Las Abuelas de Plaza de Mayo le
pidieron ala subsecretaria de Derechos Humanos, DianaConti, apoyo para localizar a los
bebés robados.
Cuando asumió, Diana Conti recibió el
apoyo de Estela de Carlotto.
Las abuelas apuestan a descubrir nuevos casos de robos de bebés.
Por Victoria Ginzberg
Las Abuelas de
Plaza de Mayo demandaron “la reconstrucción de todas las maternidades clandestinas
que existieron en el país durante la dictadura”. La agrupación considera que éste
es un trabajo pendiente que ayudaría a descubrir casos inéditos de mujeres que dieron a
luz estando secuestradas. La solicitud se hizo en una reunión que mantuvieron ayer las
Abuelas con la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti. La entrevista entre Conti y
las Abuelas de Plaza de Mayo –en la que estuvo presente casi la totalidad de la
comisión directiva de la agrupación– fue la segunda de la ronda que la
subsecretaría planeó con los organismos de derechos humanos. La agenda estuvo ligada a
la problemática de los hijos de desaparecidos que fueron apropiados. En este caso, el
controvertido tema de la formación de una Comisión de la Verdad no fue tratado en
profundidad. Las Abuelas hicieron tres pedidos puntuales: la jerarquización de la
Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), la creación de un centro de
atención psicológica para los jóvenes apropiados y la reconstrucción de las
maternidades clandestinas. La Conadi fue formada en 1992 y es la encargada de recibir a
los jóvenes que tienen dudas acerca de sus orígenes. Sus funciones no se limitan a los
casos de chicos que fueron apropiados por los militares sino que tiene competencia para
intervenir en cualquier hecho en el que esté implicada la identidad de un menor, por
ejemplo, en tráfico de bebés. El organismo está integrado por las Abuelas, la
Procuraduría Nacional y asesores de menores. Antes de terminar su mandato, el ex
presidente Carlos Menem se había comprometido a convertir a la Conadi en un organismo
autónomo, pero la promesa no fue cumplida. Ahora, las Abuelas pidieron su
“jerarquización”, es decir, que se le dé mayor impulso y presupuesto. Rosa
Roisinblit, vicepresidenta de las Abuelas, afirmó a Página/12 que la solicitud para
reconstruir las maternidades clandestinas apunta a localizar nuevos casos de embarazadas
detenidas durante la dictadura. “Sabemos que hay muchos, sobre todo en el interior
del país”, manifestó.Las Abuelas tienen 260 denuncias de niños secuestrados o
nacidos en cautiverio –64 fueron restituidos–, pero calculan que hay cerca de
500 chicos desaparecidos. Saben que en 24 centros clandestinos pasaron mujeres
embarazadas. Cinco de esos lugares funcionaron en Capital Federal, trece en la provincia
de Buenos Aires, uno en Tucumán, dos en Rosario y tres en Córdoba. Pero sospechan que
existen numerosos casos y sitios no denunciados y que la búsqueda y reconstrucción de
las maternidades podría ayudar a dilucidarlos.La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)
y el Hospital Militar de Campo de Mayo son los lugares en donde se comprobó que
existieron las dos mayores maternidades clandestinas. En la ESMA, las detenidas esperaban
el momento del parto en el sector del campo denominado “capucha” o en una
habitación del altillo especialmente habilitada para ese fin, a la que se llamaba
“la piecita de las embarazadas”. Los alumbramientos se producían en esa pieza o
en el subsuelo del edificio. En Campo de Mayo, la maternidad funcionaba en la sección de
Ginecología y Obstetricia y en el pabellón de Epidemiología del Hospital Militar.
Allí, las mujeres permanecían con los ojos vendados o con anteojos totalmente negros y
tanto ellas como los bebés que parían eran identificados como NN. Aparentemente sus
datos no eran registrados. Roisinblit aseguró que vio a Conti con buena predisposición y
que la funcionaria –quien hoy se entrevistará con el Movimiento Ecuménico por los
Derechos Humanos (MEDH)– dijo que iba a hacer lo posible para responder sus demandas.
POLEMICA POR LEY DEL ARREPENTIDO Más críticas que apoyos
La ley
del arrepentido, desde el principio, fue una norma controvertida. Pero una nueva polémica
se desató ayer después de que el Gobierno enviara el proyecto de ley al Congreso.
Mientras que el justicialismo avaló el texto enviado por el Ejecutivo, los diputados
oficialistas discutieron posibles modificaciones: la eximición de prisión podría ser
reemplazada por una “reducción importante” de la pena y se acotarían los
beneficios de los imputados. Los alineamientos a favor y en contra también dividieron
aguas entre Memoria Activa y Familiares y Amigos de las Víctimas de la Masacre de la
AMIA. Los ocho diputados de la Alianza que integran la comisión de Legislación Penal
estuvieron discutiendo el beneficio de eximición de las penas para encontrar “una
solución intermedia”. Por su parte, la radical Elisa Carrió y el socialista Alfredo
Bravo mantienen una postura contraria e irreconciliable con la figura penal del
arrepentido, tal como lo manifestaron con el proyecto del gobierno anterior. Por ahora, el
bloque justicialista es el único que no presentó objeciones al contenido original.A su
vez, Memoria Activa volvió a pronunciarse en oposición a la iniciativa oficial, mientras
que Familiares ratificó su apoyo y calificó de “mente chica” a los que se
oponen por “internas y contradicciones que se hacen públicas”. Desde Memoria
Activa prefirieron no responder a las acusaciones de “petardismo, difamación de las
negociaciones y politización de los muertos”, aunque sí definieron la medida como
“el manotazo de ahogado para terminar con la causa, más cercano a una verdad
construida y armada para las circunstancias que a una verdad consecuente con una
investigación coherente”.
La pensión para Emilie
El ministro del Interior, Federico Storani, se comprometió personalmente
ante Emilie Schindler a renovarle el subsidio que la mujer recibía hasta noviembre del
año pasado. Luego de que Página/12 revelara que la heroína que inspiró a Steven
Spielberg en la película La Lista de Schindler tenía grandes problemas económicos
porque había dejado de cobrar los mil pesos que le pasaba el gobierno de Carlos Menem,
Storani se reunió con Emilie y aseguró que seguirá recibiendo el dinero. “Hemos
querido transparentar una ayuda que nos parece absolutamente legítima”, afirmó el
ministro. Como en su cartera no existía ningún comprobante sobre la plata destinada a la
mujer, el funcionario presume que provenía de fondos reservados. “En este caso (los
fondos) estuvieron bien afectados, pero nos parece muchísimo mejor que figure en las
partidas ya que es una contribución totalmente merecida por el aporte de Schindler a la
humanidad”, agregó Storani. Emilie tiene 92 años y prácticamente no puede caminar.
En muy pocas oportunidades se levanta, ayudada por un bastón, para recorrer la casa en la
que vive, que le fue donada por la organización filantrópica B’Nai B’rith.
Pero ayer por la tarde Emilie fue hasta el Ministerio del Interior para aclarar su
situación con Storani. Desde el cambio de gobierno, Emilie no volvió a percibir el
dinero con el que les pagaba a las dos personas que se turnan para cuidarla. A pesar de
que la historia de Oscar y Emilie Schindler –quienes ayudaron a centenares de judíos
a escapar del régimen nazi– se hizo mundialmente famosa a través del film de
Spielberg, ni el director ni el autor del libro la asistieron económicamente. La anciana
vive con un subsidio de 200 pesos de la asociación B’Nai B’Brith y otros 200
que le llegan de Alemania. La pensión oficial era su principal ingreso.
Las Abuelas de
Plaza de Mayo demandaron “la reconstrucción de todas las maternidades clandestinas
que existieron en el país durante la dictadura”. La agrupación considera que éste
es un trabajo pendiente que ayudaría a descubrir casos inéditos de mujeres que dieron a
luz estando secuestradas. La solicitud se hizo en una reunión que mantuvieron ayer las
Abuelas con la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti. La entrevista entre Conti y
las Abuelas de Plaza de Mayo –en la que estuvo presente casi la totalidad de la
comisión directiva de la agrupación– fue la segunda de la ronda que la
subsecretaría planeó con los organismos de derechos humanos. La agenda estuvo ligada a
la problemática de los hijos de desaparecidos que fueron apropiados. En este caso, el
controvertido tema de la formación de una Comisión de la Verdad no fue tratado en
profundidad. Las Abuelas hicieron tres pedidos puntuales: la jerarquización de la
Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), la creación de un centro de
atención psicológica para los jóvenes apropiados y la reconstrucción de las
maternidades clandestinas. La Conadi fue formada en 1992 y es la encargada de recibir a
los jóvenes que tienen dudas acerca de sus orígenes. Sus funciones no se limitan a los
casos de chicos que fueron apropiados por los militares sino que tiene competencia para
intervenir en cualquier hecho en el que esté implicada la identidad de un menor, por
ejemplo, en tráfico de bebés. El organismo está integrado por las Abuelas, la
Procuraduría Nacional y asesores de menores. Antes de terminar su mandato, el ex
presidente Carlos Menem se había comprometido a convertir a la Conadi en un organismo
autónomo, pero la promesa no fue cumplida. Ahora, las Abuelas pidieron su
“jerarquización”, es decir, que se le dé mayor impulso y presupuesto. Rosa
Roisinblit, vicepresidenta de las Abuelas, afirmó a Página/12 que la solicitud para
reconstruir las maternidades clandestinas apunta a localizar nuevos casos de embarazadas
detenidas durante la dictadura. “Sabemos que hay muchos, sobre todo en el interior
del país”, manifestó.Las Abuelas tienen 260 denuncias de niños secuestrados o
nacidos en cautiverio –64 fueron restituidos–, pero calculan que hay cerca de
500 chicos desaparecidos. Saben que en 24 centros clandestinos pasaron mujeres
embarazadas. Cinco de esos lugares funcionaron en Capital Federal, trece en la provincia
de Buenos Aires, uno en Tucumán, dos en Rosario y tres en Córdoba. Pero sospechan que
existen numerosos casos y sitios no denunciados y que la búsqueda y reconstrucción de
las maternidades podría ayudar a dilucidarlos.La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)
y el Hospital Militar de Campo de Mayo son los lugares en donde se comprobó que
existieron las dos mayores maternidades clandestinas. En la ESMA, las detenidas esperaban
el momento del parto en el sector del campo denominado “capucha” o en una
habitación del altillo especialmente habilitada para ese fin, a la que se llamaba
“la piecita de las embarazadas”. Los alumbramientos se producían en esa pieza o
en el subsuelo del edificio. En Campo de Mayo, la maternidad funcionaba en la sección de
Ginecología y Obstetricia y en el pabellón de Epidemiología del Hospital Militar.
Allí, las mujeres permanecían con los ojos vendados o con anteojos totalmente negros y
tanto ellas como los bebés que parían eran identificados como NN. Aparentemente sus
datos no eran registrados. Roisinblit aseguró que vio a Conti con buena predisposición y
que la funcionaria –quien hoy se entrevistará con el Movimiento Ecuménico por los
Derechos Humanos (MEDH)– dijo que iba a hacer lo posible para responder sus demandas.