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Página/12 Por Marcelo Justo En la tarde de ayer una delegación de familiares de desaparecidos en Chile, encabezados por el diputado laborista Jeremy Corbyn, se reunió con el vicecomandante de la Scotland Yard David Veness para solicitarle que inicie una acción legal contra el general en caso de que se suspenda el proceso de extradición. A la salida de la reunión, Corbyn señaló a la prensa que la Scotland Yard tiene un archivo sobre el caso Pinochet y añadió que había fundamentos legales para iniciarle un juicio en Gran Bretaña. "La policía metropolitana tiene un archivo sobre este caso y está estudiando la situación. Tienen que estar seguros de que hay suficientes elementos para iniciarle juicio. Si no actuaron hasta ahora es porque el caso de extradición tenía prioridad", indicó Corbyn. La ley parece estar del lado de Corbyn y los familiares. En 1988 el parlamento británico incorporó la Convención contra la Tortura que el gobierno de la entonces primera ministro Margaret Thatcher había firmado cuatro años antes. Según el artículo siete de la Convención, "el Estado parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se supone que ha cometido cualquiera de los delitos que se hace referencia en el artículo 4 (Tortura), si no procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes". O sea, a la justicia. El problema es que si el ministro de Interior juzga que el senador vitalicio no está en condiciones de salud para ser sometido a juicio en España, será muy difícil llegar a la conclusión de que sí puede ser llevado a la Justicia en Gran Bretaña. Pese a las declaraciones del domingo del jefe de la junta médica que examinó a Pinochet, que cuestionaron el carácter "inequívoco" del diagnóstico, los medios daban ayer como inevitable la liberación del general. La ley otorga al ministro del Interior atribuciones "cuasijudiciales" para suspender un proceso de extradición por "razones humanitarias". Estas razones, tan irónicas en el caso Pinochet, no están definidas de modo contundente por la legislación británica pero son fundamentalmente de dos tipos: si su condición física indica que un proceso tal lo llevaría a la muerte o si su condición psicológica le impide comprender el proceso. Si, como se prevé, Pinochet sale del país esta semana, el Chile al que regresará tendrá, paradoja final de la historia, un presidente socialista.
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Hoy a las cinco de la tarde hora local (dos de la tarde hora argentina) vence el plazo
para que las partes intervinientes en el caso Pinochet presenten sus argumentos leales a
favor o en contra de la decisión "preliminar" del ministro del Interior
británico Jack Straw de suspender el proceso de extradición del general a España. En
una marcha contra reloj, las organizaciones de derechos humanos, encabezadas por Amnesty
International, exigirán que se dé a conocer el informe médico que llevó a Straw a
adoptar esa decisión y solicitarán que, en su defecto, se les permita examinarlo con sus
propios facultativos para establecer si efectivamente el general no puede ser extraditado
por "razones humanitarias". Sumado a la presentación del juez Garzón, por
razones similares, constituye el último intento de un final de camino que según los
comentaristas locales empieza a perfilarse como inevitable.