Hace poco el camarista Leopoldo Schiffrin planteó la despenalización de las drogas desde el plano jurídico, y desde el ángulo de la medicina hizo lo propio el toxicólogo Alejandro Carrá. El asunto adquiere ahora mayor relieve, cuando el Congreso nacional es presionado para sancionar una ley contra el narcolavado.Me parece que es hora de empezar un debate serio y no dogmático sobre la despenalización de las drogas, lo cual sería mucho más importante que el presunto castigo a consecuencias como el narcolavado. Un debate orientado a terminar con la hipocresía que hoy permite la penalización selectiva y a establecer un control estatal fuerte, responsable y solidario.Los daños individuales y colectivos derivados del tráfico y el consumo de drogas tornan urgente que la sociedad argentina afronte esta cuestión, generalmente tapada por gritones y dogmáticos que, uno sospecharía, aparte de declamaciones y puritanismo quizá tengan también algunos intereses en este comercio...A comienzos del ‘96 Ruth Cardoso, respetada antropóloga de renombre internacional y esposa del presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, se pronunció abiertamente a favor de despenalizar el consumo de marihuana. Lo hizo en un programa de televisión dedicado a la juventud e inmediatamente el ministro de Educación Paulo Renato de Souza se vio forzado a discrepar públicamente con la primera dama. Por aquellos días, el novelista mexicano Carlos Fuentes razonó en un artículo periodístico: “México es el principal conductor de droga a los Estados Unidos y Colombia el principal productor. Pero los Estados Unidos son el principal consumidor: sin la demanda norteamericana no habría ni producción colombiana ni intermediación mexicana. Sin embargo, se sataniza y persigue a la oferta y se santifica a la demanda. ¿Cuándo se decidirá la comunidad internacional a legalizar el uso de estupefacientes, borrando de un golpe la razón de ser del narcotráfico?”. En la Argentina hubo un notable silencio al respecto, a pesar de que es obvio que en la última década nuestro país “creció” en los tres campos: producción, conducción (tráfico) y consumo.Pero el pronunciamiento más contundente –y el más inesperado– provino de uno de los máximos dirigentes de la derecha ultraconservadora norteamericana, William F. Buckley Jr., editor de la revista National Review: “La batalla (contra la droga) se ha perdido, y su costo ha sido mucho más doloroso, en todas sus expresiones, que si se permitiese la venta libre de drogas y se combinase esta medida con una educación intensiva de los no usuarios y una instrucción que sirviese de advertencia para los que experimentan con drogas”, escribió a fines de 1995. En la Argentina sus camaradas de ideología hicieron riguroso mutis al respecto.Pero lo mejor que Cardoso, Fuentes y Buckley Jr. consiguieron fue que el asunto se instalara como tema de discusión en esos países.En un encuentro organizado en Caracas por la productora televisiva HBO Olé, media docena de intelectuales hablábamos hace poco de las perspectivas culturales del próximo milenio. Cuando propuse que el gran tema cultural del siglo XXI sería la despenalización de las drogas, todos adhirieron y durante tres horas no se habló de otra cosa.Y es que la despenalización de la droga no es una cuestión de derechas o de izquierdas, sino que es un drama contemporáneo que de una vez hay que discutir y resolver sin hipocresía. Narcotráfico y drogadicción son temas de la cultura de nuestro tiempo, dado su gigantesco poder corruptor sobre sociedades indefensas donde desempleo, desnutrición, ignorancia y resentimiento son un formidable caldo de cultivo. Sería bueno que las nuevas autoridades nacionales inauguraran un debate serio que replantee una Política de Estado sobre las Drogas, que por lo menos contemple:a) La despenalización del consumo de ciertas drogas y la sanción de un nuevo conjunto legislativo que mejore el combate contra el tráfico ilegal. Para ello es urgente analizar el sistema actual de penalidades, en paralelo con la resolución del problema más grande que tiene la Argentina: la pésima administración de justicia y la corrupción policial y carcelaria.b) La reestructuración de las distintas secretarías del área, que durante el menemismo demostraron una supina inutilidad: gastaron decenas de millones para solamente detener a traficantes de menor cuantía y algunos pocos consumidores.c) La aplicación del máximo rigor de la ley a quienes vendan drogas a chicos y jóvenes en los establecimientos educativos, en paralelo con la organización de tejidos de solidaridad entre docentes, padres y los mismos estudiantes. Esto sería mucho más eficaz y barato que los dizque “operativos antidrogas”.d) La reorganización de campañas de información serias y completas, que esclarezcan a la sociedad y la ayuden a comprender y debatir mejor la despenalización.Lo que es más urgente es el desmantelamiento del actual negocio de las “familias” mafiosas para que, en todo caso, al negocio lo asuman y controlen los propios Estados. Si es verdad que la industria clandestina de la droga ocupa tierras fértiles y mano de obra campesina en toda América latina, y aparentemente también en nuestro país, ¿no sería mejor que esa producción estuviera controlada por el Estado y eventualmente administrada en forma mixta y debidamente regulada? Así se combatiría el contrabando, se apagarían focos de corrupción y se obtendrían fabulosos ingresos si se aplicaran impuestos a esta actividad. Finalmente, con el control eficaz de este negocio se podrían destinar grandes recursos para mejorar las campañas contra los daños de la drogadicción y para la eficaz recuperación de sus víctimas. Así, lo que hoy es un negocio multimillonario que no beneficia a ninguna sociedad y las afecta a todas, se convertiría incluso en una fuente de empleos y recursos. Y el producido de la industria y el comercio de drogas no beneficiaría a unos pocos sino a toda la sociedad.

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