Los indígenas amenazan
tomar la capital del país, mientras la oposición parlamentaria apoya la dolarización.
Una escena de los disturbios en la capital ecuatoriana. Con la dolarización, los salarios valen poco más que U$S60.
El Paísde Madrid Por Juan Jesús Aznárez Enviado especial a Quito
La anunciada “toma” de Quito a
partir de hoy, la creación de plataformas que llaman a la desobediencia civil y la
indefinida paralización del país, medidas promovidas por los indígenas ecuatorianos
para forzar la caída del gobierno de Jamil Mahuad, no son secundadas por la oposición
parlamentaria. Contraria a las políticas generales del Ejecutivo, la oposición apoya sin
embargo la “dolarización” de la economía decretada a principios de semana por
el gobierno, puesto que la considera imprescindible para salir del atolladero. La
irritación de la ciudadanía de menor capacidad adquisitiva es, mientras tanto, notable y
justificada. Los salarios de la mayoría de los ecuatorianos son mínimos, apenas 61,7
dólares al mes, después del cambio fijo establecido por el gobierno: un dólar por
25.000 sucres. Esa cotización por decreto desencadenó de inmediato un movimiento
especulativo y el encarecimiento de la canasta familiar. En los mercados de Quito, los
precios han subido hasta un 35 por ciento y el cúmulo de penurias, consecuencia de los
sucesivos fracasos de éste y anteriores gobiernos, afecta a la mayoría. Sonia Araujo,
secretaria en un ministerio, fue a comprar los útiles escolares de sus hijos y los
encontró tres veces más caros. “No me toca más que mandar una justificación al
colegio explicando lo que pasó y pidiendo, por favor, que me esperen hasta el fin de
mes”. El grueso de los ecuatorianos pugna por adaptarse al progresivo abandono del
sucre y las Fuerzas Armadas por evitar los previsibles excesos callejeros de los próximos
días. Con la capital del país militarizada para impedir que la masiva entrada de
manifestantes de las distintas etnias nacionales cause desórdenes graves e impida el
programado discurso a la nación de hoy del presidente Mahuad, la movilización de los
indígenas (un 30 por ciento de los 12 millones de ecuatorianos) almacena alimentos e
infraestructura para una lucha larga. El ‘parlamento’ al frente de las protestas
indígenas, presidido por el arzobispo de Cuenca, monseñor Alberto Luna y el activista
Antonio Vargas, así como otras plataformas paralelas que niegan legitimidad a los poderes
del Estado, fueron descalificadas por León Febres Cordero, ex presidente del gobierno y
actual alcalde de Guayaquil. “Ahí veo unos cuantos payasos presidiendo estos
parlamentos. Aquí hay un solo parlamento, que es el que nace de la Constitución. El
resto son mamarrachadas y ridiculeces (...) Los curas a sus iglesias y los idiotas al
manicomio”. “Cincuenta mil muertos podría costar la toma de Quito”,
declaró ante una concentración de taxistas Walter Ortega, delegado en la región Litoral
de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). Según sus
cálculos, un millón de indígenas ocuparán Quito en exigencia del poder político y su
represión a tiros puede significar la muerte del 5 por ciento de ellos. Más ajustado a
la realidad parece el escenario anticipado por varios analistas: concentraciones
pacíficas durante varios días, acompañadas por focos violentos, y el progresivo regreso
a la normalidad si el gobierno de Mahuad consolida la “dolarización” y supera
la ineptitud y circunstancias que obligaron a ejecutar esta desesperada medida.
La anunciada “toma” de Quito a
partir de hoy, la creación de plataformas que llaman a la desobediencia civil y la
indefinida paralización del país, medidas promovidas por los indígenas ecuatorianos
para forzar la caída del gobierno de Jamil Mahuad, no son secundadas por la oposición
parlamentaria. Contraria a las políticas generales del Ejecutivo, la oposición apoya sin
embargo la “dolarización” de la economía decretada a principios de semana por
el gobierno, puesto que la considera imprescindible para salir del atolladero. La
irritación de la ciudadanía de menor capacidad adquisitiva es, mientras tanto, notable y
justificada. Los salarios de la mayoría de los ecuatorianos son mínimos, apenas 61,7
dólares al mes, después del cambio fijo establecido por el gobierno: un dólar por
25.000 sucres. Esa cotización por decreto desencadenó de inmediato un movimiento
especulativo y el encarecimiento de la canasta familiar. En los mercados de Quito, los
precios han subido hasta un 35 por ciento y el cúmulo de penurias, consecuencia de los
sucesivos fracasos de éste y anteriores gobiernos, afecta a la mayoría. Sonia Araujo,
secretaria en un ministerio, fue a comprar los útiles escolares de sus hijos y los
encontró tres veces más caros. “No me toca más que mandar una justificación al
colegio explicando lo que pasó y pidiendo, por favor, que me esperen hasta el fin de
mes”. El grueso de los ecuatorianos pugna por adaptarse al progresivo abandono del
sucre y las Fuerzas Armadas por evitar los previsibles excesos callejeros de los próximos
días. Con la capital del país militarizada para impedir que la masiva entrada de
manifestantes de las distintas etnias nacionales cause desórdenes graves e impida el
programado discurso a la nación de hoy del presidente Mahuad, la movilización de los
indígenas (un 30 por ciento de los 12 millones de ecuatorianos) almacena alimentos e
infraestructura para una lucha larga. El ‘parlamento’ al frente de las protestas
indígenas, presidido por el arzobispo de Cuenca, monseñor Alberto Luna y el activista
Antonio Vargas, así como otras plataformas paralelas que niegan legitimidad a los poderes
del Estado, fueron descalificadas por León Febres Cordero, ex presidente del gobierno y
actual alcalde de Guayaquil. “Ahí veo unos cuantos payasos presidiendo estos
parlamentos. Aquí hay un solo parlamento, que es el que nace de la Constitución. El
resto son mamarrachadas y ridiculeces (...) Los curas a sus iglesias y los idiotas al
manicomio”. “Cincuenta mil muertos podría costar la toma de Quito”,
declaró ante una concentración de taxistas Walter Ortega, delegado en la región Litoral
de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). Según sus
cálculos, un millón de indígenas ocuparán Quito en exigencia del poder político y su
represión a tiros puede significar la muerte del 5 por ciento de ellos. Más ajustado a
la realidad parece el escenario anticipado por varios analistas: concentraciones
pacíficas durante varios días, acompañadas por focos violentos, y el progresivo regreso
a la normalidad si el gobierno de Mahuad consolida la “dolarización” y supera
la ineptitud y circunstancias que obligaron a ejecutar esta desesperada medida.