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Por Irina Hauser  El calor riojano acariciaba la
melena, todavía algo más tupida que la actual, de Carlos Saúl Menem.
"Esta es una realidad que nada ni nadie va a truncar", dijo el
27 de octubre de 1995 después de colocar la piedra basal de la Ciudad
Universitaria de la casa de altos estudios de su provincia natal. A qué
realidad se refería, es algo sujeto a libre interpretación. Según una
denuncia que investiga la Sindicatura General de la Nación (Sigen), a la
que accedió Página/12, de los 63 millones que se pagaron para construir
el complejo universitario, 25 millones tuvieron destino desconocido. Otros
datos revelan la posible adulteración de actas de exámenes y nóminas de
alumnos y docentes. E incluso que el rector tiene asignado para gastos
reservados cerca del 10 por ciento del presupuesto. Parte de la información
asentada en 20 páginas sintoniza con la de la última auditoría que hizo
la Sigen, que agrega otras conclusiones alarmantes. Por ejemplo, que en el
último ciclo lectivo hubo 1583 inscripciones más que el total de
egresados de escuelas secundarias.
La Ciudad
Universitaria de la Ciencia y la Tecnología, como fue bautizada la nueva
sede de la UNLaR, es el resultado de una de las primeras medidas que
dispuso Menem tras su reelección. La faraónica construcción empezó el
2 de julio de 1996, el mismo día que el ex presidente cumplía 66 años,
y terminó a fines de 1998. Los cálculos iniciales cantaban que la obra
completa costaría 42 millones de pesos. Para pagarlos, el presupuesto del
'97 concedía el privilegio de una partida especial de algo más de 22
millones. Sin embargo, de acuerdo con documentación que analiza la Sigen,
comandada por Rafael Bielsa, el gasto fue de "63.021.604,52
pesos", "financiados en el año '96 12.114.238,12 pesos, en el año
'97 24.765.942,36 y en el año '98 26.141.424,04".
Desvíos. El informe, recibido por la Sigen hace 15 días,
acusa: "Se quedaron con un vuelto de aproximadamente 25
millones". Sugiere, a la vez, "que se investiguen las cuentas Nº
BNA. 20390/06 y NBR. 3100168/3" en las que habrían ingresado los
fondos para montar laboratorios y equipos informáticos que nunca
aparecieron. Y desglosa posibles mecanismos de desvío de dinero en gastos
registrados tales como:
* "12.999.980
pesos en la instalación de un aire acondicionado que no funciona".
Además, es un equipo que, según especialistas, costaría 8 millones en
plaza, aunque no se deberían haber pagado más de 5 millones.
* "2.758.920
supuestamente en el equipamiento de 15 laboratorios que no existen".
"No hay instrumentos, aparatos ni elementos de laboratorio",
dice la denuncia.
* "2.962.900 en un centro cultural que no existe", para
el cual la UNLaR registró --entre otras cosas-- la compra de
revestimientos, pisos, instalaciones, equipamiento de radio y televisión,
de confitería, de teatro, utilería, escenográfico y sistemas de audio.
* "1.499.400 en equipamiento informático", lo que incluía
"unas 80 máquinas y una central de procesamiento" que no estarían
a la vista.
* "1.675.000 en 16.109 árboles y arbustos", también
invisibles.
"Desde que se inauguró la ciudad universitaria los locales
destinados a instalar laboratorios están vacíos", describió a este
diario Estela Cruz, secretaria general del gremio docente local. "El
anfiteatro o centro cultural o como lo llamen, tampoco existe --agregó--.
Y de plantas, ni hablar: basta pararse y mirar alrededor para comprobar
que no hay nada más que césped".
Curioso reparto.
Del presupuesto de alrededor de 13 millones que maneja la UNLaR, la Sigen
estudia por qué el rector tendría un 10 por ciento asignado a
"gastos reservados" , una atribución de por sí cuestionada
para los gobiernos nacionales. Para la administración del rectorado y sus
secretarías el porcentaje asignado, cercano al 9 por ciento --según la
denuncia--, resultaría excesivo. En tanto, para capacitación, el
presupuesto sería cero.
¿Verdadero o falso? La Sigen estudia si se agrandaron
artificialmente los listados de docentes y horas de cátedra, para los
cuales el Ministerio de Educación destinó fondos según el acuerdo en
paritarias (entre el Consejo Interuniversitario Nacional y la Conadu)
refrendado por el decreto 1470/98. El reporte que analiza la Sindicatura
afirma que la UNLaR declaró en aquel entonces 1064 cargos docentes, pero
en realidad serían 756; también consignó 352 cargos codocentes, que en
los hechos serían 142. Del Colegio Universitario General San Martín se
declararon 5842 horas cátedra, aunque la cifra real sería 1352. Este último
caso fue denunciado por Ardu, con documentación incluida, ante la nueva
Oficina Anticorrupción que funciona en el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
Pero el listado de posibles irregularidades sigue. La denuncia
también cita: "adulteración y falseamiento de actas de examen, 576
casos en el período 1991-1998; venta de diplomas, 48 diplomas
comerciados; adulteración de la información sobre la cantidad de alumnos
y egresados de los pseudocursos de posgrado (...) y promedios de egresados
para la acreencia de becas de posgrado o méritos
institucionales...".
La autenticidad del
libro de matrículas también es puesta en duda. En las actas del Consejo
Superior, señala el informe anónimo, figura que el rector aseguró:
"La UNLaR cuenta con 17.061 alumnos activos, demostrable y
verificable con cualquier método y/o medio". Sin embargo, según
datos que surgen de la última auditoría oficial, el total de estudiantes
no llega a 9000. Vale aclarar: la cantidad de alumnos y docentes es una
variable que interviene en la definición del presupuesto asignado a las
universidades.
Lo interesante, ante
los ojos de algunos auditores, es que buena parte de esta información
El día que echaron a los auditores de las aulas Inspectores de la Sigen ya habían intentado investigar en la UNLaR, perono tuvieron acceso a la documentación. Por
I.H.
El equipo de la Sigen estaba liderado por el ingeniero Ignacio Díaz
Zabala. Ya en aquel entonces en el organismo sospechaban --entre otras
cosas-- que la capacidad del campus universitario, ideado para 24 mil
alumnos, superaba en más del doble la cantidad de estudiantes efectivos,
y que la cantidad de matriculados era muy superior a la de egresados de
escuelas secundarias riojanas. Además contaban con elementos para
presumir posibles desvíos de fondos y uno los blancos claves a investigar
era la Fundación de la Universidad (Funlar) que, al parecer, nunca hizo
un balance o reporte de sus estado financiero.
La Sindicatura, en
aquella época dirigida por María Cristina Benzi, tiene entre sus
funciones la de auditar universidades nacionales. La auditoría del año
pasado duró desde el 30 de agosto al 3 setiembre, pero quedó trunca. Se
iba "a evaluar el cumplimiento de la normativa sobre la gestión de
convenios --por ejemplo con Funlar--, verificación de existencia de
controles referidos a la efectiva prestación de servicios y destino de
los fondos", explicaron en la Sigen.
Tello Roldán consideró que "la auditoría fue desbordada,
parcial e ilegítima", según publicó el diario local El
Independiente. "Invadió esferas de otros organismos nacionales y
solicitó explicación sobre aspectos que la universidad no debe responder
simplemente porque caen fuera de su órbita", sostuvo el rector para
quien se estaba violando la autonomía universitaria.
En una carta que le
envió a Benzi y al ex presidente Carlos Menem, Tello Roldán acusaba a la
comisión de auditoría de proferir "amenazas y extorsiones a
funcionarios y empleados de esta universidad, intentando condicionar o
imponer conductas bajo la coacción del sentido del futuro informe a su
cargo". También los denunciaba, por ejemplo, por "destinar
parte de su actividad a servir intencionalmente de caja de resonancia de
la oposición interna docente por medio de entrevistas y recepción de
eventuales denuncias y con las consecuencias institucionales
esperables". La carta, fechada el 2 de setiembre de 1999, que lleva
su firma de puño y letra, tiene dos veces el mismo error ortográfico:
"a (sin hache) perpetrado" y "a (sin hache) servido",
dice. Como broche de oro, públicamente les imputó ser
"simpatizantes de la Alianza".
Pese a todos los
reclamos, los auditores elaboraron un informe donde dan cuenta de manejos
irregulares en la UNLaR. Ahora, en función de la detallada denuncia (ver
nota central) recibida hace 15 días, la Sigen tiene mucho más para
entretenerse.
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tiende a coincidir con la que ya tenía la Sigen el año pasado, al cabo
de su auditoría regular. Este parte indicaba ya posibles mecanismos de
desvíos de fondos. Mostraba incongruencias tales como que la ciudad
universitaria está hecha para 24 mil alumnos, y no para la cifra menor a
la mitad existente. Revelaba que aun si el ciento por ciento de los
egresados de secundarios riojanos hubieran ingresado en la UNLaR, sobrarían
cerca de 1600 matriculados en el último ciclo lectivo. Un diagnóstico
escalofriante si se tiene en cuenta que La Rioja no sólo recibe poquísimos
estudiantes de otras provincias sino que muchos nativos prefieren irse a
estudiar a Córdoba.