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El
juez español envió un exhorto a Interpol recordando que él |
Por Victoria Ginzberg  El juez
español Baltasar Garzón aún no recibió el pedido de su par argentino
Gustavo Literas para que complete la información en las órdenes de
captura internacional contra 48 responsables
de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura argentina. La
solicitud fue enviada por vía diplomática. Pero el magistrado ya pidió
a Interpol que le haga llegar a Literas el escrito completo que él había
remitido, que no se compone de las cuatro páginas que se recibieron aquí
sino de 442 folios. El juez quiere saber si Interpol "dio curso
completo a las órdenes de captura internacional", y reclamó que en
caso de no haberse procedido de esa manera "explíquense las causas y
subsánese la omisión".
Mientras
se ocupa de la apelación para que no quede libre el dictador chileno
Augusto Pinochet, Garzón solicitó que se le informe a Literas que la
solicitud para que se proceda al arresto de los acusados fue librada
"con todos los requisitos legales y que consta de 442 folios en los
que se describen los hechos, razonamientos jurídicos, delitos
--genocidio, terrorismo y torturas--, así como las personas a
detener".
A principios de mes,
cuando llegaron a la Argentina las cuatro páginas remitidas por Interpol
con las 48 órdenes de capturas, el ministro de Justicia y Derechos
Humanos, Ricardo Gil Lavedra, se aventuró a asegurar que el magistrado
argentino rechazaría la solicitud de la Justicia española porque
"los elementos no eran suficientes como para ni siquiera analizar prima
facie la pertinencia y procedencia de la petición". El juez
Literas, en cambio, abrió un expediente judicial para analizar la situación,
pero manifestó que el escrito que había recibido era incompleto, ya que
faltaban, entre otras cosas, datos personales de los acusados como fotos,
domicilios, números de documentos de identidad y los delitos que se le
imputan a cada uno de los represores. Garzón, ahora, informó que su
solicitud estaba completa y pidió que Interpol "subsane algún error
material producido".
"Para detener a Pinochet bastaron con las hojas que se
mandaron, que eran pocas", aseguró Susana García, abogada de la
Acusación Popular e integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos
Madrid. García explicó así que, generalmente, la policía internacional
no envía a todos los países los escritos completos de los magistrados
sino que para realizar las detenciones alcanza con los elementos que se
recibieron a principios de mes aquí.
El pedido de captura internacional contra los 47 militares y un
civil que llegó a Interpol Argentina el 3 de enero constituyó la primera
partida que se desprende del auto de procesamiento contra 98 represores
librado por Garzón el 2 de noviembre pasado, luego de que en octubre de
1999 la Audiencia Nacional ratificara por unanimidad su competencia para
investigar los crímenes ocurridos durante las dictaduras de la Argentina
y Chile. Los dictadores Antonio Domingo Bussi y Leopoldo Fortunato
Galtieri, el ex marino Alfredo Astiz, el presidente del Círculo Militar,
Ramón Genaro Díaz Bessone, y el ex jefe del tercer Cuerpo del Ejército,
Luciano Benjamín Menéndez, son algunos de los militares incluidos en las
órdenes de arresto con miras a extradición dictadas por Garzón, que están
enmarcadas en el tratado de cooperación jurídica entre la Argentina y
España. Una vez que Literas reciba los datos completos debería proceder a arrestar a los acusados, y los posteriores traslados a España se resolverían en un juicio de extradición. EL
DIRECTORIO DEL INADI PIDE LA RENUNCIA A RAMOS Por
V.G.
"No discutimos el derecho del señor Ramos de militar y ser
afiliado a un partido político, mas sí ponemos de resalto que su condición
de presidente del instituto compromete a este organismo en el marco de una
maniobra absolutamente ajena a los usos y fines del Inadi, confundiendo a
la opinión pública respecto de la esencia del instituto", se
asegura en la carta firmada por Conti, el vicepresidente de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos, Simón Lázara y Lautaro García
Batallán, secretario de Asuntos Institucionales y Relaciones con la
Comunidad del Ministerio del Interior, y que cuenta con el mandato del
presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA),
Rogelio Cichowolsky, y del representante de la Federación Arabe
Latinoamericana (Fearab).
Los desencuentros entre Ramos y el resto del directorio del Inadi
comenzaron luego de que el funcionario concurriera el miércoles pasado al
"gabinete de las luces". Allí, el ex presidente Carlos Menem le
pidió que investigue si el Gobierno aliancista violó la Ley
Antidiscriminatoria al despedir empleados municipales del justicialismo. Lázara,
entonces, advirtió sobre la inconveniencia de que Ramos participara de
esa reunión en nombre del Inadi. Y Conti aseguró que el funcionario
"se tenía que ir". Narró también que Ramos la había invitado
a tomar un café, pero que ella sólo estaba dispuesta a verlo en una
reunión de directorio, que no había sido convocada.
Ramos decidió
contestarle ayer a la subsecretaria con una escueta, pero contundente
carta: "Su falta de ética me asombra, pero su capacidad de intriga
me asusta. En mi vida política y social nunca sentí en carne propia
tanta mentira e infamia", asegura en la misiva. Estas palabras,
unidas a un trascendido que indicaba que Ramos tenía previsto llamar a
una reunión del Consejo Asesor del Inadi para dar curso a una denuncia
contra Carlos "Chacho" Alvarez y el antecedente del
"gabinete de las luces", terminaron de decidir a los miembros
del directorio, que pidieron la remoción del funcionario. Ramos, por su
parte, impugnó el hecho de que García Batallán firmara su pedido de
expulsión porque, dice, "no es parte del directorio", y aseguró
que es víctima de una persecución política. Para Lázara, en cambio, el
funcionario "ha fracturado el mecanismo de consenso". INTERROGATORIO
A DOS MILITARES Por
V.G.
El pedido, realizado a través de un exhorto diplomático, se
refiere al coronel Benito Guades y al capitán de fragata Laudo Sosa,
quienes habrían entregado a las autoridades militares locales a dos
desaparecidos argentinos.
Si las autoridades guaraníes conceden el permiso, Galeano se
constituirá en Paraguay para interrogar a Guades y Sosa, para
tratar de obtener precisiones sobre la fecha del traslado y otros datos
que permitan avanzar en la pesquisa.
El documento encontrado en Paraguay --se trata de un informe
elevado por un comisario de apellido Cantero al jefe de Investigaciones de
la policía paraguaya, Pastor Coronel-- dice que los detenidos viajaron el
16 de mayo de 1977 "a las 16.34 en un avión Bi-reactor de la Armada
Argentina con matrícula 5-7-30-0653, piloteado por el capitán de
Corbeta, José Abdala (el alias de Luis D'Imperio)", y que fueron
entregados "en presencia del coronel Benito Guanes (sic) y del
capitán de Fragata Lázaro Sosa, al teniente José Montenegro y Juan
Manuel Berret, ambos del SIDE". En el archivo paraguayo también
fueron localizadas las fichas personales de las víctimas elaboradas por
la policía paraguaya.
La causa que instruye Galeano fue iniciada en 1993 por denuncia del
Centro de Estudios Legales y Sociales, y fue reactivada en 1998 por la ex
subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Pierini, con el sustento del
derecho a la verdad. Galeano también requirió a la actual subsecretaria
de Derechos Humanos, Diana Conti, toda la información que posea sobre
este caso. Días atrás, Conti recibió de parte del presidente del
Tribunal Etico del Paraguay, Martín Almada, registros y antecedentes
sobre argentinos desaparecidos en ese país durante la vigencia del Plan
Cóndor.
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