OPINION
¿Vuelve la Bonaerense?
Por Eduardo Sigal * |
| Hace algo más de dos años,
con la sociedad argentina conmocionada por el asesinato de José Luis Cabezas, se iniciaba
en la provincia de Buenos Aires el proceso de intervención de la policía provincial y la
reforma de todo su sistema de seguridad. No puede hablarse del éxito ni del fracaso de
este proceso, sencillamente porque no se llegó a implementar a fondo: quedó diluido
entre resistencias corporativas, falta de voluntad política y urgencias electorales. Lo
reemplazó, como se sabe, una retórica ligera y carente de sustentos científicos, pero
muy taquillera en términos electorales: la que proponía “meter bala a los
delincuentes” y atribuía a la Alianza la voluntad de protegerlos.Un político en
campaña puede darse el lujo de dejar vacíos conceptuales alrededor de sus slogans; un
gobierno en funciones, no. Porque ese vacío es automáticamente llenado por una
tradición: y la tradición bonaerense, de muchas décadas a esta parte es la
colonización de la institución policial por sectores poco inclinados a reconocer la
dirección del Estado democrático y propensa a los pactos de impunidad selectiva y a la
integración de redes mafiosas. Rápidamente, por detrás del patético decorado del
ministro Rico amenazando a periodistas –función para la que parece ser mucho más
competente que en asuntos de seguridad pública en democracia– se va desplegando otra
escena no menos preocupante: la de los anuncios que el Gobierno deja trascender sobre su
orientación en la delicada cuestión de la seguridad. Tanto Rico como el ministro de
Justicia, doctor Casanovas, adelantan que el Gobierno se propone desandar el proceso de
reformas laboriosamente elaborado por todas las fuerzas políticas de la democracia en
materia de seguridad y de procedimientos penales.Uno de los pilares de la contrarreforma
que se gesta desde la administración Ruckauf es la vuelta a la intervención policial en
los primeros tramos de la instrucción judicial. Tanto el Código de Procedimientos
Penales en vigencia como las leyes de reforma del sistema de seguridad excluyen tal
participación, lo que se explica por razones de operatividad y de eficacia tanto como por
la triste historia de torpezas, encubrimientos y vejaciones que prohijó la vieja
normativa. El caso Cabezas es suficientemente actual y elocuente como para extendernos al
respecto.El gobernador acompaña recurrentemente sus anuncios –que suelen incluir
proyectos de leyes que ya han sido aprobados– con invocaciones a la colaboración de
la oposición. Vale entonces recordar que el partido de Ruckauf gobierna hace doce años
la provincia; y más aún: que la actual normativa sobre seguridad y procedimientos
penales contó no solamente con la aprobación sino también con el compromiso activo y
productivo de la Alianza. La Alianza no va a obstruir; va a llevar al terreno
parlamentario sus propias propuestas basadas en la profundización de un proceso de
reformas cuya aplicación firme y duradera hubieran aliviado realmente las condiciones de
seguridad que vive la sociedad bonaerense. Las fuerzas policiales concentradas en la
prevención y la conjuración del delito con la colaboración y control de la comunidad y
separadas absolutamente de toda función judicial, junto al fortalecimiento de la
capacidad y los recursos del Ministerio Público para desempeñar sus funciones serán las
columnas centrales de nuestra posición.* Presidente del bloque de senadores del Frepaso
de la provincia de Buenos Aires. |
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