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La obsesión del FMI son las cuentas provinciales

La misión del Fondo se reunió con el equipo económico para definirla agenda del nuevo acuerdo. Coincidieron en la necesidad del ajuste del gasto en las provincias. Otros pedidos de reformas.

Teresa Ter Minassian, por el FMI, y Mario Vicens, por Economía.
Les preocupa la deuda de 20 mil millones de las provincias.

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t.gif (862 bytes)  En la primera reunión que la misión del Fondo Monetario Internacional mantuvo ayer con funcionarios de Economía quedó claro que el punto más controvertido de la negociación será el ajuste del gasto público en las provincias. En 1999, el desequilibrio fiscal en los distritos del interior trepó a 3700 millones de pesos. El organismo exige un abrupto descenso este año, porque le preocupa que afecte la capacidad de financiamiento del país. La deuda en las 24 jurisdicciones trepó de 17.200 a 20.000 millones de dólares entre 1998 y 1999. Y los vencimientos de capital e intereses este año ascienden a 3173 millones. El secretario de Hacienda, Mario Vicens, quien recibió a Tomás Raichmann y Teresa Ter Minassian, compartió la preocupación de los funcionarios del Fondo, y les dijo que Economía ya negocia con varias provincias para comprometerlas con el ajuste que también realiza la Nación.El punto que genera más debate es cómo figurará en el nuevo acuerdo la meta de déficit fiscal. El FMI presiona para establecer un compromiso que fije una cifra global de déficit, que incluya al de la Nación y las provincias. De ese modo, se transfiere al Gobierno la responsabilidad de controlar el comportamiento de gasto en los estados provinciales. José Luis Machinea anticipó que el Gobierno no cederá a esta condición que pretende fijar el FMI para la firma del nuevo convenio. El argumento es que “en un régimen federal, las provincias tienen autonomía para decidir su presupuesto y sus cuentas”.Este tema será tratado nuevamente hoy, durante la reunión que mantendrán los delegados del FMI con el secretario de Programación Macroeconómica y Regional, Miguel Bein. El funcionario es el encargado de Economía de negociar con los gobernadores. La estrategia del Gobierno para asegurarse que las provincias buscarán equilibrar sus cuentas transita por la ayuda que puede ofrecerles para la refinanciación de sus deudas. El Fondo Fiduciario de Desarrollo Regional, presidido por Bein, gestionará ante la banca privada créditos por 1200 millones en favor de los distritos del interior. Pero para acceder a esa asistencia financiera, los gobernadores deberás tomar “contundentes medidas de reducción del déficit”, aseguró Bein.“Nos quedaremos el tiempo que sea necesario”, manifestó ayer Raichmann luego de la entrevista con Vicens. Aunque el hombre del Fondo prefirió no comentar el estado de las negociaciones, deslizó que habrá bastante que discutir. Y que el tema clave es el de las provincias. En cambio, se avanzó en cuanto a cómo serán las características globales del acuerdo. En primer lugar, se deja caer el convenio firmado por el gobierno anterior, que vencía a fines del 2001, y se suscribirá otro que abarcará hasta diciembre del 2003. Asimismo, se aumentará de 2800 a 5000 millones de dólares la línea de crédito contingente a la que podrá acceder Argentina.Otros temas que figuran en las carpetas de los funcionarios del FMI son las reformas laboral y previsional, y la transformación del Banco Nación en sociedad anónima. El primero de esos ítem integrará el paquete de leyes que el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso en el marco de la emergencia fiscal. También ingresaría el de la reforma previsional, luego de que se avanzara en un proyecto consensuado entre Economía y los legisladores de la Alianza (ver aparte). Con respecto de este tema, el FMI insiste en que debe elevarse la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años, a fin de bajar el déficit del sistema previsional.

 

Más dinero a La Rioja

El jefe de Gabiente, Rodolfo Terragno, anunció que La Rioja recibirá 225 millones de pesos en vez de los 250 millones que disponía inicialmente la Ley de Presupuesto Nacional, a partir del veto parcial dispuesto por el Poder Ejecutivo. Terragno aclaró que el Poder Ejecutivo nacional “no derogó el decreto” firmado en su momento por el gobierno anterior por el cual se garantizaban 250 millones de pesos para La Rioja, sino que “fue un veto técnico”. “No se derogó el decreto, ya que continúa vigente, simplemente fue un veto técnico y se acordó con el gobierno provincial que serán 225 millones de pesos en vez de los 250 millones iniciales del Presupuesto”, explicó el jefe de Gabinete durante una conferencia de prensa en el el Hotel Plaza, en La Rioja. De esos recursos,145 millones “serán girados en forma inmediata”, mientras que “falta definir el cronograma de pago para los 80 millones restantes”. A cambio, la provincia se compremetería a implementar un plan de ajuste para “disminuir la tremenda dependencia” de la provincia para con el gobierno nacional.


 

SI BAJA EL DESEMPLEO, SUBE LA EDAD JUBILATORIA
Avanza la reforma previsional

Por David Cufré

t.gif (862 bytes) El gobierno apura la redacción de la reforma previsional para que ingrese al Congreso bajo el paraguas del paquete de leyes de la emergencia fiscal. Pablo Gerchunoff, jefe de asesores de Economía, coordina el equipo que prepara el proyecto y mantiene contactos con legisladores de la Alianza para testear su viabilidad política. La semana pasada se había descartado acelerar el tratamiento de la iniciativa, pero el funcionario constató que habría suficiente consenso para remitirla al Parlamento en las próximas semanas. Uno de los temas más conflictivos era el aumento de la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años. Pero existe una fórmula de acuerdo. Consiste en elevar progresivamente la edad del retiro, pero condicionar su entrada en vigencia al descenso de la tasa de desocupación a un dígito. El equipo económico sostiene que elevar la edad jubilatoria de las mujeres “es una reforma que hay que hacer, porque el sistema previsional está desfinanciado y el déficit es creciente”, comentó a Página/12 un estrecho colaborador de Machinea. También argumentó que “en el mundo se tiende a equiparar el momento del retiro entre hombres y mujeres, porque se tiene en cuenta que la expectativa de vida de las mujeres es mayor”. Los legisladores aliancistas aceptan las explicaciones técnicas de Economía, pero afirman que no se puede desconocer la realidad del mercado laboral argentino. Por ello se fijará una cláusula gatillo por la cual el incremento progresivo de la edad jubilatoria comenzará sólo cuando la tasa de desocupación sea inferior al 10 por ciento. La actual es del 12,4 por ciento.Otro de los ejes de la reforma será incentivar la competencia entre las AFJP, a fin de provocar un descenso de las comisiones. “Hasta ahora las empresas compiten por la calidad del servicio, pero queremos que lo hagan por precios”, señaló a este diario el funcionario de Economía. Una medida será obligar a las compañías a informar la comisión propia y las del resto de las empresas en el resumen cuatrimestral que envían a sus afiliados. A su vez, se buscará que las comisiones de la AFJP Nación actúen como testigo del sistema, para lo cual se reducirán lo máximo posible “sin poner en riesgo la viabilidad económica de la empresa”. Más resistencia de las AFJP causará la propuesta de permitir a quienes fueron transferidos al régimen de capitalización, por no haber hecho la opción por el de reparto, retornar al sistema estatal. En la actualidad, las personas que se incorporan al mercado laboral tienen un plazo de 30 días para completar el formulario de afiliación al régimen público. Pasado ese lapso, automáticamente se les asigna una AFJP. El 50 por ciento de los nuevos afiliados al sistema de capitalización llega por esa vía. Una de las principales medidas para combatir la evasión de aportes previsionales será utilizar los resúmenes de las AFJP y de la ANSéS como títulos ejecutivos. Al asignarle ese carácter, la policía del trabajo podrá accionar contra el empleador sin necesidad de iniciar una causa judicial.Finalmente, la reforma salvará el vacío legal que existe en cuanto a los regímenes jubilatorios especiales, como el de docentes, empleados judiciales, trabajadores siderúrgicos, mineros, matarifes y colectiveros. Durante la gestión de Domingo Cavallo en Economía, estos estatutos fueron derogados, pero en varios casos la Justicia falla en favor de los trabajadores de estas actividades. La propuesta es que los regímenes vuelvan a tener vigencia. Pero, a la vez, aumentar el nivel de los aportes previsionales, a fin de compensar la menor cantidad de años de contribuciones. En el caso de los docentes, la edad jubilatoria establecida será de 55 años.

 

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