estén autorizados a declarar bajo identidad reservada, lo que a los miembros de las agrupaciones humanitarias les parece discutible. En realidad, su mayor inquietud es que esta comisión sea producto de una intención de frenar los juicios por la verdad que se están desarrollando en todo el país.
El mismo día de su asunción, en un reportaje publicado por Página/12, Conti aseguró que existe un “conflicto de intereses entre la obtención de la verdad y la represión y el castigo”. La subsecretaria afirmó que uno de los principales objetivos de su gestión sería garantizar el derecho a la verdad y aclaró que su meta no tenía relación con los juicios que están llevando adelante las Cámaras Federales de Capital, La Plata, Bahía Blanca y la causa que tiene un tribunal de primera instancia en Córdoba. Pocos días después, la funcionaria anunció la creación de la comisión. Y ayer, el diario de Río Negro publicó que ese organismo estaría formado por un grupo de notables y que los responsables de los crímenes podrían presentarse bajo identidad reservada. El mismo periódico aseguró que la verdadera intención del Gobierno sería frenar las citaciones a los militares (salvo en casos vinculados con el robo de bebés). Esto provocó la alarma de los miembros de organismos de derechos humanos.
Noemí Labrune, de la APDH de Neuquén –organismo que impulsa el juicio por la Verdad en Bahía Blanca– se comunicó con este diario para expresar su preocupación. “Me recuerda el verano en que los radicales largaron la ley de Punto Final. No queremos testimonios de gente encapuchada sin posibilidad de ser confrontada con las víctimas; queremos que se respete lo que están haciendo las cámaras y los jueces federales”, aseguró.
La intranquilidad de los dirigentes de derechos humanos se asienta también en declaraciones del ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, quien en diciembre aseguró que “la Corte Suprema debe resolver sobre las citaciones a militares” porque “hay una contradicción en la existencia de causas en el fuero penal sin pretensión punitiva”.
María José Guembe, abogada del CELS, recordó que el gobierno argentino se comprometió –mediante un acuerdo firmado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– a que la búsqueda de la verdad sea competencia de las cámaras federales. El convenio, suscripto a fines de la gestión menemista, incluye el deber de asegurar la creación de una comisión especial de fiscales para investigar los crímenes de la dictadura. Sergio Di Gioioia, secretario jurídico de la APDH, afirmó que “si la comisión estaría destinada a ofrecer un paraguas de impunidad a los militares, nosotros estaríamos en desacuerdo ya que existe una jurisprudencia nueva sobre el carácter permanente de los crímenes de lesa humanidad que abren puerta para iniciar procesos”. Entre los organismos también hubo cierto malestar por no haber sido consultados sobre el proyecto, pero colaboradores de la subsecretaria aseguraron que la funcionaria iniciará la semana que viene una ronda de audiencias.

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