El Gobierno y la CGT se enfrentaron ayer con dureza por el decreto que le quitó al sindicalismo la posibilidad de manejar el dinero de las obras sociales. Rodolfo Daer dijo a Página/12 que se trata de una “extorsión” como resultado de la resistencia gremial a la reforma laboral, que ayer desembarcó en el Congreso. Carlos “Chacho” Alvarez respondió descalificando a la conducción cegetista. “Son parte de un dispositivo político del menemismo y no dirigentes comprometidos con el mundo del trabajo”, dijo el vicepresidente.Daer fijó su postura durante una conferencia de prensa desarrollada en la CGT. El sindicalista, acompañado por el mercantil Armando Cavalieri, negó que la bronca se traduzca en la convocatoria a un paro general. En cambio, no descartó la presentación de amparos judiciales para revertir la medida. Cuenta, para ese fin, con el paraguas del menemismo que, durante la reunión del “gabinete en las luces”, consideró al decreto de “dudosa legalidad”.El término “extorsión” no fue exclusividad de Daer. También lo hicieron propio –con variantes como “chantaje”– diversos dirigentes de la conducción sindical, entre ellos Hugo Moyano y Juan Manuel Palacios. Se trata de los líderes del combativo Movimiento de Trabajadores Argentinos, una de las corrientes internas de la CGT, que ayer volvieron a cuestionar la convertibilidad.La respuesta a lo largo del día no se hizo esperar. Graciela Fernández Meijide y Héctor Lombardo fueron los primeros en salir al cruce. “Se quejan porque están perdiendo poder”, dijo la ministra de Desarrollo Social. “No es una represalia porque así también podemos interpretar que fue una provocación de Menem que quiso cambiar el sistema antes de irse”, agregó el titular de la cartera de Salud.La participación del sindicalismo en el manejo de los fondos de las obras sociales fue dispuesto en 1988, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Ese derecho se lo quitó Carlos Menem en el ‘96 sin que ello despertara en la CGT amenazas de paro ni quejas airadas, aunque sí un puñado de presentaciones judiciales y una fuerte acción de lobby para revertir la medida.Como parte del operativo retorno, con el que Menem busca volver al gobierno en el 2003, y de la abierta decisión de socavar las aspiraciones presidenciales de Eduardo Duhalde, el ex mandatario firmó un decreto en medio de la campaña para darle a la CGT el control absoluto del dinero, a través de la representación mayoritaria del sindicalismo en la Administración de Programas Especiales (APE), el ente que maneja el denominado Fondo de Redistribución de las Obras Sociales.Al asumir la Alianza, Lombardo amenazó primero con revisar el decreto, pero después se comprometió en reuniones reservadas con los sindicalistas a no producir fuertes modificaciones. El acuerdo terminó siendo que cuatro de las representaciones del APE queden en manos del Estado, tres en la de los sindicatos y una en la de los empresarios. El Gobierno garantizó, además, que el Fondo de Redistribución se manejará por afuera del Presupuesto, de tal manera que esos recursos se destinaran íntegramente a las obras sociales y no fueran desviados para cubrir rojos fiscales. La primera traba al acuerdo se generó por un amparo judicial presentado por la Central de Trabajadores Argentinos. Esta organización alternativa a la CGT dijo sentirse “discriminada” ya que la representación sindical no contemplaba a miembros de sus filas. Mientras analizaba la cuestión de fondo, la Justicia ordenó volver al statu quo anterior a la firma del decreto de Menem. Por lo tanto, en los hechos la CGT nunca recuperó el control perdido en el ‘96.Para los sindicalistas no es un tema menor. Los 360 mil millones de dólares anuales que maneja el Fondo de Redistribución proviene del 10 porciento del aporte que realizan a las obras sociales trabajadores y empresarios. La mitad de esa suma se redistribuye automáticamente entre todas las obras sociales para compensar a las más deficitarias. El resto se reparte de acuerdo a la demanda de servicios de alta complejidad, trasplantes y atención a portadores de sida. Pero la realidad indica que esa asignación es discrecional y responde a intereses políticos.El resultado de la primera gran pulseada entre la CGT y el Gobierno se podía cotejar anoche en dos instantáneas. Una, la que desnudó a Daer con la cara desencajada como resultado de la jugada oficial. La otra la que mostró a un sonriente ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, festejando su cumpleaños en el Hotel Panamericano.

EL GOBIERNO MANDO LA REFORMA LABORAL AL CONGRESO
En turno de los diputados

Por D. S.

Luego de varios días de análisis, el proyecto de reforma laboral ingresó ayer a la Cámara de Diputados. Como informó Página/12 la extensión del período de prueba de uno a seis meses y la obligación de renovar los convenios colectivos del año ‘75 son los ejes del proyecto. El siguiente es un resumen de la iniciativa:
El contrato a prueba es de seis meses con opción a seis más por convenio colectivo.
El empleador afronta todas las contribuciones de la seguridad social, aunque no tendrá costo indemnizatorio alguno.
En caso de efectivizar un trabajador a prueba, y producir un incremento neto en su nómina de trabajadores, el empleador obtendrá una rebaja de las cargas sociales del 18 al 12 por ciento.
También se fijan rebajas similares, aunque graduales, para el resto de la plantilla. La meta es llegar al 12 por ciento en el 2003.
En ambos casos se pondrá en práctica si no se produce ningún despido en la empresa.
Obliga a renovar en un lapso no mayor a los dos años los convenios del año ‘75.
De no haber acuerdo para la elección del arbitraje, este papel lo realizará el Ministerio de Trabajo a través de un Servicio Federal de Mediación y Arbitraje que se creará por ley.
Este servicio, que también tendrá la potestad de resolver los conflictos asociados con el ámbito de la negociación, se conformará por un grupo de “notables”, que podrían surgir de consultas con el Consejo de la Magistratura.
Se permite negociar los convenios en ámbitos inferiores al de la actividad, ya sea por empresa, grupos económicos, conglomerados, áreas territoriales, ramas o articuladas.
Se habilita a participar de esas negociaciones a los delegados.
Un acuerdo no siempre deberá ser rubricado por el sindicato madre.
Un acuerdo de ámbito inferior (empresa) prevalecerá sobre otro de ámbito superior (actividad).
Aquella parte que rehúse negociar colectivamente de buena fe tendrá una multa equivalente al 20 por ciento del total de la masa salarial del mes en que se produzca el hecho.
La multa se incrementará en 10 por ciento cada cinco días de mora en acatar la decisión judicial.
Simplifica los trámites de registración.
Habrá un formulario único por empresa por trabajador y ninguna institución de la administración del trabajo a la seguridad social, pública o privada, podrá solicitar datos.

El enfrentamiento con la CGT, según el Gobierno
“Una pelea que nos deja ganancia”

Por Fernando Cibeira

Los caciques sindicales echaban espuma por la boca desde la tele ubicada en un rincón del despacho en Gobierno, en la conferencia de prensa convocada de urgencia en la sede de la CGT para insistir en el rechazo a la reforma laboral. Pero el funcionario, lejos de preocuparse por las amenazas, festejaba. “La gente sabe que estos tipos están llenos de guita, que tienen casas en Punta del Este y que viajan en coches importados. Para la gente, que De la Rúa les saque plata es un acto de justicia”, decía. Así delineaba la estrategia oficial de enfrentar a un sector bien marcado de la oposición –”los malos”, explicaba– y, al mismo tiempo, dejar en claro que no se trata de antiperonismo. Minutos después, el Presidente le tomaba juramento como subsecretario a un ex diputado del PJ. La idea de apuntarle a los sindicalistas surgió del desayuno de trabajo que reunió al gabinete en la Rosada el martes a la mañana. Del encuentro, el vocero Darío Lopérfido salió directamente a comunicar la decisión de De la Rúa de quitarle a la central sindical el manejo de un fondo de 360 millones de pesos, un retruque que profundizó el conflicto con los gremialistas creado a partir de la reforma.“Para nosotros pelearnos con ellos es todo ganancia, son los dirigentes más desprestigiados de la sociedad”, explicaba uno de los encargados de la comunicación delarruista mientras Rodolfo Daer y Armando Cavalieri se disputaban el micrófono para despotricar contra el Gobierno. Para demostrar que no estaban equivocados en la jugada, como encuesta instantánea en la Rosada exhibían los llamados de la gente a los programas matutinos de radio, mayoritariamente a favor de De la Rúa.En forma paralela, el acto de juramento de un ex diputado del PJ, el santiagueño Luis Uriondo, como encargado del Consejo Federal de Seguridad Interior, cobró otro significado. Se decidió entonces que la asunción se haga en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y que el juramento, en vez del ministro Federico Storani, se lo tome el propio De la Rúa. Todos gestos para demostrar que el enemigo del Gobierno no es el justicialismo sino los peronistas “sin convocatoria en la sociedad”. Del otro lado del mostrador, bien diferenciados, ubican a los gobernadores amigos como Carlos Reutemann, Carlos Ruckauf y José de la Sota. “Con ellos hay diálogo y son los que nos van a ayudar a aprobar la reforma”, explicaban.

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