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 Los dos abogados que representan a la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA) se atreven a decir lo que otros callan. Tal vez porque llegaron a la causa un mes antes del cierre de la instrucción, cuando ARGRA fue tenido por parte, como �particular damnificado�, en la causa. Tienen los roles bien definidos. Miguel Gaya se encarga de las declaraciones más políticas, de las críticas y las acusaciones. Alberto Bovino, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que actúa en el caso por un acuerdo entre las dos entidades, se encarga de las cuestiones más técnicas, más jurídicas. Reconocen que no tuvieron tiempo para intervenir durante la instrucción realizada por el juez José Luis Macchi. Con el mismo argumento, aprovechan para despegarse de la polémica investigación que comandó Víctor Fogelman. Mientras preparan el alegato, Gaya y Bovino recibieron a Página/12. En la entrevista, criticaron la actuación de los policías de la �Comisión Caso Cabezas�, afirmaron que los horneros declararon porque existía una promesa previa de Duhalde y anticiparon que pedirán que se investigue a varios policías que cometieron graves delitos durante la investigación. �¿Por qué todavía se discute si se va a llegar a la verdad, a hacer realmente justicia, con este juicio oral? ¿Hubo alguna presión externa al juicio, algún límite, impuesto durante la investigación del caso? Gaya: �Es muy difícil, con una instrucción tan bastardeada, avanzar hacia la verdad en un juicio oral. Creo que no había limitaciones en cuanto al ofrecimiento de prueba. Lo que sí es una limitación muy fuerte es la acusación fiscal. Hay muchas cosas que quedaron afuera porque hay una acusación fiscal que determina cuál es la materia del juicio. �¿Se pudieron probar los cargos de la acusación fiscal, durante la ronda de testigos? Gaya: �Hay elementos muy importantes en la prueba documental que se incorporó, y también hay testigos de peso. Bovino: �A nuestro juicio se ha probado la responsabilidad de los cuatro horneros, Prellezo, Camaratta y Luna y de Ríos. �¿Con este juicio se va a castigar a los verdaderos culpables del crimen? Gaya: �Algunos de los asesinos están sentados en el banquillo. Será cuestión de profundizar la investigación para ver si se consigue condenar a todos. Bovino: �En el juicio surgen claramente dos tipos de delitos que no han sido investigados: por un lado, hay gente que ha participado en el asesinato de José Luis Cabezas que no ha sido todavía llevada a juicio. Por otro lado, también se ha probado la comisión de graves delitos en la etapa de la investigación: la participación en el encubrimiento del crimen. Delitos como falso testimonio, privación ilegal de libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Hay funcionarios que tuvieron un papel relevante, (Oscar) Viglianco, (Víctor) Fogelman, que deben ser investigados. En el alegato vamos a pedir que se investiguen los delitos de acción pública cometidos por varios funcionarios que participaron en la investigación. �¿Por qué se les dio tanto crédito a las declaraciones de los horneros? Gaya: �En su momento, apenas aparecieron los horneros, ARGRA negó la posibilidad de que los horneros tuviesen la verdad absoluta sobre el caso. Nosotros hemos sido críticos desde el primer momento. Se les ha dado esta importancia porque instalaron una versión oficial que limita las responsabilidades en Prellezo mismo. Desde ARGRA hemos tratado de ampliar la presentación de pruebas para elevar la búsqueda de responsabilidades. �Es jurídicamente viable y ético que desde el gobernador bonaerense les conceda a los horneros la conmutación de las penas? Gaya: �Está claro que los horneros entraron al juicio a partir de una negociación que mantuvieron con el duhaldismo. Para el duhaldismocualquier solución al caso era pura ganancia. Lo que sucede ahora es que las condiciones son absolutamente distintas, cualquier invocación para que se cumplan estos acuerdos va a ser pura pérdida para la gobernación. Ruckauf no va a ganar absolutamente nada dejando libre a los horneros y la opinión pública va a reaccionar en contra de la libertad de esos imputados. �¿Qué piensan del juicio de �Cabezas II�, que va a iniciar la familia Cabezas contra la Policía Bonaerense? Gaya: �Una vez que se termine el juicio oral, ARGRA va a convocar a una asamblea de asociados, le va a rendir cuentas de las cosas que sostuvo, y en base a eso recibirá un mandato de continuar con el juicio o no. Bovino: �De hecho, nosotros vamos a pedir en el alegato que se continúe con la persecución de las personas por las que hay motivos para sospechar que participaron en el homicidio. Ese es otro juicio penal, o la continuación de éste. Por otro lado, está el juicio de reparación civil contra el Estado provincial, que involucra solamente a la familia. �¿Por qué todos los abogados de la querella decidieron no profundizar en la investigación de la participación orgánica de la Policía Bonaerense en el crimen y en su posterior encubrimiento? Bovino: �Es que el juicio oral está limitado en el objeto procesal, no es para investigar. Nosotros estuvimos bastante callados en primer lugar porque siempre nos daban la palabra en último término. Además, cuando veíamos que un testigo no era creíble preferíamos no interrogarlo, es tarea de la defensa atacar la credibilidad de los testigos. No se puede investigar en el juicio, porque cuando abogados de las dos partes preguntaban sin saber la respuesta, terminaban con un resultado desastroso para la parte que representaban. El juicio oral no es un lugar para investigar, es para demostrar una hipótesis que ya se tiene. ARGRA ha intervenido recién en el momento del ofrecimiento de prueba. �¿Qué van a pedir en su alegato con respecto de Fogelman? Bovino: �Lo estamos analizando bien para no salir con un discurso petardista. Vamos a tratar de precisar los funcionarios de mayor jerarquía que podrían haber cometido un ilícito y determinar las figuras penales en las que han incurrido. A mi juicio en el caso de Fogelman, además del falso testimonio, si fuera cierto lo que declaró Prellezo acerca de la incomunicación que padeció, que no le daban de comer, que había presión para que declarara, corresponderían varios tipos penales de apremios o de tortura. �¿Cuáles son los �agujeros negros� de la causa, qué elementos del juicio los han dejado insatisfechos? Bovino: �Hay investigaciones que se hicieron �de mentirita�. Varios agentes policiales, por ejemplo, que están con informativa y que están en un estado de parálisis que no significan nada, que no permite interrogarlos como testigos, porque están sospechados, pero tampoco hay ningún avance en la investigación. Si no son sobreseídos, quiere decir que pesa sobre ellos un estado de sospecha. �¿Por qué ARGRA desistió de convocar al ex gobernador Eduardo Duhalde como testigo? Gaya: �Nosotros fuimos la única parte de la querella que solicitó la comparencia de Duhalde. Ni el Ministerio Público ni las otras dos partes lo solicitaron. Y lo pedimos como prueba suplementaria porque nos hubiese permitido desarrollar una investigación sobre los dichos de Duhalde, y ahí íbamos a decidir si lo incorporábamos como prueba. Al introducirlo directamente en el debate, la fuerza que podía tener el testimonio de Duhalde prácticamente se esfumaba. Y me remito a la prueba de Fogelman, que en el debate no sirvió de mucho porque no tuvo ninguna voluntad de decir nada. �Después de cinco semanas de juicio oral, ¿pudieron llegar a alguna conclusión respecto del móvil del crimen de Cabezas? Gaya: �Nuestra línea argumental es que el instigador del crimen fue Yabrán, Ríos. Prueba indiciaria. Básicamente no es que Yabrán se molestó por una foto y tuvo un rapto de odio: el emporio de Yabrán era imposible de construirse si su sistema salía a la luz. Hubiese tenido que soportar presiones muy fuertes de grupos económicos que le estaban disputando el poder. Y, por otro lado, había un esfuerzo de la prensa por sacarlo a la luz. Lo que hizo Yabrán con el asesinato fue tratar de poner un límite a esta presión. No sólo de la prensa, sino tal vez, básicamente, de sus enemigos políticos y económicos. Entrevista: Martín Piqué.
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