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Por L.V.  Graciela
Fernández Meijide quiere engrosar el Presupuesto destinado a los planes de ayuda social
con el aporte de las empresas privadas. "Sobre todo el de aquellas que hicieron
grandes ganancias", puntualizó para explicar quiénes deberían ser las firmas
convocadas. En ese camino, le pedirá a su par de Economía que avale una propuesta con la
que espera seducir a los hombres de negocios; el plan es generar un "mecanismo de
estímulo" para que los empresarios acerquen fondos frescos y obtengan a cambio una
retribución de Hacienda. "Por ejemplo, a través de desgravaciones
impositivas", explicaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Social, quienes
agregaron que el sistema "debería ser regulado a través de una ley específica o de
un decreto". La idea es analizada desde hace dos semanas por el equipo de Fernández Meijide y será uno de los temas centrales de la reunión que hoy la ministra mantendrá con José Luis Machinea. "No podemos estar esperando sólo la ayuda de los bancos internacionales porque, aunque el auxilio llegara, es más deuda y tarde o temprano se paga", sostuvo ayer Fernández Meijide. "Voy a apelar fuertemente a que las empresas privadas hagan aportes y se verá desde Economía si se puede hacer algo en retribución, pero, de todas maneras, más allá de lo que se pueda intercambiar, me parece que hay que hacer una apelación a la solidaridad que incluya a aquellos que han tenido grandes beneficios en este país." La necesidad de conseguir más fondos para la ayuda social va de la mano de las promesas de campaña para convertir a la asistencia a los sectores más castigados en un punto central de la gestión de Gobierno. También del compromiso asumido públicamente por Fernández Meijide de llegar a más hogares con los mismos recursos. Esto es, distribuyendo mejor, comprando sin sobreprecios y cortando el sistema por el que el reparto de alimentos queda en manos de los punteros políticos. El ministerio quiere lanzar en el corto plazo el Programa Federal Alimentario, con el que se unificará la multiplicidad de planes de asistencia vigentes. La aspiración es combinar ese programa con los que aplican las provincias y los municipios, y trabajar en base a un padrón único de beneficiarios de todo el país para evitar cualquier superposición. Todavía no está claro si la asistencia llegará sólo en forma de bolsones de comida, o si también se enviará dinero en efectivo. Según las estimaciones oficiales, el auxilio llegará a 640 mil hogares indigentes, en los que hay más de medio millón de chicos menores de seis años. Ayer, Fernández Meijide sostuvo que cuenta con el apoyo de los gobernadores de Córdoba, José Manuel de la Sota, y de Santa Fe, Carlos Reutemann, con quienes conversó el viernes último durante la recorrida que efectuó acompañando a Fernando de la Rúa por las zonas afectadas por las inundaciones. "Están de acuerdo porque todos los que con honestidad encaramos el tema de la ayuda social sabemos que durante todos estos años se superpusieron programas en algunas familias y otras quedaron total y absolutamente desprotegidas", señaló en declaraciones radiales. En tren de apoyar este diagnóstico, la ministra desempolvó un caso puntual: "El jueves pasado estuve con un sacerdote que trabaja en Santa Fe, que me contó que la llegada de las cajas con alimentos se interrumpía de repente por dos o tres meses --recordó--. Yo sé adónde iban, porque tengo los registros: las cajas eran derivadas a Santiago del Estero y Jujuy para las campañas". El Presupuesto que manejan en Desarrollo Social para el Programa Federal Alimentario es de 324 millones de pesos, financiado con los recursos actuales del área. Los asesores más cercanos a Fernández Meijide dijeron siempre que "de ninguna manera" se piensa en crear impuestos para financiar los planes sociales. La propuesta ahora esbozada, de concretarse, implicará que el Estado deje de cobrar de manera directa una parte de ellos, de manera proporcional a las donaciones recibidas.
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