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Los senadores justicialistas van a dar batalla con su propio proyecto

El bloque del PJ de la Cámara alta está elaborando una reforma laboral alternativa a la que propone el gobierno de la Alianza. El responsable de redactarla es el enterriano Héctor Maya, que cuenta con el apoyo de Eduardo Menem, quien ayer se entrevistó con Fernando de la Rúa.

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Por Adrián H. Mouján
t.gif (862 bytes)  El bloque de senadores justicialistas manifestó su oposición a la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional y ya comenzó a diseñar un proyecto alternativo, ya que considera que la iniciativa presentada por la Alianza "precariza los contratos laborales". Pero además la bancada peronista no quiere cargar con el sayo de haber hecho naufragar una iniciativa oficialista en tiempos de primavera entre la ciudadanía y la Alianza. La redacción del proyecto está a cargo del entrerriano Héctor Maya, y será analizado por la mesa del bloque peronista a fines de enero, ya que casi toda la Cámara alta está de vacaciones, y además la iniciativa aliancista debe pasar primero por Diputados. Si el PJ rechaza la iniciativa oficial y presenta la propia, se generaría un conflicto reglamentario que haría naufragar la reforma que busca el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique.

Eduardo Menem se entrevistó ayer con Fernando de la Rúa para tratar la situación financiera de La Rioja, pero también para conversar sobre la reforma laboral. Consultado por Página/12, Maya cuestionó la iniciativa oficial al señalar que "con su proyecto, el Gobierno pretende solucionar el problema de la desocupación a partir de la precarización laboral, en cambio, nuestra iniciativa apunta a otro ámbito, queremos generar medidas activas que permiten la creación de miles de empleos". Pero la idea de Maya choca con el reglamento legislativo, ya que según explicó a este diario el riojano Jorge Yoma, "si la ley tiene media aprobación de Diputados, en el Senado tenemos que tratar esa iniciativa, y eso nos deja dos caminos: rechazarla en general en el recinto, con lo cual no puede volverse a tratar en lo que queda del año, tal como establece la Constitución; o cajonearla y así crear el ámbito para un acuerdo político que permita al Gobierno estudiar nuestra iniciativa y que las dos cámaras la aprueben".

En el bloque del PJ no cayó bien la iniciativa oficial, pero tanto Maya como otros senadores justicialistas marcaron una diferencia entre De la Rúa y su ministro de Trabajo, Alberto Flamarique. "Es ponderable que el presidente De la Rúa haya enviado el proyecto para que lo debatamos y lo analicemos, y que no haya tratado de introducirlo por decreto", señaló Maya. Uno de sus compañero de bancada, representante del NOA, se refirió en duros términos al titular de la cartera laboral. "Si Flamarique no termina con su prepotencia, le vamos a rebotar el proyecto, y él va a tener un oscuro final como el que tuvo (Antonio) Mucci", el ex ministro de Trabajo de Raúl Alfonsín, que luego de que el Congreso le rebotara un proyecto de reforma gremial, debió dejar su cargo, recaló en la embajada ante Ecuador y no volvió a aparecer en la escena política nacional.

El hecho de que Maya esté trabajando en el proyecto es toda una señal para la interna del bloque justicialista ya que el entrerriano integra junto a al riojano Eduardo Menem; a los bonaerenses Jorge Villaverde y Antonio Cafiero; los mendocinos Eduardo Bauzá, Carlos De la Rosa, el porteño Carlos Corach y el santafesino Jorge Massat, el sector denominado dialoguista, enfrentando al sector duro que encabeza el titular de la bancada, Augusto Alasino, quien según Maya, ya dio el visto bueno para el proyecto. "Nosotros adoptamos la decisión de que si no tenemos una propuesta mejor que la del Gobierno, no vamos a obstruir la aprobación de las leyes, pero en este caso, nuestro proyecto es mucho mejor que el oficialista, y por eso buscamos que se debata en el recinto", señaló Maya.

 

Apoyo de Domingo Cavallo

El ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, se reunió ayer con Domingo Cavallo para buscar el apoyo de los diputados de Acción por la República a la reforma laboral. El ex ministro de Economía no sólo se pronunció en favor del proyecto, sino que aprovechó para recordar que el año pasado impulsó una iniciativa similar "y muchos me criticaron". "El Gobierno plantea algo realista, porque si no se modifican las leyes laborales el 50 por ciento de los trabajadores quedará en negro o en empresas que no cumplen con los aportes a la seguridad social", consideró. En ese sentido, sostuvo que la rebaja de aportes patronales para aquellos empresarios que efectivicen a sus empleados "es una buena forma de promover el blanqueo de trabajadores". "La intención general de la legislación --añadió Cavallo-- es la misma que la del proyecto que presentamos en abril del año pasado. Por entonces, muchos nos criticaron, pero queda claro que la reforma laboral es necesaria y que cualquiera que gobernara el país la iba a tener que encarar", destacó. "Es la única forma de crear más fuentes de trabajo", afirmó. Al igual que dirigentes aliancistas, Cavallo subrayó que "los gobernadores justicialistas tienen una actitud constructiva", en referencia a Carlos Ruckauf, José Manuel de la Sota y Carlos Alberto Reutemann. "En sus provincias, ellos sufren las consecuencias de las políticas laborales vigentes que traban la creación de empleos", concluyó.


DIPUTADOS DE LA ALIANZA DEFIENDEN LA INICIATIVA
Período de prueba de 3 meses

 

Por David Cufré
t.gif (862 bytes) "No estamos en batalla contra el poder sindical. Estamos en batalla contra aquellos integrantes del poder sindical que no se adaptan a la necesidad de contribuir a que la Argentina encuentre un rumbo productivo mejor", enfatizó ayer el diputado aliancista Marcelo Stubrin. Los legisladores del oficialismo respaldaron el proyecto de reforma laboral del Poder Ejecutivo y cuestionaron duramente a la CGT por su oposición a la iniciativa. El único punto que los diputados de la Alianza objetan al proyecto es la extensión del período de prueba a seis meses --prorrogable por acuerdo de partes en igual lapso--, y anticipan que lo reducirán a la mitad cuando sea tratado en el Congreso.

La reforma fue consensuada entre el Ministerio de Trabajo y los diputados de la Alianza, quienes ayer salieron a defenderla frente a la catarata de críticas sindicales y de legisladores peronistas. Darío Alessandro, jefe de la bancada oficialista de la Cámara baja, subrayó que la CGT "tiene una dificultad para adaptarse a la nueva realidad social y laboral que existe en la Argentina y en el mundo". Y evaluó que "el sindicalismo ha tenido una reacción defensiva, diciendo 'no avancen sobre mi poder', cuando en realidad ese poder ha venido en disminución en los últimos años".

En cambio, el diputado destacó la actitud de "hombres importantes del justicialismo, que tienen la responsabilidad de gobernar provincias grandes", quienes, sostuvo, "parecen haber comprendido mejor esta necesidad de modernizar aspectos de la legislación laboral". La referencia fue por Carlos Ruckauf, José Manuel de la Sota y Carlos Reutemann. Sin embargo, el único que hasta el momento manifestó públicamente su respaldo al Gobierno en este tema fue el mandatario bonaerense, mientras que el supuesto apoyo de los otros gobernadores fue comentado por operadores de la Alianza.

Los aspectos del proyecto que más irritan a la CGT son avalados por los diputados de la Alianza. "Estamos de acuerdo con la descentralización de las negociaciones colectivas de trabajo y con la caída de la ultraactividad de los convenios", dijo, por caso, la diputada Margarita Stolbizer, en diálogo con Página/12. En cuanto a la descentralización, establece que los acuerdos en el nivel más bajo de negociación tendrán validez por sobre los convenios generales. Es decir que, si los trabajadores de una empresa arreglan las condiciones laborales con sus empleadores, este convenio será el único que rija para ellos, sin importar lo que marque el estatuto firmado por la conducción nacional del sindicato. Esto supone la pérdida de una cuota no menor de poder para las conducciones de los gremios, aunque éstas sostienen que los trabajadores se verán perjudicados en las negociaciones "mano a mano" con los empresarios, y que el proyecto apunta a desprotegerlos.

El mismo argumento utilizan para rechazar la convocatoria a nuevas negociaciones colectivas de trabajo, que se producirá mediante la caducidad de los convenios con una antigüedad mayor a dos años. Sin embargo, los diputados aliancistas comparten esta propuesta. Y están dispuestos a incorporar una modificación al proyecto oficial, para que los trabajadores --afiliados o no al sindicato-- expresen su acuerdo o desacuerdo con lo negociado por sus gremios a través de una votación. En tanto, los legisladores de la Alianza también comparten la rebaja de aportes patronales --del 17,5 al 12 por ciento-- para los empresarios que efectivicen a sus empleados.

 

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