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Tanto
el secretario de Cultura, Darío Lopérfido, como el interventor en el
Comfer, Gustavo López, expresaron en los últimos días la voluntad
del Gobierno de asumir la responsabilidad de impulsar una ley de
radiodifusión que, a través de un debate amplio y abierto que
incluya a todos los sectores de la sociedad, permita arribar a un
consenso sobre una cuestión que hoy resulta imprescindible para el
ejercicio y la vigencia de la democracia. Dieciséis años de
democracia no han sido suficientes en la Argentina para poner claridad
y, sobre todo, reglas de juego equitativas en este campo. Sucedió así
porque a medida que la comunicación fue ganando peso, como influencia
en la sociedad, como negocio y, por lo tanto, como lugar de poder,
ninguno de los gobernantes o dirigentes políticos tuvieron ni la
fuerza, ni la decisión política, ni las agallas suficientes como
para jugar el rol que les hubiera correspondido; impulsar una
normativa que, apoyada en el reconocimiento de que la comunicación es
un bien social (y no sólo el negocio de grandes grupos económicos),
garantice de manera efectiva el derecho a la comunicación (a la
información, a escuchar y a ser escuchado) de todos los sectores que
participan de la sociedad. Si la información y la comunicación están
vinculadas hoy a la toma de decisiones, al bienestar y a la educación,
a la salud, sigue resultando incomprensible por qué, si nadie discute
el derecho del Estado a establecer una política de salud o de educación,
se sigue limitando (y autolimitando) el derecho a establecer reglas de
juego en el campo comunicacional. Porque, si bien se puede reconocer
que hemos dado pasos importantes en materia de libertad de expresión,
no cabe duda de que éste es apenas un aspecto (importante, pero sólo
uno) de un derecho más amplio, entendido como derecho a la comunicación,
que debe garantizar la participación real y efectiva de todos los
actores sociales en el escenario generado por la cultura mediática.
Es importante que hoy el Gobierno se muestre dispuesto a impulsar y
propiciar un marco legal para la comunicación. Habrá que esperar
reacciones de las otras partes. Muchos aspectos tendrán que ser
considerados. Aquí se citan apenas dos: 1) que la futura ley no sea sólo
un instrumento para legitimar los negocios mediáticos que los grandes
grupos económicos, nacionales y extranjeros, hicieron al amparo del
caos, del poder y violando derechos de terceros, y 2) que el Estado
asuma la responsabilidad de resguardar (mediante reserva de
frecuencias, por ejemplo) el derecho a comunicar de quienes no tienen
poder económico ni capacidad de presión.
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