 El Fondo
Monetario Internacional respaldó ayer el plan del gobierno para forzar un ajuste del
gasto público en las provincias. Para obtener ayuda de la Nación en la refinanciación
de sus deudas, los estados del interior deberán encarar un profundo programa de
reducción del déficit fiscal, aumentar la recaudación e impulsar un proceso de
privatización. Miguel Bein, secretario de Programación Macroeconómica y Regional,
mantuvo ayer una extensa reunión con los delegados del organismo, Tomás Raichmann y
Teresa Ter Minassian, en la cual explicó en detalle la estrategia oficial en relación a
las provincias. “Estuvieron de acuerdo con los objetivos y las medidas
propuestas”, comentó un alto funcionario de Economía respecto de la reacción de
los integrantes de la misión del FMI. El Gobierno se ofreció a intermediar ante la banca
privada para obtener créditos en favor de las provincias por 1200 millones de pesos. Pero
fijó una serie de condicionalidades que las administraciones del interior deben cumplir
para acceder a esos fondos. Hasta ahora, ya las aceptaron Río Negro, Catamarca, Tucumán
y Formosa. Y esta semana lo harían Jujuy y Tierra del Fuego. Todas ellas afrontan
situaciones de aguda emergencia financiera.Uno de los puntos centrales del programa
convenido entre la Nación y esas provincias –que podría extenderse a otras– es
la reducción en gastos de personal, que para la mayoría de los distritos del interior
representan entre el 50 y el 60 por ciento de su presupuesto. Entre 1991 y 1998, el empleo
público en el interior pasó de 1.097.764 a 1.273.155 personas. Es decir que se crearon
176 mil nuevos puestos. El FMI objetó específicamente ese crecimiento.Otro ítem
planteado por el Gobierno es que las provincias deben afrontar con recursos propios este
año el pago del 50 por ciento de los intereses de sus deudas. Y para ello se plantea que
es necesario conseguir un fuerte aumento de la recaudación de impuestos provinciales. En
Formosa, por ejemplo, estos ingresos alcanzan para cubrir apenas el 10 por ciento de sus
gastos presupuestados. Además, los hombres de Economía reclaman que se concreten las
privatizaciones demoradas, ya sea de bancos, empresas de energía y agua.Todos estos temas
fueron los que señaló Bein en la reunión con Raichmann y Ter Minassian, ya que
situación en las provincias se convirtió en el eje de las negociaciones del nuevo
acuerdo entre la Argentina y el FMI. Uno de los motivos es que mientras la Nación se
comprometió a ordenar sus cuentas públicas, en varios estados del interior el déficit
fiscal es galopante.La ley de convertibilidad fiscal fijó un límite al desequilibrio de
las cuentas públicas nacionales, que a la vez se ratificó en el Presupuesto de este
año. En el 2000, el rojo fiscal no puede exceder los 4500 millones de pesos. Para lograr
ese objetivo, el Gobierno recortó el gasto en 1400 millones y aumentó impuestos con el
objetivo de recaudar otros 1900 millones. Para el FMI, estas medidas demuestran la
voluntad del Gobierno por ordenar el panorama fiscal. Y, en consecuencia, facilitar su
acceso a los mercados de capitales para cubrir los vencimientos de deuda. En cambio, en
varias provincias la situación financiera es sumamente delicada y eso pone en riesgo su
capacidad de pago a los acreedores. De allí que sea el tema clave de la negociación.Al
Gobierno también le preocupa el estado de las provincias porque si alguna de ellas se
declarara en default (cesación de pagos), impactaría sobre la Nación. Mayores
dificultades para acceder al financiamiento internacional –cuando restan conseguir
este año más de 17 mil millones de dólares– y un aumento de las tasas de interés
serían algunas de las consecuencias.
| “La región es vulnerable” “América
latina es vulnerable a lo que pueda ocurrir fuera de sus fronteras, sobre todo porque
algunos países, como Argentina, dependen mucho de los capitales internacionales”,
señala un artículo publicado en el diario económico londinense Financial Times. Sin
embargo, allí se destaca que la región pudo recuperarse más rápidamente de lo que se
preveía de la crisis económica. Y que ello “provocó una respuesta entusiasta de
los inversores que hasta hace un año tenían miedo”. Respecto de la Argentina,
indica que se espera un crecimiento económico del 3 por ciento este año, basándose en
los datos del Presupuesto. Entre los factores que favorecen a la región, el diario
destaca el aumento de los precios internacionales de productos como el petróleo y el
cobre.
Medidas para el éxodo
“El sector calzado y textil se encuentra muy comprometido, esto no es un problema de
Alpargatas, Gatic está en una situación más o menos similar”, declaró ayer la
secretaria de Industria, Débora Giorgi. “El Gobierno evalúa un paquete de
medidas” para evitar el éxodo industrial a Brasil, en particular, “neutralizar
los efectos negativos de medidas unilaterales”, agregó. La mudanza de plantas hacia
el socio mayor del Mercosur mereció una nota central de la revista americana Business
Week, con el título: “Adiós, Argentina. Compañías están partiendo hacia
Brasil”. Giorgio, en tanto, también consideró que dentro del objetivo general del
gobierno de Fernando de la Rúa de “relanzar el Mercosur”, y a partir de las
“reuniones exitosas” mantenidas entre los ministros de Economía de los dos
socios principales, Pedro Malan y José Luis Machinea, en las que se trataron las
asimetrías de ambas economías, el camino a seguir debe ser la creación de instituciones
que preserven las variables macroeconómicas de los Estados asociados. De lo que se trata
en los sectores más afectados, como textiles, automotor y calzado, es de
“contrarrestar los efectos negativos de la devaluación brasileña”, explicó.
De acuerdo con la perspectiva de Giorgi, “el Mercosur debería contar con
instituciones que frente a estos desvíos automáticamente protejan a los otros Estados
que no han realizado estas políticas”, sostuvo. Con respecto al tema Alpargatas, la
secretaria insistió que por ahora el único camino era la tramitación de nuevas
salvaguardas, específicamente para el calzado deportivo, ante la Organización Mundial
del Comercio (OMC), pues las vigentes deberán retirarse el 25 de febrero por orden del
organismo internacional. Desde la firma, a través de un comunicado, se volvió a destacar
que “la situación por la que atraviesa la industria del calzado y textil es debido a
las asimetrías actuales del comercio internacional y a la importación a nuestro país de
productos subsidiados”. |
|
