La Sigen y la Oficina Anticorrupción investigan si
Bello saldó con fondos delEstado deudas de sus campañas políticas.
Claudia Bello y el despliegue propagandístico de la caja
2000.
La contrató sin contar con el precio testigo de la Sindicatura.
Por Julio Nudler
La
“cajita” de Claudia Bello está convirtiéndose en el recipiente de por los
menos dos investigaciones en marcha, impulsadas por la Sigen y por la Oficina
Anticorrupción. Los dos hipotéticos delitos bajo análisis son la malversación de
caudales y la violación de deberes de funcionario público. Lo que se le endilga a la ex
secretaria de la Función Pública es haber pagado 9 millones por un paquete de materiales
atinentes al Efecto 2000 cuyo verdadero costo no debió llegar a los 5 millones. En la
Sindicatura se presume que Bello pagó con este contrato, cerrado a toda prisa, deudas de
sus sucesivas campañas políticas, cuya gráfica resulta llamativamente similar, como si
hubiese sido realizada por los mismos diseñadores. No olvidan que la ex militante de la
JP libró tres batallas al hilo (para presidir el PJ Capital en setiembre de 1998, por la
candidatura a la senaduría porteña el 11 de abril de 1999 y por una banca de diputada
nacional el 24 de octubre), perdiendo todas. Ayer, ocho días después de que Página/12
revelara el escándalo surgido en torno de “Argentina 2000 preparada”, la ya
célebre caja que contiene diversos materiales propagandísticos, incluyendo un video y un
afiche de la “Cruzada 2000”, Bello distribuyó un comunicado en el que afirma
que “el costo final de todas estas acciones (se refiere aparantemente a la caja),
luego de haberse realizado un concurso de precios fue de $ 5.700.000 más impuestos”
(vale decir que, agregado el IVA, treparía a casi 6,9 millones). Asegura en el mismo
texto que la Sigen no efectuó observaciones a sus procedimientos. Este diario pudo
comprobar en la Sindicatura, ahora presidida por Rafael Bielsa, que ocurrió todo lo
contrario.Por el monto de la operación, Función Pública necesitaba que la Sigen
determinara el llamado “precio testigo”, determinación que tienen a su cargo
dos agencias privadas: Bureau Veritas y Swipco. A través del INAP (Instituto Nacional de
la Administración Pública), Bello requirió el 12 de octubre la averiguación del precio
testigo, acompañando, en una fotocopia sin firma, un somero detalle de la apetecida
cajita y su contenido. El pedido pretendía una respuesta fulminante, dentro de la misma
semana, aduciendo razones de extrema urgencia. Esta había sido causada, según la propia
funcionaria, por la falta de recursos presupuestarios, que sólo había superado a último
momento. Más exactamente, el 7 de octubre.El 20 de ese mes la Sigen, entonces conducida
por María Cristina Benzi, le comunicó a Bello que era imposible proporcionarle el precio
testigo con tanta premura, teniendo en cuenta que la caja involucraba 21 items diferentes.
De hecho, Bureau Veritas había respondido por escrito en esos términos, mientras que
Swipco (hoy ICS) sólo había logrado precios de 13 rubros de un solo oferente, cuando lo
normal es contar con tres presupuestos, o como mínimo dos. Además, faltaban items muy
significativos, como el costo de distribución de cientos de miles de piezas. Bello
adjudicó igual el contrato, sin precio testigo (pese a que debía obligatoriamente contar
con él), mucho antes que la Sigen lo determinara, el 11 de noviembre, en 4.965.000
pesos.Según las “especificaciones técnicas”, Bello contrató como renglón
único un conjunto llamativamente heterogéneo de elementos. Al mismo proveedor que debía
suministrarle, por ejemplo, 300.000 cajas de cartón microcorrugado de 28,30 por 22,00 por
5,00 centímetros se le pedía “una base de datos de mailing de periodistas a nivel
nacional”, y otra de empresas y entidades intermedias (¿nadie cuenta con esas
nóminas en el gobierno?). El listado no debió ser excesivamente feliz porque muchas
personas, a veces sin sospechar siquiera por qué se las mandaban, recibieron cuatro o
cinco cajas.Aunque octubre de 1999 era muy tarde para inducir al público a prepararse
ante la entonces temida falla del 2000, la secretaria quería a toda costa el sí de los
síndicos para su costosa idea, entre otras cosas para mostrar su cajita en Washington el
5 de noviembre, cuando secelebraba un nuevo Global 2000. Pero en la Oficina
Anticorrupción, que preside José Massoni, las pistas que se siguen son mucho más
comprometedoras para ella.
Storani y los ATN de Corach “Fueron para campañas”
El
ministro del Interior, Federico Storani, aseguró que parte de los Aportes del Tesoro
Nacional (ATN) entregados por su antecesor, Carlos Corach, fueron “utilizados para
hacer campañas políticas”. El ministro precisó que “a raíz de una auditoría
que se realizó en el Ministerio del Interior a pedido del Presidente, lo que más llama
la atención, desde el punto de vista político, es el capítulo de los ATN”, un
rubro por el que Corach dispuso, sólo en el último año, de alrededor de 400 millones de
pesos para repartir en forma discrecional. Aunque aclaró que “la responsabilidad del
ministro termina con la entrega de los ATN a las provincias, porque así lo marca la
ley”, Storani consideró “importante saber el destino final de esos fondos
porque hay algunos que fueron mal utilizados, como por ejemplo los que fueron para las
fundaciones que los usaron para hacer campañas políticas”. Storani mencionó el
caso de una fundación de Entre Ríos vinculada con dirigentes del PJ, un caso que fue
revelado por Página/12. “Tenemos casos muy curiosos: en Entre Ríos, un ATN que
habría ido a una concejal justicialista de Paraná por un millón de pesos, y el
domicilio de la fundación coincidía con su domicilio particular. Es obvio que no puede
subsidiarse a una persona ni a una fundación de carácter particular, así que eso fue
usado como proselitismo político”, detalló el ministro.Storani remarcó que
“la responsabilidad del ministro por la ley concluye al momento de entrega a las
provincias”, pero juzgó necesario “hacer el estudio de la cadena de quién
sabía exactamente a quién se entregaban subsidios, como los ATN, para la emergencia, que
eran desviados para otro tipo de fines”.
La
“cajita” de Claudia Bello está convirtiéndose en el recipiente de por los
menos dos investigaciones en marcha, impulsadas por la Sigen y por la Oficina
Anticorrupción. Los dos hipotéticos delitos bajo análisis son la malversación de
caudales y la violación de deberes de funcionario público. Lo que se le endilga a la ex
secretaria de la Función Pública es haber pagado 9 millones por un paquete de materiales
atinentes al Efecto 2000 cuyo verdadero costo no debió llegar a los 5 millones. En la
Sindicatura se presume que Bello pagó con este contrato, cerrado a toda prisa, deudas de
sus sucesivas campañas políticas, cuya gráfica resulta llamativamente similar, como si
hubiese sido realizada por los mismos diseñadores. No olvidan que la ex militante de la
JP libró tres batallas al hilo (para presidir el PJ Capital en setiembre de 1998, por la
candidatura a la senaduría porteña el 11 de abril de 1999 y por una banca de diputada
nacional el 24 de octubre), perdiendo todas. Ayer, ocho días después de que Página/12
revelara el escándalo surgido en torno de “Argentina 2000 preparada”, la ya
célebre caja que contiene diversos materiales propagandísticos, incluyendo un video y un
afiche de la “Cruzada 2000”, Bello distribuyó un comunicado en el que afirma
que “el costo final de todas estas acciones (se refiere aparantemente a la caja),
luego de haberse realizado un concurso de precios fue de $ 5.700.000 más impuestos”
(vale decir que, agregado el IVA, treparía a casi 6,9 millones). Asegura en el mismo
texto que la Sigen no efectuó observaciones a sus procedimientos. Este diario pudo
comprobar en la Sindicatura, ahora presidida por Rafael Bielsa, que ocurrió todo lo
contrario.Por el monto de la operación, Función Pública necesitaba que la Sigen
determinara el llamado “precio testigo”, determinación que tienen a su cargo
dos agencias privadas: Bureau Veritas y Swipco. A través del INAP (Instituto Nacional de
la Administración Pública), Bello requirió el 12 de octubre la averiguación del precio
testigo, acompañando, en una fotocopia sin firma, un somero detalle de la apetecida
cajita y su contenido. El pedido pretendía una respuesta fulminante, dentro de la misma
semana, aduciendo razones de extrema urgencia. Esta había sido causada, según la propia
funcionaria, por la falta de recursos presupuestarios, que sólo había superado a último
momento. Más exactamente, el 7 de octubre.El 20 de ese mes la Sigen, entonces conducida
por María Cristina Benzi, le comunicó a Bello que era imposible proporcionarle el precio
testigo con tanta premura, teniendo en cuenta que la caja involucraba 21 items diferentes.
De hecho, Bureau Veritas había respondido por escrito en esos términos, mientras que
Swipco (hoy ICS) sólo había logrado precios de 13 rubros de un solo oferente, cuando lo
normal es contar con tres presupuestos, o como mínimo dos. Además, faltaban items muy
significativos, como el costo de distribución de cientos de miles de piezas. Bello
adjudicó igual el contrato, sin precio testigo (pese a que debía obligatoriamente contar
con él), mucho antes que la Sigen lo determinara, el 11 de noviembre, en 4.965.000
pesos.Según las “especificaciones técnicas”, Bello contrató como renglón
único un conjunto llamativamente heterogéneo de elementos. Al mismo proveedor que debía
suministrarle, por ejemplo, 300.000 cajas de cartón microcorrugado de 28,30 por 22,00 por
5,00 centímetros se le pedía “una base de datos de mailing de periodistas a nivel
nacional”, y otra de empresas y entidades intermedias (¿nadie cuenta con esas
nóminas en el gobierno?). El listado no debió ser excesivamente feliz porque muchas
personas, a veces sin sospechar siquiera por qué se las mandaban, recibieron cuatro o
cinco cajas.Aunque octubre de 1999 era muy tarde para inducir al público a prepararse
ante la entonces temida falla del 2000, la secretaria quería a toda costa el sí de los
síndicos para su costosa idea, entre otras cosas para mostrar su cajita en Washington el
5 de noviembre, cuando secelebraba un nuevo Global 2000. Pero en la Oficina
Anticorrupción, que preside José Massoni, las pistas que se siguen son mucho más
comprometedoras para ella.