No los
traicionó la voz de su conciencia sino la denuncia de un camarada quien, a través de un
llamado anónimo, informó a la Justicia federal de un pedido de coima que había
observado en la dependencia policial en la que trabajaba. Poco después eran detenidos un
comisario, un oficial inspector y un suboficial de la Bonaerense quienes fueron procesados
y separados de esa fuerza de seguridad. Se los acusa de haber liberado, a cambio de seis
mil dólares, a dos personas a quienes se les había encontrado marihuana en su poder.
Todo comenzó la mañana del martes cuando en la secretaría del Juzgado Federal Nº 2 de
San Martín se recibió una llamado telefónico anónimo en el que se denunciaba a
personal de la comisaría 10ª de Sáenz Peña, en el partido de 3 de Febrero, por estar
involucrados en actos de corrupción policial. Según informaron a Página/12 fuentes del
juzgado, el denunciante, un oficial de policía cuyo nombre se mantiene en reserva,
aseguró que la noche anterior se había detenido en la calle a dos personas con 275
gramos de marihuana en su poder y que más tarde en la seccional se les había otorgado su
libertad a cambio de la entrega de seis mil dólares en efectivo, sin iniciar sumario
alguno y sin informar al magistrado de turno.El juez Hugo Gurruchaga ordenó de inmediato
al fiscal interviniente Jorge Sica el allanamiento de la seccional. En el procedimiento,
realizado con el auxilio de la División Delitos Complejos y Narcocriminalidad de la
Policía Bonaerense, el mediodía del martes se secuestró documentación y material que
involucraban al comisario y otros dos agentes de la misma seccional quienes fueron
detenidos.Según se informó se trata del comisario Eduardo David Luenzo, el oficial
inspector Daniel Insaurralde y el sargento ayudante Pedro Florentín quienes desde ese
día están detenidos acusados de los delitos de cohecho, coacción, destrucción de
documento público, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario
público.Para sorpresa del fiscal Sica, quien estuvo a cargo del procedimiento, el
anonimato del denunciante dejó de ser tal cuando en medio del operativo en la comisaría
un policía se le acercó. Yo soy el denunciante anónimo, se presentó sin
más vueltas. Se trataba de un agente de la misma comisaría, que la noche anterior
había procedido a la detención de estas personas, cuando se les encontró marihuana en
su poder, contó el fiscal quien tras el operativo resaltó que lo destacable
es el hecho de empezar a observar a ciertos niveles que la institución policial tiene sus
propios anticuerpos y que hay hombres que se animan a denunciar la corrupción más allá
de las jerarquías. Respecto de la identidad del denunciante Sica indicó que
decidió no divulgarla a fin de resguardar su valiente actitud. Por su parte
el secretario del juzgado federal de San martín Fernando Marsimian confirmó ayer a
Página/12 que durante el día miércoles prestó declaración testimonial e indagatoria
el comisario Luengo, en tanto que Insaurralde y Florentín lo hicieron durante el día de
ayer. Sobre el curso futuro de la investigación el funcionario judicial aseguró que
éste lo determinará el magistrado una vez que haya evaluado las declaraciones de
los detenidos y el material secuestrado. Una fuente de la investigación confirmó a
este diario que, además de los uniformados acusados, se detuvo la noche del miércoles a
una de las dos personas a las que se le había encontrado marihuana en su poder y que se
libró la orden de detención para la que permanece prófuga. El Ministerio de Seguridad
bonaerense, a cargo de Aldo Rico, anunció ayer, después de que se conocieran las
detenciones, que se ponía en disponibilidad preventiva de la fuerza a los tres policías
por la gravedad institucional del hecho. Horacio Poggi, vocero del ministro,
aseguró a este diario que no va a haber ningún tipo de contemplación ni espíritu
de cuerpo para quienes cometan este tipo de ilícitos.
SERA OBLIGATORIO LEER LOS DERECHOS AL DETENIDO
Detenidos de película en Mendoza
Tiene derecho a permanecer en silencio, a que lo asista un abogado...:
mientras coloca las esposas, el hombre repite la fórmula. La escena se ha visto en miles
de películas norteamericanas. Ahora, la versión local tendrá lugar en Mendoza: la
policía de esa provincia estará obligada a partir del mes de febrero a recitarles sus
derechos a los detenidos. La medida, anunciada ayer, se inscribe en un proceso de reformas
sobre una fuerza policial de negra historia. Otra de las medidas innovadoras es la
creación de la Inspección General de Seguridad, que estará encargada de investigar
denuncias contra uniformados. Al frente de ese organismo estará un civil: el abogado de
San Rafael Miguel Angel Bondino.La Maldita policía mendocina que tiene
en su historia casos nefastos como las desapariciones de Cristian Guardati y el asesinato
del estudiante Sebastián Bordón viene siendo sometida a una reforma similar a la
implementada en la provincia de Buenos Aires por el ex ministro León Arslanian. La
última medida anunciada establece que, a partir del primer día de febrero, la policía
provincial deberá leer sus derechos a cada persona que sea detenida: el uniformado que no
cumpla con la medida será sancionado. Así lo establece el artículo 12 de la nueva Ley
de Policías: Toda persona privada de su libertad deberá ser informada por el
personal policial responsable de su detención, inmediatamente y en forma que le fuere
comprensible, de la razón concreta de la privación de su libertad, así como de los
derechos que lo asisten, dice.La ley especifica, además, que la lectura de los
derechos deberá concretarse al momento de la detención y antes del traslado del
sospechoso a la dependencia policial. Para capacitar a los policías sobre las nuevas
formas se imprimirán pequeños manuales de procedimiento que serán repartidos a cada
efectivo y podrá llevarlo en el bolsillo, explicaron voceros del gobierno.A los detenidos
se les informará que tienen derecho a guardar silencio y a no contestar las preguntas que
se les formulen, a no manifestarse contra sí mismos y a no confesarse culpables, a
efectuar una llamada telefónica a fin de informar del hecho de su detención y el lugar
de custodia en que se encuentra.Además, deberán decirles claramente que tienen derecho a
designar un abogado y a solicitar su presencia inmediata para su asistencia en las
diligencias policiales o judiciales que correspondieran y a que se les realice un
reconocimiento médico que verifique su estado psicofísico al momento de la privación de
su libertad, así como también a recibir en forma inmediata asistencia médica, si fuera
necesario. En Mendoza se informó que en los próximos días comenzará a circular una
comunicación interna de la policía advirtiendo que los efectivos que no hagan conocer
sus derechos a los detenidos serán sumariados y sancionados por una junta de
disciplina.Al mismo tiempo, se dio a conocer la conformación de la nueva Inspección
General de Seguridad. Sus miembros son abogados, y no tienen relación pasada con la
policía o el Servicio Penitenciario. El directorio, encabezado por Bondino un
abogado que milita en las filas del radicalismo, incluye a dos vocales de la
oposición: Jorge Vicchi, justicialista, y Diego Arena, del Partido Demócrata. Apenas
constituido, el nuevo organismo ya recibió una denuncia contra un policía, a quien se le
inició un sumario.
|