|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por L. V. El
proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal bonaerense, con el que el
gobernador Carlos Ruckauf pretende devolver a la policía la facultar de interrogar
sospechosos y requisar personas y automóviles, fue recibido con duras críticas por los
legisladores de la Alianza. Las más ásperas salieron del Frepaso: “No vamos a
generar las condiciones para una vuelta a la Maldita Policía”, sostuvieron a coro
diputados y senadores de esa fuerza. Con más cautela, los hombres del radicalismo
coincidieron en que existe “una actitud reacia” a dar mayores atribuciones a los
uniformados. En medio de las crecientes críticas, el gobernador defendió su propuesta y
apostó a meter una cuña en la oposición, acusando al Frepaso de oponerse por tener
“una larga trayectoria en la defensa de los delincuentes”. La propuesta enviada
al Congreso bonaerense abarca dos aspectos. Por un lado, plantea endurecer el actual
sistema de excarcelaciones en los casos de robos con armas, asaltos con violencia y
homicidios culposos con vehículos en los que su autor se dé a la fuga. Por el otro,
apunta a que la policía bonaerense recupere su antiguo poder, recortado desde 1998 por la
reforma que encabezó León Arslanian con el objetivo de terminar con la práctica
sistemática de extorsiones, torturas, ventas de sumarios y arreglos con delincuentes. En
aquel momento, con el consenso de todas las fuerzas políticas, se reformó el Código de
Procedimientos y se prohibió a la policía interrogar a los sospechosos, una atribución
que desde entonces es tarea exclusiva del fiscal y el juez de Garantías. También se
dispuso que para requisar a personas o automóviles se debía contar con una orden
judicial. La postura de los aliancistas hace hincapié en mantener estos recortes al poder
de la Bonaerense, en lo que ven una garantía para impedir que se refloten los vicios de
la fuerza. “La Alianza no va a generar las condiciones para recrear una policía que
abuse del poder”, advirtió ayer en ese sentido Alejandro Mosquera, vicepresidente de
la Cámara de Diputados. Los legisladores de la oposición creen que el proyecto de
Ruckauf puede abrir una puerta para el retorno de las declaraciones sacadas bajo tortura;
“estamos trabajando con una policía que no terminó de sanearse –puntualizó el
diputado–, por lo que por esta vía se volverá a los pactos de impunidad entre los
sectores mafiosos de la policía y el poder político”. También recelan de que la
medida pueda transformarse en el primer paso para devolver a los uniformados la capacidad
de instruir las investigaciones, que desde la reforma del ‘98 quedó en manos de los
fiscales. La postura es compartida por otros referentes de la Alianza en el tema, como los
frepasistas Eduardo Sigal y Graciela Podestá. A ellos se sumaron los diputados radicales
Marcelo Elías y María del Carmen Banzas de Moreau, quienes calificaron de
“parche” al proyecto del Ejecutivo y advirtieron que “no se trata de
aparecer como el más duro ante la opinión pública”.Aunque la postura oficial de la
Alianza será dada a conocer el martes luego de una reunión de las autoridades de bloque
y de las dos cámaras, ayer sus principales referentes acusaron el golpe de la embestida
de Ruckauf contra el Frepaso y acordaron una primera estrategia para salirle al cruce.
“Lo del gobernador es una vieja y gastada táctica cargada de ingenuidad, con la que
cree que puede generar alguna división”, sostuvo después el radical Elías.
“Es un despropósito que justamente Ruckauf, que tiene de ministro de Seguridad a
Rico, acuse a los compañeros del Frepaso como Alejandro Mosquera de defender a la
delincuencia.” Si la atribución de interrogar a los sospechosos es el punto en
discordia, en las filas de la Alianza hay consenso, en cambio, para limitar las
excarcelaciones, un proyecto defendido como propio, e incluso para permitir que la
policía pueda requisar personas y vehículos. Pero su aprobación, dicen, estará sujeta
a una “meticulosa limitación” de los casos en los que podrá aplicarse. La
diputada Podestá, presidenta de la Comisión de Seguridad, anticipó que “vamos a
tomarnos un tiempo prudencial para discutir las modificaciones punto por punto, porque no
queremos que detrás de cambiosnecesarios se dé vía libre a una concepción arcaica de
la seguridad, esa que pretende que poniendo un tipo con cara de loco en la esquina se van
a acabar los problemas con la delincuencia”.El proyecto deberá recorrer un largo
camino antes de ser votado. Ayer, los legisladores de la oposición anticiparon que la
semana próxima darán el quórum necesario para que tome estado parlamentario. La
propuesta deberá pasar después por las comisiones de Seguridad, Legislación y Asuntos
Constitucionales, por lo que con viento a favor llegaría al recinto para ser debatida en
las primeras semanas de febrero.
Olivera pide coordinación El jefe de gobierno porteño, Enrique Olivera, insistió ayer en que es necesario “coordinar políticas de seguridad en el área metropolitana” y destacó el hecho de que el gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf, coincida en ese aspecto. “Los delincuentes cruzan constantemente la General Paz”, sostuvo Olivera y destacó que es importante que “la policía de la provincia y la Policía Federal trabajen en forma conjunta porque los problemas de inseguridad están creciendo y no se puede aguardar ningún otro tipo de escenario”. Olivera explicó, además, que se avanza hacia el traspaso de la Superintendencia Metropolitana de la Federal a la ciudad para que se adecue “a las políticas de seguridad que dicte el distrito”.
|
Patricia
Bullrich * “Me parece que la policía debería tener la facultad de
interrogar a los detenidos cuando realmente demuestre un nivel de organización diferente
del actual. En este momento, ese mecanismo va a traer problemas. La facultad de revisar a
las personas en la calle creo que está bien, siempre y cuando quede claro qué operativos
se están realizando. En cambio, veo mal la difusión pública de los datos de los presos
que aún no tienen sentencia porque la condena social puede generar una gran
injusticia.”