Por David Cufré El Gobierno le
dobló la apuesta a la CGT. A través de un decreto firmado ayer por Fernando de la Rúa,
le quitó a la central sindical el manejo de un fondo de 360 millones de pesos para
financiar gastos de las obras sociales. La medida anula un decreto anterior, suscripto por
Carlos Menem al día siguiente de las elecciones, que dispuso la creación de un
directorio con mayoría de sindicalistas para administrar esos recursos.“Se actuó
dentro de la ley y en contra de nadie”, subrayó anoche el jefe de Estado al
referirse a su decisión. “El Gobierno no nos deja otro camino que convocar a un paro
general”, retrucó en tono amenazante el camionero Hugo Moyano, mientras que otros
dirigentes de la CGT acusaron al Gobierno de “extorsión” en medio del debate
por la reforma laboral. “No tenía sentido que los fondos fueran manejados por un
directorio nombrado con intenciones políticas, cuando su tarea es meramente
administrativa. Además, se quiere evitar cierto favoritismo en su administración”,
explicó en diálogo con Página/12 el ministro de Salud, Héctor Lombardo, los motivos de
la resolución oficial. El mismo día en que Menem firmó el decreto concediendo un
último favor a la central sindical, otorgándole el manejo del fondo por 360 millones, De
la Rúa anticipó que revisaría esa medida al asumir el poder. Sin embargo, el momento
elegido adquiere una trascendencia política inocultable. El Presidente firmó el decreto
revocando aquella decisión de su antecesor en medio del primer gran choque entre la
administración aliancista y la CGT, originado por el proyecto oficial de reforma laboral.
“Yo no hago interpretaciones de ese tipo. Informo sobre una decisión tomada”,
respondió tajante el secretario de Cultura y Comunicación, Darío Lopérfido, cuando se
le preguntó si el decreto podía interpretarse como una dura respuesta del Gobierno a la
oposición sindical al proyecto laboral.“No hay que buscar segundas intenciones. Lo
que se hizo fue retrotraer una situación a los usos y costumbres anteriores al decreto de
Menem”, indicó Lombardo en diálogo con este diario. Los fondos para la
Administración de Programas Especiales (APE) se utilizan para dos fines distintos. En
primer lugar, tienen un carácter “solidario”, pues se distribuyen entre
aquellas obras sociales que carecen de recursos propios para financiar los 40 pesos por
grupo familiar que demanda el Programa Médico Obligatorio. Para ello se destinan
automáticamente 240 millones de pesos. Los otros 120 millones son para cubrir los gastos
que demandan los tratamientos de alta complejidad, para discapacitados y enfermos de sida
de los afiliados de todas las obras sociales. Hasta al decreto de Menem, la
administración de estos 360 millones estuvo a cargo de la Superintendencia de Servicios
de Salud, organismo dependiente del Poder Ejecutivo.En rigor, ello ocurrió desde 1994, a
partir de una resolución impulsada por el entonces ministro de Economía, Domingo
Cavallo. Anteriormente, los fondos eran manejados por un órgano tripartito, conducido por
el Gobierno, pero con participación de representantes sindicales y del sector empresario.
La CGT no protestó ante aquella modificación en el manejo de los fondos, pero antes
había negociado con Menem que la Superintendencia de Servicios de Salud quedara bajo el
mando de uno de sus hombres, el sindicalista José Luis Lingieri. Esa situación se
mantuvo hasta el año pasado, cuando la central sindical volvió a negociar con el
entonces presidente –quien buscaba apoyos para habilitar su reelección– el
traspaso del manejo del APE a la CGT.Finalmente, Menem firmó el decreto por el cual se
atribuyó la administración de la APE a un nuevo directorio, compuesto por cuatro
dirigentes sindicales, tres representantes del Gobierno y uno del empresariado. Los
miembros designados por la CGT fueron Oscar Lescano (Luz y Fuerza), José Rodríguez
(Smata), Oscar Mangone (trabajadores del gas) yMariano Silva (camioneros). Ese cuerpo
nunca llegó a asumir las funciones para las cuales había sido creado, entre otras
razones por las denuncias judiciales que presentó la Central de Trabajadores Argentinos
(CTA) por haber sido marginada del directorio.“La Alianza dijo durante la campaña
que sería absolutamente transparente en la administración de recursos públicos. Por eso
se intervino el PAMI y ahora se tomó esta medida con respecto al fondo para las obras
sociales”, apuntó Lombardo a este diario. Y fue más allá, al asegurar que “se
quiere evitar cierto favoritismo en la administración de ese dinero”, deslizando que
la CGT podría destinarlo a las obras sociales de los sindicatos amigos. El decreto
firmado ayer por De la Rúa establece que los 360 millones serán manejados por un gerente
general, designado por el Poder Ejecutivo, y dos gerentes en representación de los
Ministerios de Salud y Trabajo. La APE se financia con el 10 por ciento de los aportes que
se destinan a las obras sociales sindicales y el 15 por ciento que va a las obras sociales
con el aporte del personal de dirección.
EL PROYECTO DEL PJ PARA FRENAR LA REFORMA
LABORAL
Un fondo solidario como alternativa
Por Fernando Almirón
El
senador justicialista Héctor Maya anunció ayer que está trabajando en los últimos
detalles de un proyecto que presentará ante el Poder Ejecutivo para salir al cruce de la
reforma laboral que impulsa el Gobierno. La iniciativa de Maya propone la creación de un
fondo de mil millones de pesos anuales destinados a promover 400 mil de fuentes de trabajo
y evitar “la nueva precarización de los asalariados que traería aparejada la
promulgación de la iniciativa del oficialismo”. Según el legislador entrerriano, su
propuesta ya contaría con el visto bueno de los gobernadores del PJ, entre ellos Carlos
Reutemann, Adolfo Rodríguez Saá y Carlos Ruckauf. El proyecto para “la creación de
un fondo solidario laboral”, tal como está anunciado en el borrador de Maya,
propone:
 “La creación de
nuevas fuentes y el mejoramiento de las existentes, incentivar emprendimientos familiares
e individuales, así como de la pequeña y mediana empresa en todo el territorio
nacional.” u “El fondo de entre 700 y 1000 millones de pesos anuales se
repartirá en un 80 por ciento entre los gobiernos provinciales acorde a los actuales
índices de coparticipación, mientras que el 20 por ciento restante será controlado por
el Ejecutivo nacional para equilibrar aquellos casos de provincias con pocos fondos
coparticipados y un alto índice de desocupación.”u “Los fondos estarán
destinados a otorgar subsidios y préstamos de hasta 200 pesos a quien tome a un nuevo
empleado. Y créditos de hasta 100 mil pesos destinados a la inversión empresaria que
genere nuevos lugares de trabajo.”
“Estos créditos
o subsidios reintegrables se otorgarán con un plazo de seis años a tasa cero y con dos
años de gracia. Y se comenzarán a devolver al segundo año de haber sido recibidos. Esto
es, se pagarán el 25 por ciento al tercer año, el 25 al cuarto y así hasta el
sexto.” u “Las provincias deberán crear una cuenta especial de promoción
laboral y exclusivamente deberán apelar a estos recursos con el fin de generar nuevos
empleos a través de diversas medidas.” De todos modos en el borrador de Maya no
figura de dónde saldrán los recursos para integrar el fondo de 1000 millones que propone
crear. “Estamos estudiando diversas posibilidades de gravámenes”, señaló Maya
a Página/12. En la Alianza creen que la iniciativa, en la que además de Maya también
trabajaron los senadores Carlos Verna y Arturo Di Pietro, “sólo pretende embarrar la
cancha”. Según un vocero del bloque de la Alianza en el Senado: “con esto la
oposición intentará atenuar el costo político que deberá pagar cuando se pronuncie en
contra del proyecto que De la Rúa enviará entre hoy y mañana al Congreso”.
“NO DEJAN OTRO CAMINO”, DICE MOYANO
La CGT juega con un paro
“El
Gobierno no nos deja otro camino que convocar a un paro general”; con esta amenaza
respondió el titular del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, a la decisión del
gobierno aliancista de quitarle al sindicalismo el manejo de un fondo especial de 360
millones de pesos destinados a las obras sociales. La furia sindical llegó hasta tal
punto que el dirigente del Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) lanzó un sombrío
pronóstico a la gestión delarruista, en caso de que ésta mantenga su política de
enfrentamiento con los gremios. “El Gobierno vuelve a cometer el mismo error que
cometió (la gestión de Raúl) Alfonsín, al querer enfrentar, pretender ignorar y
destruir a las organizaciones gremiales”, señaló el gremialista.El decreto de De la
Rúa fue también rechazado por el titular de la CGT, Rodolfo Daer. Pero fue respaldada
por la CTA, que anteriormente había cuestionado judicialmente el decreto firmado por
Carlos Menem que le concedía al sindicalismo el manejo de los fondos. No obstante, la CTA
pidió que, ahora, el Gobierno cree un organismo convocando a las dos centrales sindicales
y a todas las obras sociales para administrar esos fondos. “Es un paso que dio De la
Rúa totalmente negativo. No era lo que se había acordado con los funcionarios de su
gabinete; se había hablado de modificar el decreto dando mayoría al Gobierno”,
aseguró Daer. Para el titular de la CGT, la decisión adoptada por De la Rúa “puede
traer, como ya pasó, que el Gobierno utilice esos fondos para gastos fiscales y así
atentar contra la salud de millones de personas”. En la otra vereda del sindicalismo,
el secretario de Organización de la CTA, Edgardo De Petri, afirmó que “es
importante que se elimine un organismo que planteaba el manejo (de esos recursos) por
parte de una central sindical, discriminando a la CTA y a los sindicatos que no están en
la CGT”.Moyano, en cambio, hizo otra lectura. “El Gobierno eligió el camino de
la confrontación. Es una clara demostración de la reacción del Gobierno en contra de
las organizaciones sindicales, por la postura que hemos adoptado en los últimos días de
rechazar la reforma laboral”, afirmó el dirigente de camioneros.
La reforma laboral está en manos
de De la Rúa y va rumbo al Congreso
El Ministerio de Trabajo entregó el proyectoal
Presidente. Ahora se abre la negociaciónlegislativa. El PJ ya adelantó su oposición.
Alberto Flamarique, ministro de Trabajo.
Con el texto redactado empieza el turno de la negociación política.
La reforma laboral podría comenzar a tratarse en el Congreso en la segunda
quincena de febrero. |
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El ministro de
Trabajo, Alberto Flamarique, le entregó ayer a Fernando de la Rúa el texto final del
proyecto de reforma laboral que podría ingresar hoy al Congreso. “La norma podría
comenzar a tratarse recién en la segunda quincena de febrero”, anticipó el
presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual. El Gobierno intentará en este
lapso avanzar en las negociaciones con los representantes de los partidos provinciales
para lograr su voto favorable, tal como lo hicieron con la bancada de Acción por la
República que lidera Domingo Cavallo. El oficialismo también buscará consensos en la
Cámara alta, donde la mayoría justicialista ya anunció que se pronunciará en contra de
la norma a la que también se oponen los caciques de la CGT. La Unión Industrial
Argentina expresó ayer su respaldo a la reforma. “Aún estamos estudiando el
proyecto del Ejecutivo, pero nos parece conducente una reforma laboral ya que hay normas
muy rígidas en las leyes laborales argentinas”, aseguró su vicepresidente, Diego
Videla. El empresario, quien dijo no conocer aún en detalle la propuesta del Gobierno,
sugirió que “la nueva ley debería acentuar la flexibilización de los viejos
convenios, la ultraactividad y estimular los convenios por empresa, así mejoramos la
competitividad”. Este es el punto que, justamente, más irrita a la CGT. Hugo Moyano
reiteró ayer que para lograr mayor competitividad respecto de otros mercados, “hay
que salir de la convertibilidad” y no tocar la actual legislación laboral, sobre
todo la vigencia de los convenios del año 1975 a los que el Gobierno quiere reemplazar
por nuevos acuerdos empresa por empresa, sin la intermediación de los líderes
sindicales. El candidato a ocupar la conducción de la central obrera amenazó con un paro
general si el Gobierno insiste en promulgar la ley (ver aparte). La CGT inició ayer una
ronda de consultas entre los legisladores justicialistas de ambas cámaras. El jefe del
bloque de Diputados del PJ, Humberto Roggero, ya aseguró que su bancada votará de plano
en contra del proyecto de ley que entre otras cosas extiende de uno a seis meses, con
opción a seis meses más, el período de prueba. “Estaríamos dispuestos a votar una
extensión de uno a tres meses”, reconoció un senador justicialista dispuesto a
negociar la modificación a cambio dejar tal como están los convenios. “Lo que pasa
es que la extensión del período de prueba no es otra cosa más que un Caballo de
Troya”, aseguró el legislador a Página/12. “El Gobierno, lo que pretende en
realidad, es debilitar el poder de los grandes gremios que integran la CGT, cuando
nosotros lo que necesitamos es fortalecerlos ahora que somos oposición”,
concluyó.El ministro Flamarique, por su parte, advirtió que el espíritu del proyecto no
será alterado: “No hay negociaciones, hay un proyecto terminado que seguramente esta
semana ingresará al Parlamento”. Y aprovechó para chicanear al secretario general
del gremio camionero: “Moyano debería preguntarse para quién está trabajando
cuando habla de modificar la convertibilidad en la Argentina”. Moyano había acusado
a Flamarique y a su viceministro de Trabajo, Jorge Sappia, de trabajar para el Fondo
Monetario Internacional. Sappia le respondió ayer apuntando a la parte más sensible de
los jefes sindicales: “Pretendemos que el país se inunde de convenios colectivos,
hay que remover a las partes que no le sirven ni a los empresarios ni a los
trabajadores”.
| La UIA apoya La Unión Industrial Argentina expresó ayer su respaldo a una modernización
de las leyes laborales y adelantó que la próxima semana se expedirá sobre la reforma
que el Ejecutivo enviará al Congreso. “Estamos estudiando el proyecto, pero
obviamente nos parece conducente una reforma laboral ya que hay normas muy rígidas en las
leyes que hay que flexibilizar”, aseguró el vicepresidente de la UIA, Diego Videla.
El empresario adelantó que “seguramente la semana que viene, cuando tengamos una
reunión de Junta Directiva de la UIA, vamos a tomar una posición, pero desde ya que
apoyamos cualquier proyecto que tienda a flexibilizar las normas laborales”. “No
sé si con esta iniciativa del Ejecutivo se logrará mejorar la competitividad” del
sector empresario, afirmó Videla, aunque aclaró que “los técnicos de la Unión
Industrial están estudiando qué le falta al proyecto para hacer todos los aportes que
podamos”. |
ACUERDO POR LAS LEYES ANTIEVASION
Tribunales especiales
Las
comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron
ayer por unanimidad el dictamen del proyecto de creación de los tribunales especializados
en los delitos impositivos, que será tratado en el recinto el próximo 27 de enero. Las
iniciativas, enmarcadas en la lucha contra la evasión, proponen crear un fuero penal
tributario en la Capital Federal, que incluye una cámara de apelaciones, un tribunal
oral, tres juzgados nacionales, cuatro fiscalías y una defensoría. Esos proyectos fueron
los dos primeros que el gobierno de Fernando de la Rúa envió al Congreso como parte del
paquete de Emergencia Fiscal. “La oposición apoyará todas aquellas herramientas que
el oficialismo consideren necesarias para aumentar la recaudación fiscal”, señaló
el diputado Eduardo Di Cola (PJ-Córdoba).Esa ley prevé conformar seis juzgados en la
Capital Federal, que tengan competencia específica en materia de ejecuciones fiscales
tributarias, para acelerar el cobro de deudas originadas por impuestos, patentes, tasas,
retribuciones de servicios o multas adeudadas al Estado. A su vez, para el interior, la
iniciativa apunta a poner en marcha 50 secretarías especiales en los juzgados federales
existentes en las principales ciudades del país.Para ocupar los juzgados, el Consejo de
la Magistratura remitirá ternas con los candidatos al Poder Ejecutivo dentro de los 120
días posteriores a la promulgación de la ley. Los diputados facultaron al Consejo para
designar interinamente jueces subrogantes, hasta tanto concluyan los nombramientos
oficiales. El plenario de ayer entre ambas comisiones fue breve. Se dio lectura al
proyecto definitivo y se firmó. La única acotación corrió por cuenta del justicialista
Marcelo López Arias, quien pidió recalcar en el proyecto la continuidad de la
competencia de los juzgados penales económicos de las localidades donde no está previsto
crear secretarías o tribunales específicos. Diputados prevé tratar la conformación de
los tribunales el próximo 27 de enero y se descuenta su aprobación por el acuerdo
existente entre el PJ y la Alianza.
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