El ministerio que conducía Raúl
Granillo Ocampo se caracteriza por el exceso de personal, las contrataciones
“injustificadas” de servicios, las compras sin control, las obras que duplican
su valor real, los sobreprecios y la duplicación de esfuerzos.
Granillo
Ocampo creó siete Registros de Propiedad del Automotor en 90 días. Hubo menos de dos meses para preparar los pliegos de la Ciudad Judicial, un
negocio de 540 millones.
Por Irina Hauser
”Este lugar
es una selva”, exclamaron, en alusión al abundante verde de los ficus y palos de
agua en sus nuevas oficinas, los empleados y funcionarios que ingresaron al Ministerio de
Justicia con el gobierno de la Alianza. La apreciación se corresponde con las
conclusiones que aparecen en un informe reservado sobre la gestión menemista en la
cartera que conduce ahora Ricardo Gil Lavedra. Según los datos, que fueron elevados al
presidente Fernando de la Rúa, se hicieron “contrataciones injustificadas” de
bienes y servicios –por ejemplo, de limpieza y ornamentación– y en algunas de
ellas se habrían pagado sobreprecios millonarios. El documento también cita
“contrataciones excesivas e injustificadas de personal”, la creación de siete
Registros de Propiedad del Automotor en el tiempo record de un mes y medio, y la
realización de obras públicas con un modo de financiación que duplica su valor real.
Para dejar en evidencia el descalabro administrativo que el gobierno de la Alianza
recibió como legado de la era de Carlos Menem, y de paso atenuar el impacto del
impuestazo, De la Rúa ordenó a cada ministerio hacer un diagnóstico de la situación al
momento del pase de mando. Entre los informes, que también fueron entregados a la
Jefatura de Gabinete, el del Ministerio de Justicia parece ser uno de los que reviste
mayor gravedad. Fue confeccionado por el área de Administración, la de Política
Criminal y Asuntos Penitenciarios y la de Justicia y Asuntos Legislativos. “Se ha
advertido el presunto pago de sobreprecios en las contrataciones de bienes y servicios y
contrataciones excesivas e injustificadas de personal. Además no respondieron, en muchos
casos, a las necesidades reales del ministerio”, dice el parte de Justicia acerca de
los tiempos de Raúl Granillo Ocampo. Excesos. Funcionarios que conocen la investigación
de cerca explicaron a Página/12 que se detectaron pagos indiscriminados, entre otras
cosas, en concepto de limpieza y mantenimiento. Señalaron también la creación de
programas “sin razón de ser, y con numerosas personas contratadas que respondían a
fines político-partidarios con un alto costo para el Estado”. Como ejemplo citaron
el “Plan Social”, integrado por unos 70 contratados y cuya finalidad era dar
asesoramiento jurídico a la comunidad y mediar en conflictos, una actividad que
–dijeron las fuentes– “en realidad es competencia de la Ciudad de Buenos
Aires”. “Una prueba de que eran planes para nombrar amigos es que ante muchos de
los contratos que ya cortamos nadie se quejó.” Siete registros siete. Después de
que el justicialismo perdiera las elecciones, el ministerio menemista de Justicia creó
siete registros del automotor entre el 24 de octubre y el 10 de diciembre del año pasado.
Si ese ritmo se mantuviera, se crearían unos 84 registros por año. Toda una marca
teniendo en cuenta que en total existen 700. Según señalaron integrantes de la gestión
pasada, “la asignación de los registros fue piloteada por Roberto Martínez, que era
el secretario de Granillo”. Pago doble. De acuerdo al sistema de leasing elegido por
el gobierno de Menem para financiar algunas obras públicas, el Ministerio de Justicia
tendrá que afrontar este año un déficit de 23 millones de pesos, un 20 por ciento del
presupuesto que viene manejando. Con esa modalidad financiera, un tercero solventa la
construcción y el Estado recién la abona una vez terminada. El informe ministerial
advierte: “Con este procedimiento se paga una altísima tasa de interés (alrededor
del 16 por ciento) que esconde sobreprecios”. El gobierno actual tendrá que hacerse
cargo de varios proyectos heredados del anterior. Uno de ellos es el de la futura cárcel
de Salta (Centro Federal Penitenciario del Noroeste Güemes), cuyo costo fue fijado en
unos 50 millones de pesos aunque su valor real es de 26 millones, según detalló un
funcionario de la cartera. Una situación similar se registró con las cárceles de
Mercedes y de Ezeiza. En el caso de Salta se encontró otra irregularidad: a pesar de que
la Dirección de Asuntos Jurídicosdictaminó que debía hacerse después del 18 de
diciembre de 1999, el trámite fue adelantado y la preadjudicación se hizo el 6 de
diciembre. Ahora el ministerio la está revisando y podría revocarla. La licitación para
la construcción de la Ciudad Judicial es otro de los asuntos citados como controvertidos
en el documento. “La venta del pliego comenzó el 14 de octubre y la apertura de
sobres estaba prevista para el 6 de diciembre. En ese período no se puede preparar
decentemente un proyecto con un precio base de 540 millones de pesos”, explicó uno
de los funcionarios que participó en la confección del documento. Finalmente, en la
fecha límite se presentó un solo oferente, de modo que no hay propuestas para
contrastar. A esta altura todo hace pensar que el Ministerio de Justicia Terminará
dejando la licitación sin efecto.
López Murphy,el lacónico
Cada uno de los ministros que integran el gabinete de Fernando de la Rúa
elaboró un informe de situación de la cartera que deberá conducir, después de una
década de gestión menemista. Algunos de los reportes superaron las cuarenta páginas
debidamente encuadernadas. Otros se sujetaron a un resumen de veinte hojas. Pero el colmo
de la síntesis corrió por cuenta del Ministerio de Defensa. A Ricardo López Murphy le
bastó una carilla para describir la situación de su cartera. En ella sólo destaca dos
puntos: el atraso en los suplementos salariales del personal de la Fuerzas Armadas y la
necesidad de contar con mayores recursos para solventar los gastos militares
“sometidos a un presupuesto enormemente exigente”. En pocas palabras López
Murphy pide plata, y reniega de los ajustes; en pocas palabras.
Relaciones exteriores debe 51.800.000. Una cancillería endeudada
Guido Di
Tella dejó una deuda de cerca de 52 millones de pesos en el Ministerio de Relaciones
Exteriores. El dato es la principal conclusión de un estudio sobre el estado de la
cartera que realizó la Alianza, en el que también se señala que existe un
“sobredimensionamiento de plantas de personal”, “registros deficientes de
los bienes del ministerio” y “falta de mecanismos de control en los fondos
girados al exterior”.El informe elaborado por la Subsecretaría de Coordinación de
la Cancillería se terminó de realizar el diez de enero y está en manos de De la Rúa,
Rodolfo Terragno y de Adalberto Rodríguez Giavarini. Son dos prolijas carillas que
describen el cuadro encontrado en la cartera que condujo Di Tella desde marzo de 1991. La
finanzas del ministerio, según la investigación, muestran una deuda que redondea los
51.800.000, dividida en tres rubros: sueldos y aportes patrimoniales por 6.300.000; gastos
de funcionamiento por 8.500.000 y un haber negativo en los organismos internacionales
(pagos que la Argentina realiza a la ONU, la OEA, etcétera) por 37 millones de
pesos.“La situación configura un grave arrastre para el ejercicio en curso ya que
deberán solventarse las deudas citadas sin que tal hecho fuera contemplado en la
elevación y consiguiente aprobación del presupuesto 2000”, señala el documento. Y
advierte que las deudas son “impostergables, ya sea por las consecuencias legales que
acarrean como por el daño que provocaría en la imagen del país en el exterior (ejemplo:
reclamos laborales, pérdida de votos en organismos internacionales, desalojos en sedes
diplomáticas, cortes de servicios básicos)”.Además del estado financiero, el
informe detalla el cuadro del personal de la Cancillería. Existen 1482 personas que
trabajan en el ministerio y 556 empleados bajo el régimen de contratos, a los que suman
1332 empleados de otros países que cumplen funciones en las embajadas y consulados. La
auditoría realizada por la Alianza detectó “sobredimensionamiento de plantas de
personal en algunos destinos en el exterior, especialmente en países limítrofes y
ciudades capitales importantes”; “traslado de personal administrativo al
exterior sin justificación, con el consiguiente aumento de costos”; y “tareas
de responsabilidad administrativas en manos de contratados no pasibles de acciones
sumarias”.
”Este lugar
es una selva”, exclamaron, en alusión al abundante verde de los ficus y palos de
agua en sus nuevas oficinas, los empleados y funcionarios que ingresaron al Ministerio de
Justicia con el gobierno de la Alianza. La apreciación se corresponde con las
conclusiones que aparecen en un informe reservado sobre la gestión menemista en la
cartera que conduce ahora Ricardo Gil Lavedra. Según los datos, que fueron elevados al
presidente Fernando de la Rúa, se hicieron “contrataciones injustificadas” de
bienes y servicios –por ejemplo, de limpieza y ornamentación– y en algunas de
ellas se habrían pagado sobreprecios millonarios. El documento también cita
“contrataciones excesivas e injustificadas de personal”, la creación de siete
Registros de Propiedad del Automotor en el tiempo record de un mes y medio, y la
realización de obras públicas con un modo de financiación que duplica su valor real.
Para dejar en evidencia el descalabro administrativo que el gobierno de la Alianza
recibió como legado de la era de Carlos Menem, y de paso atenuar el impacto del
impuestazo, De la Rúa ordenó a cada ministerio hacer un diagnóstico de la situación al
momento del pase de mando. Entre los informes, que también fueron entregados a la
Jefatura de Gabinete, el del Ministerio de Justicia parece ser uno de los que reviste
mayor gravedad. Fue confeccionado por el área de Administración, la de Política
Criminal y Asuntos Penitenciarios y la de Justicia y Asuntos Legislativos. “Se ha
advertido el presunto pago de sobreprecios en las contrataciones de bienes y servicios y
contrataciones excesivas e injustificadas de personal. Además no respondieron, en muchos
casos, a las necesidades reales del ministerio”, dice el parte de Justicia acerca de
los tiempos de Raúl Granillo Ocampo. Excesos. Funcionarios que conocen la investigación
de cerca explicaron a Página/12 que se detectaron pagos indiscriminados, entre otras
cosas, en concepto de limpieza y mantenimiento. Señalaron también la creación de
programas “sin razón de ser, y con numerosas personas contratadas que respondían a
fines político-partidarios con un alto costo para el Estado”. Como ejemplo citaron
el “Plan Social”, integrado por unos 70 contratados y cuya finalidad era dar
asesoramiento jurídico a la comunidad y mediar en conflictos, una actividad que
–dijeron las fuentes– “en realidad es competencia de la Ciudad de Buenos
Aires”. “Una prueba de que eran planes para nombrar amigos es que ante muchos de
los contratos que ya cortamos nadie se quejó.” Siete registros siete. Después de
que el justicialismo perdiera las elecciones, el ministerio menemista de Justicia creó
siete registros del automotor entre el 24 de octubre y el 10 de diciembre del año pasado.
Si ese ritmo se mantuviera, se crearían unos 84 registros por año. Toda una marca
teniendo en cuenta que en total existen 700. Según señalaron integrantes de la gestión
pasada, “la asignación de los registros fue piloteada por Roberto Martínez, que era
el secretario de Granillo”. Pago doble. De acuerdo al sistema de leasing elegido por
el gobierno de Menem para financiar algunas obras públicas, el Ministerio de Justicia
tendrá que afrontar este año un déficit de 23 millones de pesos, un 20 por ciento del
presupuesto que viene manejando. Con esa modalidad financiera, un tercero solventa la
construcción y el Estado recién la abona una vez terminada. El informe ministerial
advierte: “Con este procedimiento se paga una altísima tasa de interés (alrededor
del 16 por ciento) que esconde sobreprecios”. El gobierno actual tendrá que hacerse
cargo de varios proyectos heredados del anterior. Uno de ellos es el de la futura cárcel
de Salta (Centro Federal Penitenciario del Noroeste Güemes), cuyo costo fue fijado en
unos 50 millones de pesos aunque su valor real es de 26 millones, según detalló un
funcionario de la cartera. Una situación similar se registró con las cárceles de
Mercedes y de Ezeiza. En el caso de Salta se encontró otra irregularidad: a pesar de que
la Dirección de Asuntos Jurídicosdictaminó que debía hacerse después del 18 de
diciembre de 1999, el trámite fue adelantado y la preadjudicación se hizo el 6 de
diciembre. Ahora el ministerio la está revisando y podría revocarla. La licitación para
la construcción de la Ciudad Judicial es otro de los asuntos citados como controvertidos
en el documento. “La venta del pliego comenzó el 14 de octubre y la apertura de
sobres estaba prevista para el 6 de diciembre. En ese período no se puede preparar
decentemente un proyecto con un precio base de 540 millones de pesos”, explicó uno
de los funcionarios que participó en la confección del documento. Finalmente, en la
fecha límite se presentó un solo oferente, de modo que no hay propuestas para
contrastar. A esta altura todo hace pensar que el Ministerio de Justicia Terminará
dejando la licitación sin efecto.