Por Victoria Ginzberg La jueza María
Servini de Cubría dictaría hoy las prisiones preventivas de los seis marinos que fueron
arrestados la semana pasada por apropiación de menores y que revistaron en la Base Naval
de Mar del Plata. La magistrada apunta a desentrañar cómo funcionaba la estructura
montada por las Fuerzas Armadas para quedarse con los hijos de los desaparecidos. Y
consideraría que todos los suboficiales apresados en Mar del Plata fueron eslabones en
esta práctica sistemática.
Servini de Cubría tomaría la decisión de dejar en prisión a los imputados luego de que
el fiscal Luis Comparatore resuelva el pedido de excarcelación presentado por el marino
Pedro Muñoz, quien formuló la solicitud mediante un escrito que firmó él mismo. La
calificación del delito por el que está acusado Muñoz –sustracción y ocultamiento
de menor, supresión de estado civil y falsificación de documentos públicos– y la
existencia de testimonios que lo involucran como partícipe del plan del robo de bebés
durante la dictadura impedirían que el fiscal lo dejara salir en libertad.
Muñoz es el suboficial que señaló a sus ex compañeros como miembros de los grupos de
tareas que actuaron en el centro clandestino de la Base Naval de Mar del Plata y fue
careado el miércoles con Astí y Romero. Astí está acusado de ser entregador de los
bebés de apropiados y Romero fue reconocido como uno de los enfermeros que ponía
inyecciones a los detenidos cuando eran subidos a los aviones para ser arrojados al mar.
Pero varios testigos también mencionan a Muñoz como integrante de esos grupos de tareas.
Luego de que la fiscalía se expida sobre la situación de Muñoz, la jueza firmaría las
prisiones preventivas para ese marino y Alfredo Vera, Jorge Olima, Amadeo Romero, Alberto
Astí y Eduardo Alberto Bustos. La medida -que equivale a un procesamiento en el código
nuevo– implica que la magistrada considera que existen suficientes pruebas de que los
seis suboficiales de la Armada son responsables de los delitos por los que están
acusados.
Los análisis de ADN que se realizaron el miércoles y ayer en el Banco Nacional de Datos
Genéticos podrían demostrar definitivamente si los marinos se apropiaron de sus
supuestos hijos. Pero miembros de la investigación aseguraron que el hecho de que los
análisis no arrojen compatibilidad con las muestras de familiares de desaparecidos no
implicaría que no hayan estado involucrados en la apropiaciones de menores. De hecho, uno
de los imputados ya reconoció que la joven que anotó como su hija es adoptada, aunque
negó que sus verdaderos padres fueran desaparecidos. Por otro lado, existen muchos casos
de mujeres que dieron a luz en centros clandestinos cuyos embarazos no fueron denunciados,
ya sea porque no tuvieran familia o porque sus familiares no estuvieran al tanto de que
estaba esperando un hijo.
Los investigadores aseguran que las circunstancias de tiempo, lugar y modo inculpan a los
militares que están arrestados. Es decir, que revistaban en un centro clandestino de
detención durante la dictadura y que sus hijos tienen partidas de nacimiento dudosas.
Además, varios testigos aseguraron que los acusados se apropiaron de bebés y que
formaron parte de grupos de tareas.
Según datos recabados por las Abuelas de Plaza de Mayo, el centro que funcionó en el
área de Buzos Tácticos de la Base Naval de Mar del Plata estaba en conexión con la
Escuela de Mecánica de la Armada donde funcionaba la sala de partos para las detenidas
desaparecidas. Existen varios casos de mujeres que estuvieron detenidas en Mar del Plata y
fueron llevadas a parir a la ESMA.
“Con que se encuentre a un solo nieto la misión está cumplida. Si ninguno de los
chicos que se están analizando es nuestro, lo lamentamos. Pero sería responsabilidad de
las Fuerzas Armadas, que podrían haberevitado esto aclarando la situación de los
acusados”, aseguró Estela Carlotto, presidenta de Abuelas.
UNA CAUSA POR LA NULIDAD DE LAS “LEYES DE
PERDON”
Nacidas en “estado de rebelión”
“Repugnantes.” Así son las leyes de Obediencia Debida y Punto Final a entender
de Federico Gómez Miranda, hijo del desaparecido Conrado Gómez, y de su abogado Eduardo
Barcesat, según describen en una presentación judicial en la que reclaman la nulidad e
inconstitucionalidad de esas normas. El escrito fue presentado como parte de un expediente
en el que está involucrado Alfredo Astiz a pedido de la Sala II de la Cámara Federal
que, previo dictamen de un fiscal, analizará la validez de ambas leyes.
La causa que cuestiona las leyes de perdón fue iniciada a raíz de las declaraciones
formuladas por el ex marino Astiz en enero de 1998 a la revista trespuntos (ver aparte).
Por aquellas expresiones, a Astiz le llovió una catarata de denuncias por apología del
delito y amenazas, al margen de que le dieron de baja en la Armada.
Gómez Miranda también acusó a Astiz por la desaparición de su padre y pidió que el
proceso fuera caratulado “genocidio”. Conrado Gómez fue detenido el 10 de enero
de 1977 en Buenos Aires y después fue visto en el centro clandestino de detención que
funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Era abogado y miembro de una
sociedad cuyas tierras y bienes fueron robados por el dictador Emilio Massera y su
familia.
El mes pasado Barcesat hizo, en nombre de Gómez Miranda, una exposición oral ante los
camaristas Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun. Ayer elevó por escrito
las razones de la inconstitucionalidad. Recordó que las leyes de Obediencia Debida y
Punto Final fueron descalificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) y por la de Seguimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.
El texto dice que el “momento de la adopción de estas leyes” era “tiempo
de presiones, de conatos golpistas, de ‘operativos dignidad’ alentados por los
ex represores, por los autores responsables del denominado ‘plan
criminal’...”. Plantea también que “el momento de consumación del delito
de rebelión no puede ser el momento de nacimiento de una ley de la Nación”. Y
señala que no basta con que las leyes cuestionadas hayan sido derogadas. “Derogar un
producto nulo e inconstitucional es conferirle ‘in extremis’ la validez que
nunca tuvo. Es insuflarle vida a un muerto institucional (...); todos los legisladores
peroraron en torno a la inmundicia de estas leyes y de los crímenes que ampararon.”
Si la Cámara admite el planteo los represores podrían ser juzgados.
| La nota del Angel Rubio En enero de 1998 la revista trespuntos publicó declaraciones en las que el
represor Alfredo Astiz decía ser “el hombre mejor preparado para matar políticos y
periodistas” y que “todos los días vienen camaradas a pedirme que encabece una
sublevación”. A raíz de estas expresiones “El Angel Rubio” fue acusado de
apología del delito, que merece desde un mes hasta un año de prisión, y procesado por
el juez Claudio Bonadío. Desde el 25 de febrero tendrá que enfrentar un juicio oral cuyo
cronograma se conoció ayer. Además de Astiz, está previsto que en la primera jornada
declaren
como testigos las periodistas Gabriela Cerruti y Claudia Acuña, el ex marino Aurelio
Martínez y Héctor Timerman, editor del semanario. Para el segundo día se citará a una
decena de testigos propuestos por la defensa oficial, a cargo de Perla Martínez de Buck.
En la tercera jornada se completará la ronda de testimoniales y presentarán sus alegatos
el fiscal Gerardo Di Masi y Martínez Buck, defensora de Astiz. El ex marino podrá
efectuar su defensa y, probablemente en marzo se conocerá la sentencia. |
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