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Por Victoria Ginzberg  �Dije
a estos señores que con mucho gusto intercambiaríamos informaciones e
incluso detenidos y que no era la primera vez que jefes de la Argentina
llegaban a nosotros y a todos les hablábamos con este mismo lenguaje,
pero a pesar de las promesas jamás tuvimos respuesta a nuestro
planteamiento". Las palabras pertenecen a un comunicado que el jefe
de Investigaciones de la policía paraguaya durante la dictadura de
Alfredo Stroessner, Pastor Coronel, le envió a "Su Excelencia",
informándole sobre la visita de dos policías argentinos con los cuales
habló de Amílcar Santucho. El hermano del líder del Ejército
Revolucionario del Pueblo fue secuestrado en Asunción en mayo de 1975
junto con el chileno Isaac Fuentes Alarcón. En setiembre de ese año,
Fuentes Alarcón fue entregado a la dictadura pinochetista. Su caso parece
haber sido el punto de partida y el modelo para la "formalización"
del Operativo Cóndor, llevada a cabo un mes después.
El memorándum de
Coronel y otros documentos rescatados del Archivo del Terror de Paraguay,
que confirman que los casos de Fuentes Alarcón y Santucho conformaron
parte de la prehistoria del Cóndor, servirán como prueba en el juicio
contra Jorge Rafael Videla, Augusto Pinochet y Alfredo Stroessner y otros
dictadores que un grupo de familiares de desaparecidos iniciaron el año
pasado en Argentina.
El papel enviado por
Coronel a "su excelencia el señor presidente de la república"
(Alfredo Stroessner) reseña la visita a Paraguay de dos policías
argentinos: el comisario mayor Roberto José Rivera y el comisario
inspector Enrique José Di Napoli Vita. Según informa Coronel a su jefe,
los argentinos le manifestaron que venían "con el afán de buscar la
forma de coordinar labores".
En el documento se
menciona explícitamente el caso de Amílcar Santucho, hermano de Mario
Roberto, el máximo dirigente del Partido Revolucionario de los
Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo. Coronel manifiesta
allí que les dijo a los visitantes que "nosotros en el caso de
Santucho, detuvimos, interrogamos, y enviamos el resultado de inmediato a
las autoridades argentinas" y que "no tendríamos probablemente
ningún inconveniente de entregarlo a Santucho siempre y cuando también
de parte de ellos tengamos la misma respuesta sobre algunos elementos
subversivos nuestros que también trabajan en contra de ellos, porque están
aliados con los elementos izquierdistas de su país". Finalmente el
documento termina mencionando que Rivera y Di Napoli Vita
"prometieron regresar para seguir conversando sobre el tema".
Santucho y Fuentes
Alarcón fueron secuestrados en Asunción el 16 de mayo de 1975. Santucho
no fue entregado a las autoridades argentinas --que aún eran
constitucionales-- aunque, como se desprende del texto citado
anteriormente, éstas fueron informadas de inmediato del resultado de su
"interrogatorio". Según relató el mismo Santucho --luego de
ser liberado en 1979 como producto de una campaña internacional-- policías
y militares de este país se dirigieron a Paraguay para interpelarlo y
torturarlo personalmente. "En todos esos interrogatorios el centro
del objetivo de las preguntas radicaba especialmente en la situación de
mi hermano, dónde vivía, dónde funcionaba la escuela militar del Ejército
Revolucionario del Pueblo; vale decir, todos los interrogatorios, sean
hechos por paraguayos, uruguayos, chilenos y argentinos se referían específicamente
a problemas de la República Argentina", aseguró Santucho.
Fuentes Alarcón,
militante del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), sí fue
entregado a las autoridades chilenas. Según consta en la ficha con su
foto y datos personales elaborada por la dictadura paraguaya, "fue
puesto en libertad el 23 de setiembre de 1975 y expulsado por el
aeropuerto Presidente Stroessner". En realidad, Fuentes Alarcón fue
llevado por la DINA --la policía secreta del dictador Augusto
Pinochet-- desde Paraguay a un campo de concentración ubicado cerca de
Santiago. Allí fue visto por otros detenidos que declararon que llegó
"muy mal herido debido a las torturas". El hombre, de 28 años
al ser secuestrado, aún está desaparecido.
Dos días después de
la entrega de Fuentes Alarcón a Chile, Manuel Contreras, director de la
DINA, envió una carta de gratitud a Coronel. Allí le escribió:
"Junto con tener el grato placer de saludarlo le hace llegar los más
sinceros agradecimientos por la colaboración prestada para felicitar las
gestiones relativas a la Misión que debió cumplir mi personal en la
hermana república de Paraguay y estoy cierto que esa mutua cooperación
continuará en forma siempre creciente para el logro de los objetivos
comunes coincidentes de ambos servicios". La colaboración entre los
servicios, se sabe, se incrementó. Y el 29 de octubre se oficializó
--tal como fue publicado por Página/12 en octubre pasado-- mediante un
documento de 11 páginas en el que se resumieron los
"fundamentos", la "proposición", los "países
participantes" y el "programa de trabajo" de la Operación
Cóndor. Así, los documentos secretos encontrados en Paraguay y los
desclasificados por el gobierno de Estados Unidos permitieron ponerle una
fecha de nacimiento al Operativo Cóndor: 29 de octubre de 1975.
Los puntos señalados en el documento que parió al Cóndor fueron
discutidos en una reunión que se llevó a cabo en Santiago de Chile entre
el 25 de noviembre y el 1º de diciembre de 1975 y contó con la presencia
de los jefes de inteligencia militar de Argentina, Uruguay, Brasil y
Paraguay.
Si bien los crímenes
de la represión latinoamericana se internacionalizaron antes del
secuestro de Santucho y Fuentes Alarcón --el asesinato en Buenos Aires
del general chileno Carlos Prats y su esposa el 30 de setiembre de 1974 es
un ejemplo elocuente--, la detención de estos dos hombres fue un hito en
el diálogo entre los ejércitos argentinos, paraguayos y chilenos para
coordinar y luego formalizar el intercambio de prisioneros.
El comunicado en el que Coronel informa sobre las gestiones
realizadas con los policías argentinos en relación con Santucho y la
ficha personal de Fuentes Alarcón encontrada en los archivos del Terror
de Paraguay servirán de prueba en el juicio contra los dictadores del
Cono Sur que inició aquí un grupo de familiares de las víctimas. Allí
se imputó a Jorge Rafael Videla, Augusto Pinochet y Alfredo Stroessner,
entre otros, con el fundamento de que la desaparición de personas
constituye un delito permanente. En la causa resta definir si el juzgado a
cargo será el de Adolfo Bagnasco --en donde recayó por sorteo-- o el de
Gustavo Literas --quien podría hacerse cargo porque la investigación
podría tener conexidad con otro proceso que está investigando--.
Independientemente de la resolución de esta cuestión formal, los
abogados Alberto Pedroncini, David Baigún, Albor Ungaro y Carlos Zamorano
presentarán los documentos los primeros días de febrero, apenas termine
la feria judicial.
ABUELAS
INVESTIGAN UN NIÑO PRESUNTAMENTE DEVUELTO
Dora Marta Landi y
Alejandro José Logoluso, ambos argentinos, fueron secuestrados en
Paraguay en marzo de 1977. Su caso fue presentado por Almada ante el juez
español Baltasar Garzón como un ejemplo de la operativa del Cóndor. Un
papel encontrado en Paraguay señaló que ellos, junto con un grupo de
detenidos uruguayos, viajaron desde Asunción a Buenos Aires el 16 de mayo
de 1977 en un avión de la Armada Argentina piloteado por el capitán
"José Abdala" --el alias de Luis D'Imperio-- y fueron
entregados a miembros de la SIDE. El documento que deja constancia del
traslado de prisioneros fue uno de los primeros analizados luego del
descubrimiento de las cinco toneladas del archivo del terror en 1992. El
viernes, el juez Juan José Galeano solicitó autorización a Paraguay
para interrogar a dos militares que tienen relación con este caso.
Recientemente, Almada recuperó de los archivos una serie de
documentos que le llamaron la atención: el primero es un dictamen de un
asesor jurídico de la policía paraguaya. Allí se habla de un menor
"hijo del matrimonio Landi, detenidos en dependencias del
departamento de Investigaciones" (sic). El papel también está
firmado por Pastor Coronel, jefe de la policía política de Asunción. En
otro papel, también formado por Coronel, se dice que el niño, cuyo
nombre verdadero sería Andrés Domínguez Pizarro y tendría documento
mexicano, fue puesto a disposición de la Defensoría general de Menores.
Y en una tercera nota, fechada el 15 de diciembre de 1979, se dice que el
menor fue entregado a la "señora Clara Delia Aguirre Pizarro",
que vive en la "provincia de San Juan, República Argentina". El
nombre del niño, que presuntamente sería falso, alertó a Almada, quien
entregó estos documentos a las Abuelas, a Gil Lavedra y Conti.
Las Abuelas comenzaron una investigación de inmediato y, según relató Estela Carlotto a Página/12, ya pudieron establecer que el niño aludido no sería hijo de Marta Landi. Sin embargo, continúan recabando datos. El próximo paso será constatar la existencia de la abuela que habría recibido el niño en San Juan. "Queremos saber si se trata de un chico de padres desaparecidos. El hecho de que tuviera un pasaporte falso puede indicar que su familia fuera perseguida", explicó Carlotto. El caso también fue tomado por Gil Lavedra y Conti. El ministro dio instrucciones a la subsecretaria de Derechos Humanos para que se ocupara del asunto. De hecho, la funcionaria planea viajar en poco tiempo a Paraguay. Allí, de acuerdo con el compromiso asumido por Gil Lavedra, Argentina colaborará y dará asesoramiento para crear una oficina en la que se investiguen los crímenes de la dictadura al estilo de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep).
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