AUN NO ENTREGO SU DECLARACION JURADA DE BIENES Erman guarda su fortuna en secreto
Cuando renunció, el ex ministro de
Trabajo debía hacer unapresentación ante la Oficina de Etica Pública. No la hizo,
ydesde la Oficina Anticorrupción fue intimado. El misterio.
Erman tenía que decir a cuánto
ascendía su riqueza cuando dejó el Ministerio de Trabajo.
José Massoni lo intimó el viernes, “recordándole que la falta de
presentación es reputada falta grave”.
Por I. H.
Aunque un decreto del año
pasado lo obligaba a declarar públicamente su patrimonio, Antonio Erman González
prefirió guardar su fortuna en secreto. En un escrito dirigido a la vieja Oficina de
Etica Pública, el ex ministro de Trabajo dijo que no daba a conocer el inventario de sus
pertenencias porque no le correspondía de acuerdo al cronograma de declaraciones anuales.
Sin embargo, el titular de la Oficina Anticorrupción, José Masssoni, no parece estar
dispuesto a tolerar la triquiñuela. En una intimación que le envió el viernes, le
refrescó que todo funcionario debe hacer su declaración jurada de bienes al cesar en
funciones y le dio un plazo de cinco días hábiles para que lo hiciera,
“recordándole –dice la intimación– que la falta de presentación es
reputada falta grave”. Al poco tiempo que se supo que cobraba una jubilación de
privilegio cercana a los 8000 pesos y que había percibido un retroactivo de 200 mil, al
margen de su sueldo de 9700, Erman González abandonó su cargo en la cartera laboral.
Había quedado en una posición delicada, ante todo por la impertinencia de la suma en
tiempos de recorte presupuestario y frente al bajísimo monto de las jubilaciones comunes.
El gobierno de Carlos Menem le aceptó la renuncia el 21 de mayo último. Desde ese día
tenía como plazo otros diez para declarar su patrimonio. Así lo establecía el decreto
41/99 con el que el 27 de enero del año pasado se aprobó el Código de Etica de la
Función Pública. Esta norma, además de obligar a los integrantes de la Administración
Nacional a decir anualmente y al cesar en funciones todo lo que poseen, había traído
otra novedad crucial: las confesiones patrimoniales serían de acceso público. Antes
sólo debían presentarlas en la Escribanía General de la Nación, eran confidenciales y
sólo se podían ver con la orden de un juez. Actualmente las declaraciones de los
funcionarios están a disposición de la población en el Departamento de Declaraciones
Juradas de la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. El sistema ahora está regulado por la Ley de Etica Pública, que fue finalmente
reglamentada hace 15 días. Pero parece que a Erman tanta visibilidad no le convence. En
1993 había manifestado por escrito ante Poder Ciudadano que el valor de sus posesiones
ascendía a 213 mil pesos entre inmuebles, una explotación agropecuaria y un auto. Sin
embargo, el año pasado se mostró reticente a revelar públicamente su patrimonio actual.
“Desde la pobreza llegué a los niveles más altos gracias a que me incliné con
dedicación y capacidad al trabajo”, declaró Erman a raíz del escandalete por la
jubilación especial. Después dijo que pensaba donar el millonario retroactivo que había
abultado su bolsillo pero nunca se supo a qué institución fue a parar. Tiempo después,
una denuncia de un particular ante la Oficina de Etica –que con el cambio de gobierno
fue absorbida por el organismo que coordina Massoni– pedía que el ex funcionario
diera a conocer sus bienes. El entonces titular de Etica, el hipermenemista ex decano de
Medicina (UBA) Luis Nicolás Ferreira, lo intimó por primera vez en octubre. González
respondió por escrito “que él ya había cumplido con sus obligaciones ante la
Escribanía, pero que no lo hacía ante el área de Etica porque según el cronograma de
renovación anual de las declaraciones juradas le habría tocado hacerlo un mes después
de su renuncia; de todos modos, decía, si no lo quedaba otra haría el trámite”,
informó a Página/12 un allegado al área Anticorrupción. Según reveló el mismo
vocero, “el expediente estaba casi escondido en oficina de Ferreira, a punto de ser
archivado”. Lo encontraron la semana pasada mientras ponían los papeles de la nueva
área Anticorrupción en orden. Y Massoni firmó la nueva intimación, la primera
notificación formal que hace el organismo. En el texto aclara que lo que González adeuda
no es la renovación anual de su declaración sino la que debe hacer por ley aldejar su
puesto. Si esta vez no cumple, el tema podría derivar en una denuncia judicial. En estos
días los integrantes del área contra la corrupción están sumergidos en la revisión de
las declaraciones presentadas por funcionarios del gobierno de Menem. Mientras tanto, los
nuevos funcionarios tienen hasta fines de este mes para entregar sus propios formularios
detallando sus bienes. Si no cumplen, hasta podrían quitarles sus haberes.
EL MENEMISMO APURA LA REUNION DE LA CUPULA DEL
PJ Contando los pocos porotos
Carlos
Menem ya sabe que su ex vicepresidente, Carlos Ruckauf, no se encuentra entre los aliados
que necesita para recuperar el centro de la escena. El gobernador bonaerense comenzó a
transitar los días del posmenemismo y convocó a un encuentro del Congreso Nacional
Justicialista, ámbito en el que los gobernadores del PJ pisan fuerte. El anuncio
debilitó las expectativas de los menemistas, que pretendían a su vez convocar al Consejo
Nacional del partido, controlado por los hombres del ex presidente, con el objeto de
delinear la estrategia política del PJ ante el gobierno de la Alianza, pese a que César
Arias volvió ayer a insistir con la “inminente” realización del cónclave que
aún no tiene fecha ni lugar de encuentro. Ruckauf se instaló en la interna que sostienen
Menem y Duhalde, quienes ahora se disputan el control del partido para quedarse con la
representación de la oposición durante los próximos cuatro años. El gobernador de la
provincia de Buenos Aires privilegió el espacio del poder real para definir la estrategia
del PJ, que después de diez años de oficialismo ahora juega en la oposición. “El
ámbito de análisis para establecer la unidad de criterios del justicialismo debe ser el
Congreso nacional, donde es preciso que participen todos los gobernadores y presidentes de
distrito en busca de una actitud responsable”, aseguró el mandatario bonaerense. El
menemista César Arias, por su parte, confirmó ayer la intención de convocar al Consejo
Nacional partidario, aunque aclaró que la fecha se encuentra supeditada a lo que el
“ex presidente Menem decida”. Y agregó que ya sea a fines de enero o a
principios de febrero “la reunión del Consejo Nacional partidario es un hecho cierto
a fin de lograr la presencia de los integrantes de la mesa del cuerpo”, dijo Arias,
quien junto al senador Eduardo Bauza ya hacen las cuentas de los dirigentes que estarían
dispuestos a acudir a la convocatoria. No serían muchos. Ocurre que los caciques
justicialistas se van a cuidar muy bien de no entrar en enfrentamientos con sus
gobernadores, que hoy por hoy son quienes tienen el poder. Entre ellos el propio Ruckauf y
el santafesino Carlos Reutemann, vicepresidente del Congreso Nacional que preside Eduardo
Duhalde. Ruckauf, quien ayer le quitó importancia a la convocatoria del Consejo Nacional
impulsada por el menemismo, propuso que el congreso partidario debería delinear un rol
opositor “responsable, aunque algún político se ofenda porque crea que hay que
encerrarse en la cáscara de su propio partido”, y sostuvo que no hay que
“trabar la obra de gobierno” del presidente Fernando de la Rúa.
Aunque un decreto del año
pasado lo obligaba a declarar públicamente su patrimonio, Antonio Erman González
prefirió guardar su fortuna en secreto. En un escrito dirigido a la vieja Oficina de
Etica Pública, el ex ministro de Trabajo dijo que no daba a conocer el inventario de sus
pertenencias porque no le correspondía de acuerdo al cronograma de declaraciones anuales.
Sin embargo, el titular de la Oficina Anticorrupción, José Masssoni, no parece estar
dispuesto a tolerar la triquiñuela. En una intimación que le envió el viernes, le
refrescó que todo funcionario debe hacer su declaración jurada de bienes al cesar en
funciones y le dio un plazo de cinco días hábiles para que lo hiciera,
“recordándole –dice la intimación– que la falta de presentación es
reputada falta grave”. Al poco tiempo que se supo que cobraba una jubilación de
privilegio cercana a los 8000 pesos y que había percibido un retroactivo de 200 mil, al
margen de su sueldo de 9700, Erman González abandonó su cargo en la cartera laboral.
Había quedado en una posición delicada, ante todo por la impertinencia de la suma en
tiempos de recorte presupuestario y frente al bajísimo monto de las jubilaciones comunes.
El gobierno de Carlos Menem le aceptó la renuncia el 21 de mayo último. Desde ese día
tenía como plazo otros diez para declarar su patrimonio. Así lo establecía el decreto
41/99 con el que el 27 de enero del año pasado se aprobó el Código de Etica de la
Función Pública. Esta norma, además de obligar a los integrantes de la Administración
Nacional a decir anualmente y al cesar en funciones todo lo que poseen, había traído
otra novedad crucial: las confesiones patrimoniales serían de acceso público. Antes
sólo debían presentarlas en la Escribanía General de la Nación, eran confidenciales y
sólo se podían ver con la orden de un juez. Actualmente las declaraciones de los
funcionarios están a disposición de la población en el Departamento de Declaraciones
Juradas de la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. El sistema ahora está regulado por la Ley de Etica Pública, que fue finalmente
reglamentada hace 15 días. Pero parece que a Erman tanta visibilidad no le convence. En
1993 había manifestado por escrito ante Poder Ciudadano que el valor de sus posesiones
ascendía a 213 mil pesos entre inmuebles, una explotación agropecuaria y un auto. Sin
embargo, el año pasado se mostró reticente a revelar públicamente su patrimonio actual.
“Desde la pobreza llegué a los niveles más altos gracias a que me incliné con
dedicación y capacidad al trabajo”, declaró Erman a raíz del escandalete por la
jubilación especial. Después dijo que pensaba donar el millonario retroactivo que había
abultado su bolsillo pero nunca se supo a qué institución fue a parar. Tiempo después,
una denuncia de un particular ante la Oficina de Etica –que con el cambio de gobierno
fue absorbida por el organismo que coordina Massoni– pedía que el ex funcionario
diera a conocer sus bienes. El entonces titular de Etica, el hipermenemista ex decano de
Medicina (UBA) Luis Nicolás Ferreira, lo intimó por primera vez en octubre. González
respondió por escrito “que él ya había cumplido con sus obligaciones ante la
Escribanía, pero que no lo hacía ante el área de Etica porque según el cronograma de
renovación anual de las declaraciones juradas le habría tocado hacerlo un mes después
de su renuncia; de todos modos, decía, si no lo quedaba otra haría el trámite”,
informó a Página/12 un allegado al área Anticorrupción. Según reveló el mismo
vocero, “el expediente estaba casi escondido en oficina de Ferreira, a punto de ser
archivado”. Lo encontraron la semana pasada mientras ponían los papeles de la nueva
área Anticorrupción en orden. Y Massoni firmó la nueva intimación, la primera
notificación formal que hace el organismo. En el texto aclara que lo que González adeuda
no es la renovación anual de su declaración sino la que debe hacer por ley aldejar su
puesto. Si esta vez no cumple, el tema podría derivar en una denuncia judicial. En estos
días los integrantes del área contra la corrupción están sumergidos en la revisión de
las declaraciones presentadas por funcionarios del gobierno de Menem. Mientras tanto, los
nuevos funcionarios tienen hasta fines de este mes para entregar sus propios formularios
detallando sus bienes. Si no cumplen, hasta podrían quitarles sus haberes.