El País de Madrid
Por José Miguel Larraya Desde Madrid
 El
gobierno español dejó ayer claro que no tiene nada que alegar ante la anunciada
decisión del ministro británico de Interior, Jack Straw, de interrumpir el proceso de
extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet por considerar que se trata de una
decisión política que corresponde exclusivamente al ministro británico. Sin embargo
dejó abierta la posibilidad de hacer llegar las alegaciones presentadas también ayer por
el juez Baltasar Garzón, que exigen interrogar al acusado y someterlo a nuevos exámenes
médicos que incluyan a especialistas de la Audiencia Nacional española. Una fuente
diplomática señaló que el compromiso del gobierno español con el chileno era no
recurrir la decisión que tomara el ministro británico. Un vocero, en la conferencia de
prensa posterior al Consejo de Ministros, afirmó estar dispuesto a estudiar
“atentamente” las alegaciones que ha formulado el juez Garzón y desgranó la
posición oficial del Ejecutivo ante la nueva fase del “caso Pinochet”.
“Ahora no estamos ante una decisión judicial sino ante el anticipo de una decisión
política y, por ello, el gobierno entiende que ante una decisión política de lo que se
trata es, excepto que surjan elementos nuevos desde el punto de vista político, de
mantener la misma posición y considerar que todos los elementos que había aportado a las
autoridades británicas están ya aportados” señaló. La transparente voluntad
política del gobierno de no alegar ni opinar sobre la anunciada decisión del ministro
Straw fue matizada por el canciller Abel Matutes, que dejó abierta la posibilidad de
hacer llegar las alegaciones. Matutes dijo que estudiará “atentamente” este fin
de semana las alegaciones presentadas por el magistrado para poder tomar una decisión en
tiempo y forma hábil, es decir antes de las cinco de la tarde, hora de Londres, del
próximo martes día 18. “Vamos a estudiar con espíritu constructivo y con simpatía
hacia el juez Garzón para ver si efectivamente (su escrito) contiene elementos que
permitan ser considerados para que Straw tome la decisión,” señaló en una
conferencia de prensa conjunta con el comisario europeo de Justicia e Interior, Antonio
Vitorino. El canciller quiso dejar claro que el gobierno “no recurrirá la decisión
que tomara en su día el ministro del Interior británico, Jack Straw, por razones
humanitarias” y que así se lo ha hecho saber al ministro chileno de Asuntos
Exteriores, Juan Gabriel Valdés, “privada y públicamente”. “No
entenderíamos que se actuara de forma distinta a como se nos prometió en múltiples
ocasiones en el pasado, tanto de forma pública como en conversaciones privadas.” El
ministro, en un intento de quedar bien con todas las partes que intervienen en este caso,
declaró que el juez Garzón “puede estar satisfecho de los aspectos judiciales de
esta iniciativa que es un empujón a la Justicia internacional. Sea cual sea la decisión
de Straw, los autores de este tipo de delitos en el futuro van a tentarse más y mejor la
ropa antes de cometerlos”. Por otra parte, Amnesty International (AI) instó ayer al
presidente del gobierno José María Aznar a ponerse “al lado de la legalidad, de los
derechos humanos y del respeto a la Justicia” y a tramitar sin dilación las
alegaciones que le presente el juez instructor del caso Pinochet. “Deje hacer a los
jueces y, si éstos deciden presentar alegaciones, mándelas al Ministerio del Interior de
Gran Bretaña”, recomienda AI a Aznar. “El gobierno español no puede someter
los argumentos del juez instructor a un estudio y control políticos”, recuerda AI al
presidente Aznar en respuesta a las declaraciones del canciller y el portavoz del
gobierno, que sólo se han comprometido a “estudiar” las alegaciones del juez
Garzón. Actuar así, afirma AI, “vulneraría claramente la Constitución española,
la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como la legislación internacional de derechos
humanos”.Amnesty pregunta a Aznar: “¿De qué lado está su gobierno en el caso
Pinochet? Del lado de la Justicia, de la legalidad y de las víctimas, o del lado de las
consideraciones políticas y comerciales en relación con el gobierno de Chile?”. Y
le advierte: “Ahora toma cuerpo el compromiso de colaboración real con la Justicia
que usted y su gobierno han declarado repetidamente cumplir en este caso”.OPINIONES
| Por José Luis D’Andrea Mohr,
Carlos Libenson y Daniel Sbampato * Carta
abierta a Jack Straw
Señor Ministro D. Jack StrawDe nuestra mayor consideración:Con el respeto debido a su
persona y con el que debemos a toda persona le manifiesto:
1 El ex dictador y actual senador vitalicio chileno Augusto Pinochet
Ugarte llegó a Gran Bretaña para atender problemas de su salud.
2 Fue operado y atendido tal y como él mismo previó antes de partir de
Chile.
3 Tanto su enfermedad cuanto sus crímenes lo retuvieron en Gran
Bretaña.
4 Pinochet no tuvo confianza en la medicina chilena y ahora, enfermo,
quiere volver a su país.
5 En Chile no será juzgado porque tiene inmunidad parlamentaria derivada
de sus propias maquinaciones para condicionar a los gobiernos posteriores a su dictadura.
6 Por lo expresado y en beneficio de la salud de Pinochet y de la salud
jurídica internacional, solicitamos se mantenga la atención médica del ex dictador y se
le inicie proceso penal en Gran Bretaña.
7 En cuanto a la posibilidad de condena y encarcelamiento de Pinochet,
sugerimos al Señor Ministro que desde su alto cargo proponga la creación de un
Geriátrico Penitenciario Internacional para que los ancianos condenados estén atendidos
como se debe y para que la edad y la enfermedad dejen de ser argumentos para evitar
juicios y cárcel.
8 A nuestro entender la enfermedad no es parte punitiva de código penal
alguno ni causa para que los crímenes queden sin juicio y sentencia. Lo saludamos con el
mayor respeto.
* Directores de la página argentina www.nuncamas.org
Por María José Guembe *
Que lo juzgue Gran Bretaña
El ministro inglés Jack Straw ha anunciado informalmente que Gran Bretaña no
concederá la extradición del general Pinochet a España debido a su estado de salud. La
decisión se fundaría en un dictamen médico al que las demás partes en el proceso no
han tenido acceso hasta el momento.Existen recursos legales que permiten a Pinochet
invocar su estado de salud para evitar su extradición y posterior juzgamiento. Sin
embargo, dicho recurso tiene un procedimiento establecido que debe cumplirse. La
excepción debe gozar de las mismas cualidades que el resto del procedimiento; es decir
que se debe permitir la vista del dictamen a las demás partes del proceso, así como la
solicitud de un nuevo examen del que puedan participar los interesados o uno producido por
médicos propuestos por ellos. De esta manera, Gran Bretaña garantizará la transparencia
de las actuaciones.Ahora bien, si Inglaterra decidiera no extraditar a Pinochet, se vería
obligada a juzgarlo en su propio territorio. Ello es así puesto que el derecho
internacional, en casos como éste, obliga a extraditar o a juzgar a los responsables de
violaciones a los derechos humanos que constituyan crímenes contra la humanidad. En este
caso, el instrumento que ha aplicado Inglaterra es la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, que en sus
artículos 6 y 7 estipula que todo Estado parte en cuyo territorio se encuentre la persona
de la que se supone que ha cometido tortura o acto que constituya complicidad o
participación en la tortura procederá a su detención o tomará otras medidas para
asegurar su presencia y enjuiciamiento.Es decir que más allá del resultado que el
análisis arroje, su efecto no podría hacerse valer para no someter a juicio a Pinochet.
Si Inglaterra resolviera no acceder al pedido de España, debería realizar el juzgamiento
dentro de sus fronteras puesto que así lo exige la normativa internacional.
* Abogada del CELS
Por The Guardian de Gran Bretaña *
El imperio de la ley
Muchos miles de personas aquí, en España y sobre todo en Chile sentirán la amargura
del engaño ahora que el general Pinochet no será enjuiciado por las torturas, los
asesinatos y las “desapariciones” sobre los que presidió en Chile. El ministro
del Interior británico se vio forzado a decidir que el viejo dictador está demasiado
enfermo para soportar el juicio en España y por lo tanto debe dejarlo en libertad para
retornar a Chile. Quienes esta semana objeten su decisión deberán hacer mucho más que
enfurecerse ante una injusticia patente. Deberán demostrar que, al llegar a su
conclusión (para la cual se basó sobre lo que se considera un examen médico imparcial),
fue sin embargo culpable de declinar en su deber. Como –a diferencia del Chile de
Pinochet– este país cree en el imperio de la ley, esta consideración trasciende
cualquier otra. A diferencia del Chile de Pinochet, Gran Bretaña suscribe la opinión de
que incluso aquellos que consideramos peores tienen derechos. A diferencia del Chile de
Pinochet, buscamos aplicar el derecho a nuestros opositores políticos y a quienes
despreciamos como a cualquier otro. A diferencia del Chile de Pinochet, procuramos ofrecer
una protección a todos los que están demasiado débiles como para defenderse a sí
mismos, aun con un prontuario tan horroroso como el de Pinochet. A pesar de todas las
amenazas de los amigos del general, Jack Straw siempre se ciñó a una conducta cuyo fin
más probable era que Pinochet enfrentara un juicio. No es su culpa que la ley de
extradición británica lleve tales complicaciones de procedimiento. Todo debería haber
concluido mucho antes. El ministro fue atacado por no divulgar el informe médico.
Debería haber sido publicado inmediatamente, entre otras cosas para asegurar a Chile que
Gran Bretaña no tiene nada que esconder. Pero la protección de todos los pacientes vale
también para Pinochet, y su privacidad fue respetada.Tampoco debemos dejar que nos
repulse el júbilo que provocó la decisión en la pequeña clique de derechistas que han
sido los adalides del dictador, desde lady Thatcher y lord Lamont para abajo. Los
derechistas se hacen cruces de que ellos, por supuesto, nunca aprobarán el asesinato o la
tortura. Pero sus acciones hablan de otro modo. Basta con pensar, imploran, que Chile
estuvo de nuestro lado en la guerra de las Falklands... En otras palabras, será un
dictador brutal, pero es nuestro dictador brutal. Lo que dicen es atroz, pero nadie los
perseguirá por hacer la apología de lo indefendible: no estamos en el Chile de Pinochet.
Recordemos cuanto hemos logrado ya. El general Pinochet puede escapar al destino que
merece. Pero si la junta médica tiene razón, no vivirá mucho para disfrutar su escape.
Sin embargo, un punto de importancia duradera ha quedado establecido. Quienes gobiernen su
países de la manera que lo hizo la pandilla de Pinochet, no pueden esperar puertos
seguros adonde elijan viajar. Los lores jueces, en su sentencia de noviembre de 1998 que
resonó a lo largo del mundo, destruyeron para siempre esa inmunidad. Pinochet tal vez se
vaya libre, pero a causa de él, otros ya no podrán. Mientras se lo recuerde, su nombre
seguirá siendo un emblema en todo el mundo de los males que vienen con la dictadura.
* Editorial. |
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