GUSTAVO LOPEZ, ABOGADO Y PERIODISTA,
TIENE A CARGO EL ORDENAMIENTO DEL COMFER
�El Estado no sabe de quién son los medios�

El interventor del Comité Federal de Radiodifusión dijo a Página/12 que el 80 por ciento de las radios está �en condiciones de ilegalidad� y destacó que para ese organismo �Alejandro Romay sigue figurando como el dueño de Canal 9�.  Ley: �Un decreto de necesidad y urgencia permite al mismo licenciatario tener 24 radios, pero no dos canales ni dos radios en la misma zona�.

El interventor del COMFER, Gustavo López, se encontró con una madeja de irregularidades y omisiones.�Nos encontramos con 438 radios de las cuales 230 fueron dadas en dos días.�

 �Aquí se montó un deliberado desorden administrativo, para poder manejar a discreción el aire y repartirlo entre quienes tenían fácil acceso al gobierno� y �hoy el Estado no está en condiciones de saber quiénes son los dueños de los medios y ni siquiera de decir cuántas radios funcionan legalmente en el país�. Quien lo afirma es Gustavo López (43 años), abogado y periodista, y desde hace un mes interventor en el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), el organismo estatal encargado del control de la radio y la televisión.
�En materia de radiodifusión el gobierno de Carlos Menem adoptó dos resoluciones importantes en el último tiempo. Un decreto por el que se habilita a un mismo licenciatario a tener 24 emisoras y una resolución por la que se adjudicaron 438 radios de FM. ¿Qué se va a hacer? 
�Hay algunas resoluciones que están a mi alcance y otras no. El decreto 1005 del �99 tiene dos o tres cosas importantes: permite la transferencia de una licencia sin la necesidad de tener 5 años de explotación, autoriza 24 licencias en lugar de 4 y, algo que es muy importante para los canales, permite que los minutos de publicidad se cuenten en bloques de 3 horas en lugar de una hora. Para modificar esto se necesita un decreto del Poder Ejecutivo. No todo está mal en eso. A lo mejor hay que volver atrás con los de las 24 licencias o con lo de las transferencias. Pero esto va a ser resorte del Presidente directamente. Es materia del COMFER, por obligación legal, revisar los propios actos de la administración. Por ese motivo, en acuerdo con la Secretaría de Cultura, resolvimos la suspensión de las 438 adjudicaciones de FM. Esto es parte de lo que nos encontramos. Pero luego uno comienza a revisar otras cuestiones que aparecen como menores pero que, en realidad, son el corazón del organismo.
�¿Por ejemplo?
�Toda la situación administrativa. La pregunta que me hacían cuando llegué acá es cómo íbamos a combatir la supuesta corrupción que existía y que no alcanzaba a una gestión sino que tenía que ver con una cuestión estructural.
�¿Por qué estructural?
�Porque no hay registro de radiodifusores, ni de permisos precarios (de funcionamiento de radios). Directamente no existen.
�¿El COMFER no sabe cuántas son las licencias y quiénes son los dueños?
�No. Y no lo sabe porque ex profeso hay desorden administrativo. No hay manuales de procedimientos. No hay nada que indique cuánto tiempo tiene que tardar un expediente. Algunas cosas salen en un día y otras en tres años. Nos encontramos con 438 radios de las cuales 230 fueron dadas en dos días, más una serie de canales de cable que se dieron, y que estamos revisando cuáles son, más las AM sobre las que vamos a propiciar la misma medida de revisión al solo efecto de verificar las legalidades de las cosas que se han hecho. Queremos saber quiénes son legales y quiénes ilegales, y encontramos que no hay registro de permisos precarios provisorios (PPP). Sospechamos que se han duplicado, triplicado y cotizado esos permisos. Relacionado con el decreto 1005 sospechamos que muchos se presentaron a la normalización para ganar y vender la licencia automáticamente. No para ser radiodifusores sino para hacer negocio. En 6 meses queremos tener los registros ordenados de tal modo que se sepa quién es el dueño, porque los permisos no se podían transferir y sabemos que se han transferido. Volveremos a hacer un padrón y a empezar de cero. Pero para eso necesitamos que se nos asigne presupuesto. 
�¿Se presentará una trama jurídica muy compleja para normalizar?
�Sí. Vamos a tener una batalla judicial de largo aliento para poder limpiar el aire. Se calcula que son aproximadamente 6000 las radios queestán funcionando. Sólo la mitad están declaradas y de esas quizás 1000 tienen permisos. El 80 por ciento están en condiciones de ilegalidad. 
Si yo le pregunto hoy al COMFER, por ejemplo, quién es el dueño de Canal 9 seguramente no me pueden responder: si se apoyan en sus registros la respuesta sería Alejandro Romay.
�¿Cómo Romay? Es público que Romay ya no es el dueño.
�Sí, pero en los papeles sigue siendo Romay. Entendemos que los negocios van más rápidos que los papeles. Hay algunos que antes de comprar vienen a pedir permiso. Hay otros que primero compran y después piden el permiso. Nosotros vamos a aplicar la ley de manera tal que todos, antes de comprar, vengan a pedir permiso. Se van a tener que acostumbrar.
�¿Cómo se asignarán las 438 licencias cuya adjudicación fue suspendida?
�Se va a formar una comisión de notables. La idea es que haya representantes de la secretaría y, si hay representación política, que se incluyan también miembros de la oposición para que esto sea transparente. Si no se abre el juego a lo político y se abre a lo cultural, será gente que tenga pergaminos suficientes en el campo de la cultura quien adjudique en base a la mejor propuesta cultural, personal y patrimonial. 
�¿Qué se hará frente a la concentración de la propiedad de los medios?
�Mi obligación es aplicar la ley tal cual está. Un decreto de necesidad y urgencia permite al mismo licenciatario tener 24 radios, pero no permite tener dos canales en la misma zona, no permite tener dos radios de AM en la misma zona. Vamos a aplicar la ley.
�¿Qué directivas políticas recibió para la gestión?
�Dos. Transparencia en el otorgamiento de licencias y consenso en las políticas. Me parece que son claves. Lo primero que hicimos fue suspender las adjudicaciones y abrir el organismo a la transparencia. Lo otro es construir políticas por consenso porque ésta fue la indicación del Presidente. Queremos consensuar una norma con todos los sectores involucrados que son: los dueños de los medios, los periodistas independientes y también los representantes de la sociedad. La ley me obliga a mí a controlar el lenguaje y a poner multas. Y el compromiso del radiodifusor o del dueño del canal ¿dónde está? ¿En pagar la multa? No. Antes de ponerlo a pagar la multa queremos obligarlo públicamente a sentarse a discutir esto. No lo quiere discutir. La multa igual está. Pero si lo quiere discutir vamos a lograr algo mejor que cobrar una multa que es mejorar la calidad. 
�¿Hay poder político para llevar adelante esas propuestas?
�Hay voluntad política y el Gobierno tiene poder político. Queremos que el COMFER sea un organismo que genere, desde su lugar, políticas comunicacionales. La idea es democratizar los medios, que todos los sectores tengan posibilidad de acceso.
�¿Esto incluye también a las radios comunitarias?
�Sí. Vamos a proponerle al Poder Ejecutivo que permita a los sectores no comerciales, a aquellos que hoy tienen una radio comunitaria, que puedan ser radiodifusores. Se trata de crear una norma para que las entidades sin fines de lucro puedan acceder a la radiodifusión y tengan una cuota de frecuencias asignadas. Pero, al mismo tiempo, vamos a ser estrictos en el cumplimiento de la norma para que los radiodifusores comerciales no nos engañen y quieran venir por este lado. Esto tiene que ver con la democratización de los medios. Es decir, que el grande no se coma al chico y que todos puedan tener acceso.
�¿Qué va a pasar con la ley de radiodifusión?
�Creo que hoy existen condiciones políticas que no se daban en el �83 o en el �89 y que permiten discutir una ley de radiodifusión. Hoy se podría decir que el negocio está repartido o bastante repartido, pero también que la comunicación es un bien social y que nosotros, como Estado, tenemos que defender ese bien social. También es un gran negocio y nosotros no tenemosque perjudicar al negocio. Nosotros defendemos el bien social que es el derecho a la información, la libertad de prensa, esto que el Estado administra y que es el aire. A los grandes grupos no les conviene hoy que esto se maneje por decreto, porque lo que da un decreto otro lo puede limitar. Una ley, que es el proceso consensuado de toda una sociedad, les va a garantizar a los dueños de los medios y a la sociedad, es decir a todos, tener límites más claros y una legislación que por lo menos dure 10 o 15 años.
�¿Quiénes tendrían que ser convocados a ese debate?
�En la instancia del Poder Ejecutivo, y esta es la opinión del secretario de Comunicación y Cultura Darío Lopérfido, los dueños de los medios, el Estado, a través de las Secretarías de Cultura y de Comunicaciones, los periodistas independientes y los sectores sociales, representados por el Parlamento y por otros sectores de la sociedad. Se trata de buscar un consenso entre radios comunitarias, iglesias, otros sectores sociales, los dueños de los medios, las organizaciones que nuclean a los medios (ATA, ARPA, etc.) y los representantes del Parlamento. Parece una mesa demasiado grande pero el tema es muy importante para tener una mesa demasiado pequeña. Este año el Parlamento puede tener un proyecto enviado por el Ejecutivo.

PRINCIPAL