Como actuo Alderete en el PAMI
El “Plan Sistemático”

Por Laura Vales

Los investigadores de la Oficina Anticorrupción creen que los negociados cometidos en el PAMI durante la gestión de Víctor Alderete respondieron a un patrón común. Y acumulan pruebas para demostrar que el ex presidente de la obra social instrumentó un plan que potenció al máximo el uso del PAMI como una caja de recaudación ilegal. En las últimas semanas, decenas de denuncias y documentos pasaron a engrosar un expediente abierto para investigar cuáles fueron los mecanismos que permitieron el vaciamiento de la institución. La carátula de ese expediente es “PAMI-Plan Sistemático” y sus resultados serán la base de sustentación para cada una de las causas judiciales en las que la oficina se presente como querellante. La pesquisa esconde, además, un objetivo más ambicioso, porque podría llegar a probar la responsabilidad mediata de Alderete en la corrupción estructural del organismo. El plan investigado tuvo dos pilares considerados centrales. El primero, de acuerdo con los investigadores, consistió en la creación de una superestructura dentro del PAMI con funcionarios que Alderete designó tras hacerse cargo de la obra social, a principios de 1997. Se trata de seis gerencias y subgerencias con las que se desplazó a los empleados de carrera, que a partir de entonces quedaron fuera de cualquier decisión sobre el uso de los fondos del PAMI. El paso siguiente fue la introducción de una segunda camada de funcionarios políticos que se agruparon en la llamada Area de Presidencia. En esas dos franjas se concentraron todas las funciones clave del PAMI. A partir de entonces, según los testimonios reunidos en la investigación, los encargados de controlar los servicios de salud comenzaron a tener cada vez menos trabajo, los responsables de llevar las estadísticas sobre las prestaciones recibieron cada vez menos información y los auditores terminaron por recibir órdenes concretas de “abstenerse de auditar”. Es decir, se desarmaron progresivamente los mecanismos de control sobre el destino del dinero de los jubilados y desapareció en los hechos toda sanción para las clínicas y sanatorios contratadas para atenderlos. La contraparte de este sistema fue la relación preferencial que se estableció con un grupo de empresas privadas durante la gestión de Alderete. En términos económicos, el PAMI es dueño de un mercado cautivo de cuatro millones de beneficiarios, lo que implica un poder absoluto para fijar precios en el mercado de la salud. Una de las principales hipótesis de trabajo de los hombres de la Oficina Anticorrupción es que existió una decisión premeditada de “regalar” al sector privado la capacidad del PAMI para regular los precios de los servicios, contratando a gerenciadoras que fueron creadas de la noche a la mañana con la única función de intermediar entre la obra social y los prestadores directos. Uno de los casos tomados como paradigmáticos de esta maquinaria es el de Funeral Home. La gerenciadora de servicios de sepelios, a la que está vinculada el sindicalista Luis Barrionuevo, se alzó con un millonario contrato que todavía está vigente. En las últimas semanas hubo una avalancha de denuncias de dueños de casas funerarias que contaron con pelos y señales las maniobras extorsivas de la firma para subcontratarlos. Entre las denuncias recibidas hay detalles de los montos de las coimas reclamadas y los nombres de quienes las pedían. Para los investigadores, la implementación de este doble mecanismo que arrasó con los controles e instaló una suerte de estructura paralela que monopolizó las decisiones económicas revela la existencia de una estrategia precisa, que tuvo entre sus autores no sólo a Víctor Alderete. Otros cuatro ex funcionarios, sobre los que ya existen causas abiertas en la Justicia, completan el staff sobre el que habría girado el “Plan Sistemático”.