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OPINION
Las claves, sobre el final del juicio

Por Miguel Bonasso

Como era previsible, no hubo casi diferencias entre los alegatos de la querella (los abogados de la familia Cabezas y de la revista Noticias y los de ARGRA) en relación con los formulados el jueves por los fiscales. Igual que los integrantes del ministerio público, los letrados querellantes pidieron la pena máxima �reclusión perpetua� para ocho de los nueve acusados que restan en el juicio tras la esperada liberación del informante policial Carlos Redruello, dispuesta también el jueves pasado. Para Silvia Patricia Belawsky, oficial de policía y ex esposa de Gustavo Prellezo, solicitaron una pena de quince años como partícipe secundaria del crimen. Los únicos matices y notas discordantes respecto de la unanimidad lograda entre ambos sectores de la acusación fue la introducida por el abogado de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) Miguel Gaya y su copatrocinante del CELS Alberto Bovino, quienes no formularon acusación contra Belawsky en relación con el asesinato de José Luis Cabezas, estimando que se la debería procesar en una causa separada �por incumplimiento de los deberes de funcionario público�.
También introdujeron algunos otros matices en relación con una acusación que, tanto a nivel de las partes agraviadas como de los representantes del Estado, coincidió en considerar al fallecido empresario Alfredo Enrique Nallib Yabrán como autor intelectual del crimen y a su jefe de la custodia, Gregorio Ríos, como instigador, con el ex policía Gustavo Prellezo como �director ejecutivo de la empresa criminal�, según la curiosa definición de la bisoña fiscal Claudia Castro. El lunes comenzarán los alegatos de la defensa y la sentencia se conocerá, según lo anunció el presidente del Tribunal, Raúl Begué, el 31 de enero próximo. La unanimidad de las acusaciones y el peso de una instrucción que se orientó claramente hacia la llamada �pista Yabrán� permiten anticipar que no habrá grandes diferencias entre lo que propone la parte acusadora y la sentencia. Se habrá cerrado así una etapa decisiva del caso Cabezas y, aunque eventualmente pueda producirse un Cabezas II, es probable que las grandes oscuridades del presente no lleguen a dilucidarse, como �por otra parte� ha sido tan frecuente en la historia penal de nuestro país.
Las penas pedidas
Para Gregorio Ríos como presunto instigador: reclusión perpetua. Para Gustavo Daniel Prellezo como coautor, reclusión perpetua. Para los horneros Horacio Anselmo Braga y Sergio Gustavo González en carácter de coautores: reclusión perpetua. Para sus compañeros José Luis Auge y Miguel Retana como partícipes primarios: reclusión perpetua. Para Silvia Patricia Belawsky como partícipe secundaria, 15 años de prisión.
La versión de los hechos
Con diferencias de matices, los fiscales y la querella coincidieron en reiterar la versión oficial: molesto por las fotos que le había tomado José Luis Cabezas, Yabrán ordenó a su custodio y mayordomo Gregorio Ríos que organizara su asesinato. Ríos, por su parte, instigó al policía Gustavo Prellezo para que llevara la siniestra conspiración a la práctica y éste lo hizo con el concurso de su amigo, el hornero José Luis Auge, y otros tres malandrines de Los Hornos (Horacio Braga, Sergio González y Miguel Retana). Como �director ejecutivo� y autor material contó también con el apoyo de los policías Sergio Camaratta y Aníbal Luna y de su propia esposa Silvia Belawsky, quien habría pedido antecedentes sobre el fotógrafo y habría colaborado con su ex esposo en hacer pasar como robado el Fiat Uno que supuestamente fue utilizado en el homicidio.
El abogado de los padres de Cabezas, Alejandro Vecchi, que tuvo una crisis emocional durante su alegato, dio por probado lo que el cartero supuestamente le habría dicho al entonces director de Noticias, Héctor D�Amico: �Para Yabrán sacarle una foto era como pegarle un tiro en la frente�. La aversión de Yabrán por la prensa se basaba, según Vecchi, enque intentaba ocultar �sus oscuros negocios�. La defensa seguramente dirá que se trata de un móvil débil y poco creíble.
La prueba
Tanto los fiscales como los querellantes destacaron la confesión de Silvia Belawsky ante el juez de instrucción José Luis Macchi, en la que sostuvo que su ex marido Prellezo le habría dicho que detrás del crimen �estaba Yabrán�. Esta confesión tuvo lugar en mayo de 1998 y determinó el pedido de captura de Yabrán que, a su vez, culminó con el suicidio del Cartero. También hubo coincidencias en recordar los contactos telefónicos entre Gregorio Ríos y Gustavo Prellezo en los días y horas cercanos al crimen que fueron detectados por el sistema informático Excalibur. Y el encuentro entre Ríos y Prellezo en el restaurante McPapas, que reveló el testigo Ricardo Manselle, además de otros encuentros del jefe de la custodia con policías vinculados con el crimen como Aníbal Luna y Sergio Camaratta. Pero el elemento fundamental de la acusación �destacado por los fiscales� sigue siendo el testimonio de los horneros que se autoincriminan en el caso, aunque tratando de disminuir su responsabilidad asegurando que fueron convocados para �darle un susto� al fotógrafo.
Oscuridades y dislates
Tanto los fiscales como los abogados de la querella pasaron por encima de una de las pruebas materiales fundamentales: el arma homicida. Que sería, presuntamente, el Colt 32-20 del �pepito� uruguayo Luis Martínez Maidana. Curiosamente el dueño del arma resultó sobreseído cuando se desmoronó la historia inicial de �los pepitos� marplatenses que secundaban a Margarita Di Tullio (alias Pepita la Pistolera). Nadie ha podido explicar hasta ahora cómo esa arma llegó a las manos del policía Gustavo Prellezo.
La fiscal Castro, en cambio, dio por probado el hallazgo de la cámara fotográfica Nikon F-4 de José Luis Cabezas, presuntamente hallada por la varita mágica de un rabdomante en el cauce (posiblemente seco en el estiaje) del Canal 1 de General Conessa. La cámara era la única prueba material que podía dar sustento al relato �contradictorio� de los horneros, que dijeron haberla �roto en pedazos� tirando sus partes por la ventanilla del auto cuando huían. La cámara, sin embargo, fue encontrada casi entera y un primer peritaje encontró restos de flora y fauna ajenos al lugar donde presuntamente fue hallada por los investigadores policiales de la Bonaerense.
¿Cabezas II?
Aunque la famosa pista policial fue descartada durante la instrucción y la acusación la vapuleó en el debate oral, es sugestivo que tanto el abogado de la familia Cabezas, Alejandro Vecchi, como otros de sus colegas en la querella y el propio ministerio fiscal pidan ahora que se investigue a los investigadores, como el comisario Oscar Viglianco, que se puso al cinto el Colt de Martínez Maidana, se detenga y juzgue a policías que estuvieron inicialmente en la lista de sospechosos como el suboficial Carlos Stoghe o el ex jefe de la Subrigada de la Costa Juan Carlos Salvá. Y que coincidan en volver a colocar bajo la mira al ex comisario de Pinamar Alberto �La Liebre� Gómez, inicialmente acusado de haber proporcionado una zona liberada para que los asesinos �muchos de los cuales podrían estar aún ocultos e impunes� pudieran ejecutar uno de los crímenes más atroces y aberrantes de la era democrática. Pero estas salvedades, que son más notorias en el alegato de los abogados de ARGRA, no alcanzaron para moverlos un centímetro de la historia oficial.

 

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