OPINION
Por Miguel Bonasso

LOS ARGUMENTOS DE LA DEFENSA
Lo que vendrá

Está por concluir el juicio oral por el asesinato de José Luis Cabezas y ya se insinúa claramente la posibilidad de un Cabezas II que promovería la familia del fotógrafo, profundamente descontenta por los baches y carencias del actual debate en Dolores. Un sentimiento que se hizo público a través de reiterados gestos de Gladys Cabezas, la hermana de José Luis, y podría explicar �en parte� el sorpresivo vuelco del abogado de la familia, Alejandro Vecchi, que presentó una denuncia en la fiscalía de turno de Dolores, donde solicita detenciones vinculadas con la famosa �pista policial� y señala �el uso político que se dio al crimen�. 
Además de esta presentación habrá de hecho un Cabezas II, cuando sea detenido el ex comisario de Pinamar, Pedro Alberto Gómez y la misma Cámara Penal que ahora lleva a cabo el presente juicio, comience un nuevo debate judicial con �La Liebre� como acusado. Pero la defensa de Gregorio Ríos, encabezada por Jorge Sandro, evalúa que no habrá ninguna investigación seria si su pupilo, el ex mayordomo y custodio de Alfredo Yabrán, no resulta absuelto por la Cámara Penal de Dolores, que preside el doctor Raúl Pedro Begué e integran Susana Miriam Darling Yaltone y Jorge Luis Dupuy. 
�Si Ríos fuera sobreseído �especulan� se derrumbaría la farsa de que (Alfredo) Yabrán ordenó el asesinato, y la Justicia estaría obligada a buscar a los verdaderos responsables.� Por eso, aunque no confía en la imparcialidad de un tribunal al que va a tratar de cuestionar en términos constitucionales, Jorge Sandro se apresta a recitar un alegato que va a exceder el plano circunstancial de las pruebas o los pedidos de nulidad para plantear que condenar sin pruebas, por indicios y suposiciones, es propio �de un régimen nazifascista y no de un estado de derecho�. Definición que podría llevarlo a una polémica no deseada con el gobernador Carlos Ruckauf y su ministro de Justicia, que defienden sin ambages �la condena social� de los delincuentes en los medios antes de que se expida la Justicia.
En los tramos finales de un juicio oral acotado y limitado por los gruesos errores de la instrucción a cargo del juez José Luis Macchi, afloran algunas sorpresas interesantes. Como la protagonizada en la noche del miércoles por Alejandro Vecchi, el abogado de los padres de Cabezas, que presentó un extenso escrito solicitando la detención de algunos policías inicialmente sospechados como Carlos Stoghe, Alfonso Colonese y Juan Carlos Salvá, vinculados a la famosa �pista policial� que fuera descartada por el jefe de la investigación, comisario Víctor Fogelman y el juez Macchi. La denuncia presentada por Vecchi, en representación de José y Norma Cabezas, solicita asimismo el comparendo del ex presidente Carlos Menem y el ex gobernador Eduardo Duhalde a quienes pretende interrogar sobre �el uso político del crimen�. Los yabranistas y algunas fuentes neutrales consideran que el doctor Vecchi ha estado relacionado con el gobernador Duhalde, de quien ha recibido informaciones en distintos momentos del proceso. Recientemente el ex gobernador le proporcionó datos sobre cuentas bancarias de Alfredo Yabrán y Gregorio Ríos que el abogado fue a investigar al extranjero. Curiosamente, Vecchi, igual que los abogados de la revista Noticias, Oscar Pellicori y Norma Pepe, trató de demostrar en la audiencia del 11 de enero pasado que algunos periodistas que discrepábamos con la �historia oficial� como Raúl Kollmann, Andrés Klipphan y el autor de esta nota, nos basábamos más en presunciones y criterios �periodísticos� que en pruebas concretas. Ahora, en un cambio copernicano, nos cita a declarar e incluye mi libro Don Alfredo como prueba para su escrito (punto 7). Sean cuales fueren las razones, el cambio de actitud refleja que el debate oral �aun constreñido y distorsionado por los vicios del expediente� ha instalado dudas que los principales afectados (los padres y la hermana de Cabezas) tienen todo el derecho de hacer dilucidar por quien corresponde, que es la Justicia.
En el otro extremo, Jorge Sandro, el abogado de Gregorio Ríos, prepara su propia bomba mediática, que tratará de hacer explotar en su alegato.Que promete ser el más largo de todos y, probablemente, el más polémico. Curiosamente Sandro, a quien se vincula con el estudio de Jorge Anzorreguy, el hermano del ex Señor Cinco, ha tenido relaciones profesionales con Vecchi en el pasado. La exposición de Sandro �que puede llegar a abarcar un día o más con sus correspondientes recesos� se desarrollará en tres planos bien definidos: uno referido a los aspectos constitucionales; otro de refutación de la prueba acumulada por el ministerio público y la querella y un tercero institucional, político y aún emocional, donde el fantasma de Yabrán y el recuerdo del escopetazo en la estancia de San Ignacio recrearán �desde otro ángulo� la atmósfera tenebrosa de aquel 20 de mayo de 1998. 
Tratará de mostrar que una �satanización� social y mediática condujo al suicidio al hombre que hace algunos años lo contrató para representar legalmente a Interbaires y Edcadassa. Y sostendrá que la sospecha que pesa sobre Gregorio Ríos como instigador se deriva de aquella condena social infundada ya que no habría ninguna prueba concreta, ni siquiera testimonial que lo incrimine. Aunque Sandro es escéptico respecto a la neutralidad del tribunal, dos de cuyos miembros fueron denunciados por su colega Guillermo Ledesma en vida del Cartero, el letrado planea su alegato a fondo, buscando, quizás, que no sólo le sirva a su representado, sino que también aviente algunas dudas sobre un posible pacto de no agresión entre yabranistas y duhaldistas, del que se habló mucho días pasados y pareció encontrar asidero en el testimonio del hornero Horacio Braga que limitó su horizonte acusatorio al policía Gustavo Prellezo.
En el capítulo �constitucional� el alegato incluirá cuatro argumentos para pedir la nulidad de lo actuado. El primero se relaciona con el propio tribunal: según Sandro una Cámara Penal que supervisó la instrucción no puede conducir el debate oral porque no puede decir �nos equivocamos�; �carece de libertad para ser imparcial�. El segundo punto donde alegará inconstitucionalidad (obvia precaución para apelar después ante distintas cortes nacionales y extranjeras) ya lo hizo público al comienzo del debate: una acusación �abierta y abstracta�, volcada por una fiscalía �que ignora por completo si existió una instigación y cómo fue llevada a la práctica, invalida de hecho el derecho a la defensa en juicio, porque la defensa �no sabe de qué tiene que defenderse�. El tercer argumento estará referido al testimonio del perito psiquiátrico José Abásolo ante quien el ex policía Gustavo Prellezo habría confesado que Yabrán fue el autor intelectual del crimen. La tesis es obvia: el perito desbordó el marco de sus funciones y eso invalida su testimonio. El cuarto es similar y está referido al jardinero Godoy, cuyo testimonio refuta el de la testigo de cargo Alicia Riera y a quien �se intentó hacer pasar por loco�.
La parte más extensa del alegato será, seguramente, la discusión sobre las pruebas y testimonios aportados por la parte acusadora, analizando el contenido intrínseco de cada testimonio y confrontándolo con los testigos que lo refutan. Sandro intentará demostrar que los testigos que vieron a Prellezo con Ríos, son más que cuestionables: �Manselle, el dueño del restaurante McPapas fue atacado por ex socios y empleados, Alicia Riera sale del debate con una acusación por falso testimonio, Capay fue presentado por el sospechoso Stoghe�. Adicionalmente, el abogado de Ríos señalará que ninguno de estos testigos �más allá de que fueran valederos o no� �escuchó de que hablaban supuestamente con Prellezo�. �Nadie le escuchó decir: hay que asesinar a José Luis Cabezas�. Pero esa certidumbre no le impide pensar que la Cámara de Dolores, puede tener ya firmada la reclusión perpetua de su defendido.