Pinochet ya armaba las valijas, pero los médicos prenden luz
roja
El jefe de la junta
médica que examinó al ex dictador salió a contradecir al ministro del Interior Jack
Straw, quien había postulado la liberación de Pinochet por razones humanitarias basado
en conclusiones “inequívocas” acerca de su salud. Y Straw aparece muy
debilitado.
Jack Straw se “lamentó” de no poder divulgar el informe médico.
Puesto contra las cuerdas, echó la culpa a la defensa del general.
Página/12 en Gran Bretaña Por Marcelo Justo Desde Londres
La vuelta de
Pinochet a Chile se complica. En una inusual interrupción de su descanso dominguero, el
ministro del Interior Jack Straw declaró a la televisión británica que
“lamentaba” no poder dar a conocer el informe médico sobre la salud del
general. “Comparto la frustración de los países que pidieron la extradición y de
las organizaciones de derechos humanos, pero los abogados del senador Pinochet, a pesar de
un expreso pedido de mi parte, se negaron a que diera a conocer el informe”, indicó
Straw. Las declaraciones del ministro del Interior salieron al cruce de la tormenta
desatada por un artículo publicado ayer por el dominical The Observer en el que Sir John
Grimley Evans, jefe del equipo de cuatro doctores que examinaron al ex dictador el pasado
5 de enero, desmintió abiertamente la explicación que dio Straw a la Cámara de los
Comunes para suspender de manera “preliminar” el proceso de extradición. En el
artículo, Evans revela que en ningún momento el panel de cuatro expertos dijo que el
estado de salud del general Pinochet no le permitía ser sometido a juicio. Puesto a la
defensiva por las declaraciones de Evans, el ministro pasó la pelota a la defensa del
general Pinochet. “Espero que la defensa reconsidere su posición. Desde mi punto de
vista preferiría que los Estados y las organizaciones de derechos humanos vieran el
informe y juzgaran por sí mismos”, indicó Straw. Según el ministro, la defensa se
refugió hasta el momento en un tecnicismo del derecho inglés, la confidencialidad de los
informes médicos, para oponerse a esa posibilidad. En las declaraciones a The Observer,
el doctor Evans indicó que el general Pinochet podría recuperarse de la condición
médica que le diagnosticaron y que constituye el fundamento de la decisión
“preliminar” de Straw de suspender el proceso de extradición del general a
España. “Nada en medicina es ciento por ciento. Acá se trata de
probabilidades”, señaló el facultativo. Comprometiendo aún más al ministro del
Interior, Evans añadió que la conclusión “inequívoca” pertenece a Straw y no
al panel médico. “El dictamen que dimos fue unánime. Pero no inequívoco. Este es
un término legal, no médico. Es un juicio que hizo él (Jack Straw). Nosotros dimos una
lista de hechos médicos. Si esto constituyen razones inequívocas para que no sea
sometido a juicio, es algo que cae fuera de nuestra competencia”, declaró a The
Observer.Straw dio un plazo que vence mañana para que las partes intervinientes en el
caso presenten sus argumentos legales a favor o en contra de la decisión
“preliminar” de suspender el proceso de extradición. En España, el juez
Baltasar Garzón solicitó que, ante la imposibilidad de ver los informes médicos, se
sometiera al general a un nuevo examen para determinar su estado de salud. Un grupo de
cuatro organizaciones de derechos humanos encabezadas por Amnesty International indicaron
que también presentarían argumentos legales basados en la necesidad de pedir una nueva
prueba o tener acceso a los informes médicos.Expertos en los campos de la gerontología y
la neuropsicología consultados por las organizaciones de derechos humanos y por
Página/12 coinciden en que las seis horas de tests físicos y psicológicos a los que se
sometió el general el 5 de enero podrían no ser confiables. Uno de los principales
argumentos es que la fecha estaba anunciada con antelación y que por lo tanto el general
tuvo tiempo de prepararse para que el examen diese un resultado favorable a su liberación
“por razones humanitarias”. El otro es que los tests no se pueden tomar durante
seis horas en el mismo día, sobre todo en una persona de 84 años. Un tercer elemento que
se esgrimirá entre los argumentos legales de las organizaciones de derechos humanos es
que sólo dos de los cuatro expertos dominan el castellano. Lafiabilidad de las labores
del traductor en los otros dos médicos es otro punto frágil del examen. En su
comparecencia en la Cámara de los Comunes el miércoles pasado, el ministro Straw afirmó
que el senador vitalicio no estaba en condiciones de “seguir un proceso judicial, dar
instrucciones inteligentes a quienes lo representan y ofrecer una declaración
coherente”. Los expertos coinciden en que, para llegar a esa conclusión, la
neuropsicóloga presente, la mexicana María Wyke, debió hacerle tests de memoria,
velocidad de aprendizaje y percepción. “Un modo de revalidar los tests, es decir, de
probar su confiabilidad, es tomar un test similar unos días después, para ver si los
resultados son aproximadamente los mismos. Esto no se hizo”, indicó a Página/12 una
de las autoridades más reconocidas en Gran Bretaña, el neuropsicólogo Jeffrey Alan
Gray, quien aclaró que tiene el mayor de los respetos por el profesionalismo de Wyke.Por
su parte, Jack Straw se juega esta semana su futuro político. Sus tribulaciones
comenzaron hace 10 días con unas extemporáneas declaraciones suyas en las que acusaba a
los ingleses de “violentos”, siguieron con una polémica reforma judicial que
quita el derecho del juicio por jurados a los acusados de robos y otros delitos menores, y
terminó con el ingreso ayer a Gran Bretaña del boxeador estadounidense Mike Tyson, a
pesar de que la ley británica prohíbe la entrada de extranjeros que hayan ido a prisión
por más de un año (como fue el caso del boxeador por violar a una modelo).Pero la bomba
que puede explotarle en la mano y deshacer sus sueños políticos de convertirse algún
día en el heredero del primer ministro Tony Blair es indudablemente el caso Pinochet. El
detonante podría ser la acusación de que engañó a la Cámara de los Comunes, la
aparición en Chile de un general Pinochet lúcido y sonriente (si suspende la
extradición) o su repentino deceso en Gran Bretaña (si no lo hace).
”YA NADIE QUEDA POR ENCIMA DE
LA LEY ”Un precedente para dictadores
The Guardian de Gran
Bretaña Por Ian Black Desde Bruselas
Si los
tiranos del pasado y del presente temblaron cuando Augusto Pinochet fue detenido en Gran
Bretaña, algunos de ellos deben estar suspirando de alivio ahora que parece que lo
enviarán de vuelta a casa sin ser procesado. Pero es probable que pocos estén planeando
unas despreocupadas vacaciones en el extranjero, debido a que el principio vital que
estableció el caso –que los dictadores no pueden cometer crímenes y luego disfrutar
de un cómodo retiro y un tratamiento VIP– va a durar mucho más que el retorno del
general Pinochet a Chile (si se concreta). Dejando de lado las consideraciones de salud y
las que hacen a la política británica, se ha establecido firmemente que los ex jefes de
Estado no pueden refugiarse en la llamada “inmunidad soberana” para evitar ser
procesados por violaciones a los derechos humanos. “Quedó establecido el precedente
de que la inmunidad no se aplica cuando ocurren violaciones espantosas a los derechos
humanos”, afirma Marc Weller, de la Universidad de Cambridge. Incluso los
antipinochetistas más militantes, desilusionados ante el último giro de las cosas,
admiten ese logro. “Es una vergüenza que Pinochet posiblemente nunca tenga que
enfrentar un juicio, pero el mismo hecho de que haya sido arrestado y de que sus crímenes
fueran presentados ante un tribunal ya ha cambiado los cálculos de los dictadores de todo
el mundo –dijo esta semana Reed Brody, de Human Rights Watch–. Nos hubiera
encantado ver a sus víctimas ganar la partida ante los tribunales. Pero se ha establecido
el principio de que nadie está por encima de la ley y que todos los países tienen la
responsabilidad de llevar a la Justicia a los acusados de los peores abusos.”Desde
que Pinochet fue arrestado, se han registrado avances notables. Slobodan Milosevic, el
presidente yugoslavo, y cuatro de sus principales asesores han sido procesados (en
ausencia) por el Tribunal de Crímenes de Guerra de La Haya. Exiliados iraquíes,
respaldados por Estados Unidos, están tratando de procesar a Saddam Hussein. Izzat
Ibrahim, un vicepresidente de Irak, huyó de Austria el año pasado cuando supo que podía
ser arrestado. Tarik Aziz, viceprimer ministro del régimen, canceló una visita a Italia
por la misma razón. En la liga de los dictadores retirados, los candidatos a recibir el
tratamiento Pinochet incluyen a Idi Amin, el ex presidente de Uganda –que actualmente
vive en Arabia Saudita-, Suharto de Indonesia y “Baby Doc” Duvalier de Haití,
exiliado en Francia.Antes del general Pinochet, la ley internacional estableció que el
genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad podían ser
procesados por cualquier tribunal. Pero se trataba más de una propuesta, que no era
seguro que los gobiernos estuvieran dispuestos a llevar a cabo. En un sentido más amplio,
el caso Pinochet sirvió para reforzar la disposición de los gobiernos democráticos de
entregar a los tribunales los casos de crímenes contra los derechos humanos. “De
modo que si usted fuera un dictador retirado, tendría que estar muy seguro de que el
gobierno del país que quisiera visitar tiene al Poder Judicial bajo su mando antes de ir
allí. Los santuarios se están volviendo cada vez menos seguros”, dijo un
diplomático.
Fe de erratas Por un lamentable error técnico, el nombre del neuropsicólogo
británico Jeffrey Alan Gray, una de las autoridades más renombradas en esa área
clínica de su país, apareció como Jeffrey Alan Howard en el reportaje de Marcelo Justo
que este diario publicó en su edición de ayer domingo 16 sobre los exámenes médicos al
ex dictador Augusto Pinochet, y donde el especialista adelantaba lo divulgado ayer por The
Observer con las declaraciones del jefe de la junta médica que lo examinó: que los
resultados de los análisis nunca pueden ser considerados “inequívocos”.
Nuestras sinceras disculpas al entrevistado.
La vuelta de
Pinochet a Chile se complica. En una inusual interrupción de su descanso dominguero, el
ministro del Interior Jack Straw declaró a la televisión británica que
“lamentaba” no poder dar a conocer el informe médico sobre la salud del
general. “Comparto la frustración de los países que pidieron la extradición y de
las organizaciones de derechos humanos, pero los abogados del senador Pinochet, a pesar de
un expreso pedido de mi parte, se negaron a que diera a conocer el informe”, indicó
Straw. Las declaraciones del ministro del Interior salieron al cruce de la tormenta
desatada por un artículo publicado ayer por el dominical The Observer en el que Sir John
Grimley Evans, jefe del equipo de cuatro doctores que examinaron al ex dictador el pasado
5 de enero, desmintió abiertamente la explicación que dio Straw a la Cámara de los
Comunes para suspender de manera “preliminar” el proceso de extradición. En el
artículo, Evans revela que en ningún momento el panel de cuatro expertos dijo que el
estado de salud del general Pinochet no le permitía ser sometido a juicio. Puesto a la
defensiva por las declaraciones de Evans, el ministro pasó la pelota a la defensa del
general Pinochet. “Espero que la defensa reconsidere su posición. Desde mi punto de
vista preferiría que los Estados y las organizaciones de derechos humanos vieran el
informe y juzgaran por sí mismos”, indicó Straw. Según el ministro, la defensa se
refugió hasta el momento en un tecnicismo del derecho inglés, la confidencialidad de los
informes médicos, para oponerse a esa posibilidad. En las declaraciones a The Observer,
el doctor Evans indicó que el general Pinochet podría recuperarse de la condición
médica que le diagnosticaron y que constituye el fundamento de la decisión
“preliminar” de Straw de suspender el proceso de extradición del general a
España. “Nada en medicina es ciento por ciento. Acá se trata de
probabilidades”, señaló el facultativo. Comprometiendo aún más al ministro del
Interior, Evans añadió que la conclusión “inequívoca” pertenece a Straw y no
al panel médico. “El dictamen que dimos fue unánime. Pero no inequívoco. Este es
un término legal, no médico. Es un juicio que hizo él (Jack Straw). Nosotros dimos una
lista de hechos médicos. Si esto constituyen razones inequívocas para que no sea
sometido a juicio, es algo que cae fuera de nuestra competencia”, declaró a The
Observer.Straw dio un plazo que vence mañana para que las partes intervinientes en el
caso presenten sus argumentos legales a favor o en contra de la decisión
“preliminar” de suspender el proceso de extradición. En España, el juez
Baltasar Garzón solicitó que, ante la imposibilidad de ver los informes médicos, se
sometiera al general a un nuevo examen para determinar su estado de salud. Un grupo de
cuatro organizaciones de derechos humanos encabezadas por Amnesty International indicaron
que también presentarían argumentos legales basados en la necesidad de pedir una nueva
prueba o tener acceso a los informes médicos.Expertos en los campos de la gerontología y
la neuropsicología consultados por las organizaciones de derechos humanos y por
Página/12 coinciden en que las seis horas de tests físicos y psicológicos a los que se
sometió el general el 5 de enero podrían no ser confiables. Uno de los principales
argumentos es que la fecha estaba anunciada con antelación y que por lo tanto el general
tuvo tiempo de prepararse para que el examen diese un resultado favorable a su liberación
“por razones humanitarias”. El otro es que los tests no se pueden tomar durante
seis horas en el mismo día, sobre todo en una persona de 84 años. Un tercer elemento que
se esgrimirá entre los argumentos legales de las organizaciones de derechos humanos es
que sólo dos de los cuatro expertos dominan el castellano. Lafiabilidad de las labores
del traductor en los otros dos médicos es otro punto frágil del examen. En su
comparecencia en la Cámara de los Comunes el miércoles pasado, el ministro Straw afirmó
que el senador vitalicio no estaba en condiciones de “seguir un proceso judicial, dar
instrucciones inteligentes a quienes lo representan y ofrecer una declaración
coherente”. Los expertos coinciden en que, para llegar a esa conclusión, la
neuropsicóloga presente, la mexicana María Wyke, debió hacerle tests de memoria,
velocidad de aprendizaje y percepción. “Un modo de revalidar los tests, es decir, de
probar su confiabilidad, es tomar un test similar unos días después, para ver si los
resultados son aproximadamente los mismos. Esto no se hizo”, indicó a Página/12 una
de las autoridades más reconocidas en Gran Bretaña, el neuropsicólogo Jeffrey Alan
Gray, quien aclaró que tiene el mayor de los respetos por el profesionalismo de Wyke.Por
su parte, Jack Straw se juega esta semana su futuro político. Sus tribulaciones
comenzaron hace 10 días con unas extemporáneas declaraciones suyas en las que acusaba a
los ingleses de “violentos”, siguieron con una polémica reforma judicial que
quita el derecho del juicio por jurados a los acusados de robos y otros delitos menores, y
terminó con el ingreso ayer a Gran Bretaña del boxeador estadounidense Mike Tyson, a
pesar de que la ley británica prohíbe la entrada de extranjeros que hayan ido a prisión
por más de un año (como fue el caso del boxeador por violar a una modelo).Pero la bomba
que puede explotarle en la mano y deshacer sus sueños políticos de convertirse algún
día en el heredero del primer ministro Tony Blair es indudablemente el caso Pinochet. El
detonante podría ser la acusación de que engañó a la Cámara de los Comunes, la
aparición en Chile de un general Pinochet lúcido y sonriente (si suspende la
extradición) o su repentino deceso en Gran Bretaña (si no lo hace).