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Por David Cufré  El Gobierno sabe que los
jubilados han sido los grandes olvidados de la administración menemista.
Y que, después de haber comenzado su gestión con un antipático paquete
impositivo, un aumento a los mayores redundaría en una vital ganancia de
capital político. El ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, fue el
segundo miembro del gabinete en confirmar la intención del Poder
Ejecutivo de buscar mecanismos para incrementar esos haberes. El primero
fue José Luis Machinea, quien reveló en un reportaje publicado ayer por Página/12
que "si logramos la aprobación de la reforma a la seguridad
social, seguramente habrá margen para aumentar a los jubilados".
Ayer, Flamarique añadió que "el sistema de seguridad social está
en el orden de los 30 mil millones de pesos y se recaudan 10 mil millones.
Por ende, si aumenta la recaudación, evidentemente se pueden generar
subas dentro del sistema previsional".
La reforma previsional
que el Gobierno enviará al Congreso en las próximas semanas, como la última
de las leyes de la emergencia económica, incluye una batería de medidas
para elevar la recaudación de la seguridad social. "El Gobierno está
planteando hacer un combate muy profundo a la evasión en los aportes
jubilatorios", expresó Flamarique. Uno de los instrumentos será
"convertir el resumen de la Anses y de las AFJP en títulos
ejecutivos, para poder demandar rápidamente el cobro de las deudas por
muchos trabajadores a los que les hacen los descuentos salariales, pero
que las empresas no aportan", señaló el jefe de la cartera laboral.
En la actualidad, la
DGI debe iniciar una causa judicial cuando detecta a una empresa que evade
los aportes jubilatorios. Al asignarle el carácter de título ejecutivo
al resumen que la Anses y las AFJP envían a los afiliados, la DGI podrá
exigir el pago evadido sin más trámite.
Otra fuente para obtener recursos con que financiar un aumento a
los jubilados es modificar los regímenes de retiro de la Justicia, las
Fuerzas Armadas y la Cancillería. Machinea le dijo a este diario que
"los queremos cambiar" y que se está definiendo el mecanismo.
El ministro de
Defensa, Ricardo López Murphy, está elaborando el proyecto para el caso
de las Fuerzas Armadas. Sus integrantes se retiran mayoritariamente antes
de los 65 años, en edades que oscilan de acuerdo a los años de servicio
y las áreas en que los hayan prestado, pero son numerosos los casos en
que lo hacen entre los 50 y los 55 años. La propuesta oficial mantendría
ese esquema, pero plantearía una disminución a sus haberes y,
especialmente, una reducción a los beneficios especiales con que hoy
cuentan los militares y sus familias. Por caso, las hijas solteras tienen
derecho a una pensión vitalicia cuando muere su padre militar. En
compensación por esas quitas, el Gobierno dispondría un plan especial de
capacitación a miembros de las Fuerzas Armadas para facilitar su
reinserción laboral en el sector privado.
En el caso de la
Justicia y la Cancillería, las edades de retiro son de 60 años las
mujeres y 65 los hombres. La ventaja radica en que perciben un haber
jubilatorio equivalente al 85 por ciento del salario de una persona en
actividad de su mismo escalafón. "Es una inequidad insólita",
describió a este diario un alto funcionario de Economía, y señaló que
"el promedio de la jubilación para el resto de la gente es del 60
por ciento del sueldo de una persona activa". Por lo tanto, la
modificación sería equiparar a los jubilados de la Justicia y la
Cancillería con el resto.
Además de dotar a la
DGI de mayores poderes para combatir la evasión previsional y de
modificar los regímenes de retiro de la Justicia, las Fuerzas Armadas y
la Cancillería, el Gobierno le apuntará a las jubilaciones de
privilegio. Machinea destacó que "en la Argentina no habrá nuevas
jubilaciones" de este tipo, porque "por primera vez conseguimos
que se les impusiera un impuesto especial a los haberes superiores a los 3
mil pesos". "Yo quisiera eliminar las jubilaciones más altas,
pero lo cierto es que existe una cuestión de derechos adquiridos",
indicó. Sin embargo, en la reforma previsional próxima a ser girada al
Congreso figurará un artículo que, indirectamente, volteará las
jubilaciones de privilegio vigentes. Y aportará fondos para distribuir
entre los demás jubilados.
Como reveló ayer
Cash, la ley fijará un tope a los haberes que podrán cobrar aquellos que
se reincorporen al mercado laboral. Todo aquel que en su nuevo empleo gane
más de 1200 pesos, dejará de percibir la jubilación. Y si gana menos de
1200, la jubilación será por la diferencia hasta ese monto. De este
modo, los jubilados de privilegio --que mayoritariamente siguen
trabajando, y en muchos casos en la administración pública-- no podrán
seguir gozando de sus suculentos haberes como retirados. Para el resto de
los jubilados la medida tendría menos impacto, porque, en los hechos,
aquellos que vuelven a trabajar lo hacen para aumentar sus magros ingresos
jubilatorios. Y, además, se sabe que en general cobran en negro. FLAMARIQUE
NO QUIERE SUBIR LA EDAD JUBILATORIA
El cruce reedita otros similares que mantuvieron durante la
gestión menemista los jefes de Hacienda, Roque Fernández, y de la
cartera laboral, Erman González. Esta vez, el conflicto surgió por la
intención de Machinea de incorporar en la nueva ley previsional el
incremento de 60 a 65 años de la edad jubilatoria de las mujeres. El
principal argumento de Economía es que resulta fundamental para
"asegurar la solvencia del sistema previsional a largo plazo".
De acuerdo con el cronograma preparado en esa cartera, la edad
jubilatoria se elevaría progresivamente a partir del 2003. Desde ese
año, las mujeres podrían retirarse a los 61. Finalmente, en el 2011, se
llegaría a los 65 años. El cálculo es que en el 2003 la recaudación
del sistema previsional aumentaría en 100 millones de pesos. Y desde el
2011, crecería en 700 millones al año. Pablo Gerchunoff, jefe de
asesores de Machinea, le dijo a este diario que "no ignoramos que hay
un debate en torno de esta idea, pero una razón para llevarla a cabo es
que la renta vitalicia que cobran hoy las mujeres cuando se jubilan es
menor que la de los hombres". "Esto cambiaría al equiparar las
edades de retiro, porque la mujer acumularía fondos en la AFJP durante
más años", afirmó.
Desde el Congreso también existen resistencias a esta iniciativa.
Sin embargo, los legisladores de la Alianza están dispuestos a votar en
favor de la misma. Pero, aclaran, lo harían siempre y cuando se incluya
en el proyecto una cláusula gatillo por la cual el cronograma de
incremento de la edad comience a correr sólo cuando la tasa de desempleo
sea inferior al 10 por ciento. "En las condiciones actuales del
mercado laboral es absolutamente inoportuno aumentar la edad jubilatoria
de las mujeres", le dijo a este diario el diputado aliancista Eduardo
Santín. "Sin embargo, cuando la desocupación baje a menos del 10
por ciento se podrá avanzar con esta medida", concluyó.
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