EXCLUSIVO: LOS INFORMES SOBRE LA HERENCIA MENEMISTA EN LOS
MINISTERIOS Zorros que cuidaban el gallinero
El ministro de Infraestructura,
Nicolás Gallo, hizo un arqueo de la situación en el área a su cargo para presentar a De
la Rúa. El panorama que emergió es explosivo: sobreprecios, contratos hechos a medida,
privilegios, gastos en negro, créditos sin usar.
La ineficiencia de los entes reguladores
preocupa especialmente al ministro Gallo.
Por Claudio Zlotnik
”Los entes
reguladores están diseñados más para preservar a las empresas privatizadas que a los
consumidores”. La explosiva definición está incluida en un informe reservado
realizado por los técnicos del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, a cargo de
Nicolás Gallo, amigo personal de Fernando de la Rúa. El trabajo fue especialmente
preparado para que el ministro lo eleve a la Presidencia, con el objetivo de que De la
Rúa tome exacto conocimiento de la situación encontrada por Gallo en las secretarías y
subsecretarías, muchas de las cuales, hasta el 10 de diciembre, estuvieron bajo la
órbita directa de Carlos Menem. En el informe, al que Página/12 tuvo acceso exclusivo,
se reseñan las anormalidades detectadas en una docena de organismos: desde sobrecostos
pagados en la construcción de viviendas y obras paralizadas hasta la existencia de
abultados contratos firmados con consultoras externas y deudas impagas. La falta de
control de las empresas por parte de los entes reguladores aparece como la denuncia más
grave de las realizadas por los funcionarios de la Alianza. Creados a partir de la
privatización de las empresas de servicios públicos, los entes reguladores fueron uno de
los flancos más débiles de la administración menemista. La mayoría de ellos se formó
a través de decretos y sus integrantes fueron nombrados a dedo por el Ejecutivo. Tales
fueron los casos de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), dedicada a inspeccionar
a las empresas telefónicas, y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT), que regula trenes y colectivos. En ellos, los principales sillones fueron ocupados
por funcionarios menemistas. Sólo en los casos de los organismos que se formaron por una
ley del Congreso (el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad y el Ente Regulador
del Gas), sus titulares y directores fueron designados por concurso público. La
diferencia entre una metodología y otra no es menor: los nombramientos directos del
gobierno menemista tiñeron de falta de independencia a los entes, y les quitaron lo que
debería ser su principal condición para ponerse al servicio de los usuarios. De hecho,
en la última década, se contabilizaron numerosos casos en donde quedó revelada la
ineficacia de los órganos reguladores. A continuación, algunos ejemplos del descontrol.u
Energía eléctrica (ENRE): el caso más emblemático de la falta de control por parte del
ente se dio con el apagón que dejó a oscuras medio a Buenos Aires, en febrero del
‘99. Pero existieron advertencias anteriores que fueron desatendidas tanto por el
organismo como por las compañías. En concreto, varios informes de la Auditoría General
de la Nación alertaron sobre anomalías durante los años ‘95 y ‘96. Por
entonces se había detectado un centenar de expedientes sin resolver por accidentes
fatales en la vía pública. Según el trabajo de la AGN, Juan Legisa, titular del ENRE,
no llevaba registros sobre los trabajos de las empresas ni elaboraba actas de
inspección.u Trenes, subtes y colectivos (CNRT): la AGN detectó que para controlar 2400
servicios de trenes y 2000 subterráneos, a través de los cuales se trasladan 2,3
millones de personas diariamente, la comisión sólo reclutó a 26 inspectores. Y que la
mitad de ellos trabajaba media jornada. Más aún, por falta de fondos, el ente dejó ir a
sus técnicos especializados e incorporó personal sin formación específica. “Hay
desorden y falta de control en la CNRT”, definieron los técnicos de Infraestructura.
Al respecto, el informe añade que existen 38.000 sumarios pendientes de resolución
correspondientes en su mayoría a multas y sanciones aplicadas a las empresas
transportistas. “Las multas y sanciones no se pagan”, concluye el informe.
Respecto de los trenes, el Gobierno denunció que la anterior administración dejó
impagas deudas con las empresas. Que haciafin de año deberá abonar 357,8 millones de
pesos, pero que en el Presupuesto del 20000 sólo están pautados 95,8 millones.u Correos:
“Hay una falta de control del Correo por parte del Estado a raíz de poseer recursos
insuficientes: sólo una persona se encarga del control de 6500 puntos de atención
distribuidos en todo el país”, afirma el documento. Por otra parte, califica de
“complejo, confuso y repleto de intereses en pugna” al contrato rubricado por la
administración menemista y Franco Macri en la concesión del Correo Argentino.u
Aeropuertos (Orsna): hasta hace muy poco, estuvo comandado por el menemista Rodolfo Barra.
Durante su gestión, el actual auditor general de la Nación se negó a organizar
audiencias públicas y no llamó a concurso para designar al centenar de funcionarios que
lo acompañaron.u Gas (Enargás): “Es de público conocimiento la falta de debido
control por parte de las autoridades (del ente). La ciudad está minada de parches y
baches producto de cubrimientos deficientes”, estableció en un fallo la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo a raíz de una denuncia hecha contra la
distribuidora Metrogás. u Peajes: dada la altísima rentabilidad de las empresas
constructoras, que en algunos casos duplica el valor de sus activos, el Gobierno acaba de
acordar con las empresas una rebaja del 8 por ciento en las tarifas. Al mismo tiempo, se
ordenó una auditoría para testear si éstas vienen cumpliendo con las inversiones
previstas en los contratos de explotación de los caminos.u Agua (Etoss): sin formar parte
del ente, María Julia Alsogaray fue la encargada de renegociar los contratos de Aguas
Argentinas. Gracias a ese nuevo pacto, la compañía pudo aumentar las tarifas un 90 por
ciento para financiar mejoras ambientales que deberían estar a cargo de la
concesionaria.u Obras Hídricas (Enohsa): el informe del flamante Ministerio de
Infraestructura denuncia la contratación indiscriminada de consultoras privadas durante
la gestión menemista, por un total de 12 millones de pesos. Según los cálculos
elaborados por los técnicos, la contratación de estudios por ese monto se justificaría
en caso de que se proyecten inversiones por 1000 millones. “Lo cual está muy lejos
de la realidad”, se asegura en el trabajo. Por otra parte, “se observan grandes
irregularidades derivadas de los pagos de anticipos (a las empresas contratadas). Dichos
montos llegan a representar un desproporcionado 60 por ciento sobre el valor total del
contrato”, se añade.u Teléfonos (CNC): la comisión jugó claramente a favor de
Telefónica y Telecom cuando se discutió el rebalanceo tarifario. A pesar de que este
reordenamiento de tarifas debía ser neutro, las licenciatarias obtuvieron mayores
beneficios, pero el ente no defendió a los clientes. Por otra parte, Infraestructura
advierte que el déficit de la Secretaría de Comunicaciones trepa a los 3,46 millones de
pesos. Y que existen deudas con más de cinco años de antigüedad.“La
regularización de los entes de servicios públicos por ley está en nuestros
planes”, señaló en repetidas oportunidades Nicolás Gallo, dejando entrever que la
Alianza está dispuesta a cambiar la historia de los polémicos organismos.
Un Estado en problemas
Los recursos humanos dejados por la administración menemista se encuentran
“sobredimensionados y carentes de especialización técnica”.
Hay contratos celebrados con empresas privadas “plagados de términos confusos y de
irregularidades”.
En la Dirección Nacional de Vialidad “hay una parálisis operativa por la gravedad
de la situación heredada. La situación es catastrófica”, afirma el informe. La
deuda de esa dependencia trepa a los 345 millones de pesos. De esta manera, el presupuesto
de este año (360 millones) sólo servirá para pagar viejas deudas.
De los 9890 millones de dólares en créditos aprobados por diversos organismos de
créditos internacionales (como el BID y el BIRF) para proyectos de infraestructura, sólo
se han desembolsado 2105 millones, el 21,7 por ciento del total.
De los 500 millones de dólares aprobados en 1997 por el BID para sanear la cuenca del
Río Matanza y Riachuelo, sólo se han desembolsado 12 millones, el 0,24 por ciento del
total.
Transporte aerocomercial: La situación de Aerolíneas Argentinas es
“preocupante”. El gobierno anterior dejó una “ausencia de política
aérea”, acusa el documento.
Transporte por agua: “La situación es de emergencia por el mal estado de los equipos
de dragado. El grado de ineficiencia es alto”.
Puertos: La deuda trepa a los 22,6 millones de pesos. “No existen balances aprobados
de la Administración General de Puertos desde 1991”, destaca el informe.
Transporte terrestre: El servicio de colectivos “se encuentra en estado de crisis. La
situación financiera de las empresas de transporte interurbano es delicada”. Por
otra parte, el otorgamiento de permisos para el transporte de carga internacional sufre
una demora de hasta cuatro años. Involucra a un total de 250 solicitudes.
Las viviendas más caras
El informe de los técnicos del flamante ministerio de
Infraestructura fue lapidario a la hora de evaluar el desarrollo de obras públicas del
gobierno de Carlos Menem, en especial en lo que atañe a la construcción de viviendas.
“Se ha desvirtuado el sujeto inicial contemplado en la Ley del Fonavi”,
concluyeron los especialistas de la Alianza que analizaron en detalle la estructura
heredada de la administración anterior. Los funcionarios de la Alianza detectaron
sobrecostos en la construcción de viviendas populares.Según el estudio, el gobierno
pagó un promedio de 20.750 pesos por cada vivienda construida en el marco del plan
Fonavi. Para la Alianza, ese valor duplica en exceso los 9.000 pesos que debería valer,
“como máximo”, una “vivienda social”. “El Fonavi se desvirtuó
porque está destinado a las familias de recursos insuficientes. (En cambio), se
satisfacieron las demandas de los segmentos de población de mayores ingresos”,
añade el documento.Tras el inventario realizado por los técnicos comandados por Nicolás
Gallo, ministro de Infraestructura, la inversión total que el gobierno anterior destinó
al desarrollo urbano –girado a través de la secretaría de Obras Públicas–
trepó a los 10.000 millones de pesos a lo largo de una década. De ese total, el 86 por
ciento se dirigió a construir viviendas y a obras de infraestructura y equipamiento. En
total, bajo la gestión de Carlos Menem, la dependencia oficial tuvo a su cargo la
construcción de 374.630 viviendas, ofreció soluciones habitacionales a 36.214 personas,
realizó 1.111 obras de infraestructura y trabajó sobre 620 proyectos de equipamiento.
”Los entes
reguladores están diseñados más para preservar a las empresas privatizadas que a los
consumidores”. La explosiva definición está incluida en un informe reservado
realizado por los técnicos del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, a cargo de
Nicolás Gallo, amigo personal de Fernando de la Rúa. El trabajo fue especialmente
preparado para que el ministro lo eleve a la Presidencia, con el objetivo de que De la
Rúa tome exacto conocimiento de la situación encontrada por Gallo en las secretarías y
subsecretarías, muchas de las cuales, hasta el 10 de diciembre, estuvieron bajo la
órbita directa de Carlos Menem. En el informe, al que Página/12 tuvo acceso exclusivo,
se reseñan las anormalidades detectadas en una docena de organismos: desde sobrecostos
pagados en la construcción de viviendas y obras paralizadas hasta la existencia de
abultados contratos firmados con consultoras externas y deudas impagas. La falta de
control de las empresas por parte de los entes reguladores aparece como la denuncia más
grave de las realizadas por los funcionarios de la Alianza. Creados a partir de la
privatización de las empresas de servicios públicos, los entes reguladores fueron uno de
los flancos más débiles de la administración menemista. La mayoría de ellos se formó
a través de decretos y sus integrantes fueron nombrados a dedo por el Ejecutivo. Tales
fueron los casos de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), dedicada a inspeccionar
a las empresas telefónicas, y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT), que regula trenes y colectivos. En ellos, los principales sillones fueron ocupados
por funcionarios menemistas. Sólo en los casos de los organismos que se formaron por una
ley del Congreso (el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad y el Ente Regulador
del Gas), sus titulares y directores fueron designados por concurso público. La
diferencia entre una metodología y otra no es menor: los nombramientos directos del
gobierno menemista tiñeron de falta de independencia a los entes, y les quitaron lo que
debería ser su principal condición para ponerse al servicio de los usuarios. De hecho,
en la última década, se contabilizaron numerosos casos en donde quedó revelada la
ineficacia de los órganos reguladores. A continuación, algunos ejemplos del descontrol.u
Energía eléctrica (ENRE): el caso más emblemático de la falta de control por parte del
ente se dio con el apagón que dejó a oscuras medio a Buenos Aires, en febrero del
‘99. Pero existieron advertencias anteriores que fueron desatendidas tanto por el
organismo como por las compañías. En concreto, varios informes de la Auditoría General
de la Nación alertaron sobre anomalías durante los años ‘95 y ‘96. Por
entonces se había detectado un centenar de expedientes sin resolver por accidentes
fatales en la vía pública. Según el trabajo de la AGN, Juan Legisa, titular del ENRE,
no llevaba registros sobre los trabajos de las empresas ni elaboraba actas de
inspección.u Trenes, subtes y colectivos (CNRT): la AGN detectó que para controlar 2400
servicios de trenes y 2000 subterráneos, a través de los cuales se trasladan 2,3
millones de personas diariamente, la comisión sólo reclutó a 26 inspectores. Y que la
mitad de ellos trabajaba media jornada. Más aún, por falta de fondos, el ente dejó ir a
sus técnicos especializados e incorporó personal sin formación específica. “Hay
desorden y falta de control en la CNRT”, definieron los técnicos de Infraestructura.
Al respecto, el informe añade que existen 38.000 sumarios pendientes de resolución
correspondientes en su mayoría a multas y sanciones aplicadas a las empresas
transportistas. “Las multas y sanciones no se pagan”, concluye el informe.
Respecto de los trenes, el Gobierno denunció que la anterior administración dejó
impagas deudas con las empresas. Que haciafin de año deberá abonar 357,8 millones de
pesos, pero que en el Presupuesto del 20000 sólo están pautados 95,8 millones.u Correos:
“Hay una falta de control del Correo por parte del Estado a raíz de poseer recursos
insuficientes: sólo una persona se encarga del control de 6500 puntos de atención
distribuidos en todo el país”, afirma el documento. Por otra parte, califica de
“complejo, confuso y repleto de intereses en pugna” al contrato rubricado por la
administración menemista y Franco Macri en la concesión del Correo Argentino.u
Aeropuertos (Orsna): hasta hace muy poco, estuvo comandado por el menemista Rodolfo Barra.
Durante su gestión, el actual auditor general de la Nación se negó a organizar
audiencias públicas y no llamó a concurso para designar al centenar de funcionarios que
lo acompañaron.u Gas (Enargás): “Es de público conocimiento la falta de debido
control por parte de las autoridades (del ente). La ciudad está minada de parches y
baches producto de cubrimientos deficientes”, estableció en un fallo la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo a raíz de una denuncia hecha contra la
distribuidora Metrogás. u Peajes: dada la altísima rentabilidad de las empresas
constructoras, que en algunos casos duplica el valor de sus activos, el Gobierno acaba de
acordar con las empresas una rebaja del 8 por ciento en las tarifas. Al mismo tiempo, se
ordenó una auditoría para testear si éstas vienen cumpliendo con las inversiones
previstas en los contratos de explotación de los caminos.u Agua (Etoss): sin formar parte
del ente, María Julia Alsogaray fue la encargada de renegociar los contratos de Aguas
Argentinas. Gracias a ese nuevo pacto, la compañía pudo aumentar las tarifas un 90 por
ciento para financiar mejoras ambientales que deberían estar a cargo de la
concesionaria.u Obras Hídricas (Enohsa): el informe del flamante Ministerio de
Infraestructura denuncia la contratación indiscriminada de consultoras privadas durante
la gestión menemista, por un total de 12 millones de pesos. Según los cálculos
elaborados por los técnicos, la contratación de estudios por ese monto se justificaría
en caso de que se proyecten inversiones por 1000 millones. “Lo cual está muy lejos
de la realidad”, se asegura en el trabajo. Por otra parte, “se observan grandes
irregularidades derivadas de los pagos de anticipos (a las empresas contratadas). Dichos
montos llegan a representar un desproporcionado 60 por ciento sobre el valor total del
contrato”, se añade.u Teléfonos (CNC): la comisión jugó claramente a favor de
Telefónica y Telecom cuando se discutió el rebalanceo tarifario. A pesar de que este
reordenamiento de tarifas debía ser neutro, las licenciatarias obtuvieron mayores
beneficios, pero el ente no defendió a los clientes. Por otra parte, Infraestructura
advierte que el déficit de la Secretaría de Comunicaciones trepa a los 3,46 millones de
pesos. Y que existen deudas con más de cinco años de antigüedad.“La
regularización de los entes de servicios públicos por ley está en nuestros
planes”, señaló en repetidas oportunidades Nicolás Gallo, dejando entrever que la
Alianza está dispuesta a cambiar la historia de los polémicos organismos. 
Los recursos humanos dejados por la administración menemista se encuentran
“sobredimensionados y carentes de especialización técnica”.