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Por Alfredo Grieco y Bavio
Defensor del checo Alexander Dubcek cuando los tanques soviéticos invadieron Praga en 1968, simpatizante de la política kennediana, crítico del general Augusto Pinochet tras el golpe chileno de Estado de 1973, partidario de negociar con las Brigadas Rojas cuando secuestraron (y después mataron) a Aldo Moro en 1978, Craxi marcó un record que nadie superó desde entonces en la historia de la Italia posterior a Mussolini: 1058 días ininterrumpidos de gobierno. En 1983, era la primera vez que un socialista pisaba la sede del gobierno. La estabilidad, unida al suave boom económico de los '80, le reportó a su partido una proyección que excedía con mucho la que le daban las elecciones, donde sólo alcanzaba un 15 por ciento. Bajo su liderazgo, el PSI intentó neutralizar la hegemonía de la Democracia Cristiana (DC) como partido monopólico de gobierno en la posguerra. Y precisamente cuando el partido comunista más importante de Europa occidental pujaba sus máximos históricos, Craxi renovó la ideología del PSI en el histórico Congreso de 1978. Allí abandonó la línea marxista que lo había marcado ideológicamente durante 30 años. En julio de 1978, Craxi consiguió que un socialista, Sandro Pertini, fuera elegido presidente de la república, y en las elecciones de 1981 llevó al PSI a convertirse en la tercera fuerza política italiana, antes de llegar él mismo a la presidencia del gobierno. Era el resultado de una estrategia: la de marginar a Enrico Berlinguer, líder comunista y teórico del "eurocomunismo" --con quien siempre rechazó aliarse--, y preferir sistemáticamente a la DC. Con rostro redondo y lentes grandes, Bettino Craxi fue siempre representado en las caricaturas de la prensa italiana con una camisa negra y botas militares: su autoritarismo no se salvaba de la comparación con Benito Mussolini. Lo llamaban "il tedesco" (el alemán), "el más derechista de los izquierdistas italianos". Pero las generaciones más jóvenes recuerdan sobre todo otra imagen que, en suma, explica su muerte ayer en Túnez. Cuando en abril de 1993 dejó su elegante departamento romano, en un día gris, bajo la lluvia de monedas arrojadas por una muchedumbre indignada que le gritaba "¡Ladrón, ladrón!". La historia de su decadencia empezó en 1992, cuando sus colaboradores en su feudo milanés cayeron por la operación Manos Limpias de los jueces anticorrupción. En noviembre de 1992 lo acusan directamente en el caso del Banco Ambrosiano: la quiebra fraudulenta de esta institución vinculada con el Vaticano lo favoreció. El papa Juan Pablo II anunció ayer que rezará por el alma de Craxi, compartiendo de este modo ese pesar que la clase política italiana decidió expresar sin excepciones. De los subterráneos de Milán a la petrolera ENI, las causas judiciales contra Craxi no hicieron más que acumularse. Los jueces descubrieron un sistema científico e ilegal de ocupar el poder. Eran las metódicas "tarifas de soborno": quien como empresario no entregaba el 10 por ciento del volumen del negocio, no obtenía encargos del Estado. Los ingresos eran repartidos entre los partidos según sus fuerzas. Cuando estaban en el gobierno, los socialistas de Craxi obtenían el 50 por ciento. Y sólo entre 1987 y 1990 sumaron 97 millones de dólares. Para Craxi se trataba de un "complot" y "persecución", y definía como una práctica corriente la financiación no declarada de los partidos. El 11 de febrero de 1993 renunció a la dirección del PSI. Muchos cuadros del partido cayeron junto con él. Pero otros se reciclaron con eficacia en el nuevo partido derechista Fuerza Italia, fundado por su amigo Silvio Berlusconi, el célebre magnate neomussoliniano de las comunicaciones. Hasta su muerte ocurrida ayer, tras una larga diabetes crónica complicada con graves problemas cardíacos y renales, sobre Bettino Craxi pesaban condenas a 20 años de prisión. Otros procedimientos aún seguían abiertos. A diferencia de la decisión del ministro del Interior británico, Jack Straw, que favoreció al ex dictador chileno Augusto Pinochet, los tribunales italianos jamás pensaron que los males terminales de Craxi le impidieran enfrentar un juicio. Y enfermo, desde su exilio en la tunecina Hammamet, Craxi no renunció a dar su opinión sobre la política italiana, ni dejó de señalar a sus "enemigos", acusando a los ex comunistas del Partido Democrático de Izquierda (PDS), al que pertenece el actual premier Massimo D'Alema. Sus buenas relaciones con el mundo árabe hicieron que Túnez rechazara las demandas italianas para extraditarlo.
HAIDER GANA PUNTOS EN AUSTRIA
En la madrugada del miércoles, el SPO y el OVP aprobaron por unanimidad un nuevo programa de gobierno. Pero el canciller socialdemócrata Viktor Klima no había terminado de negociar la distribución de los ministerios con el jefe de los conservadores, Wolfgang Schuessel, cuando todo amenazó con volar por los aires. "Se equivoca completamente quien piense que este gobierno se mantiene", disparó (¿premonitoriamente?) el influyente miembro del OVP Erwin Proll. Una de los tantos polémicos reclamos de los populares para formar el nuevo gabinete es ocupar el ministerio de Finanzas, hasta ahora firme, y en apariencia irrenunciable, bastión socialdemócrata. A todo esto, Haider parece ser el único que salió fortalecido de la disputa. "Por primera vez en su historia, el Fpoe mantiene su posición de ganador. Los austríacos están hasta las narices de un sistema político que sólo se preocupa de quienes quieren mantener su sillón. Si seguimos en la oposición, contamos con pasar a ser el primer partido en unos años", celebró ayer. Desde que Haider se puso a la cabeza del Fpoe en 1986, el partido pasó de obtener el 5 por ciento de los votos a arrasar con el 27 por ciento en las elecciones parlamentarias del 3 de octubre pasado. Ese día se convirtió en la segunda fuerza legislativa del país y colocó al gobierno en la incómoda posición de tener que considerar un acuerdo con un hombre de filiación nazi. "Si este gobierno consigue aguantar cuatro años, sólo será una coalición de perdedores y el Fpoe se aprovechará. Seguirá subiendo y la próxima vez apuntará al primer puesto", confirmó Fraitz Plasser, analista político de la Universidad de Innsbruck.
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