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De
la Rúa definió que para conseguirla "debe aumentar la recaudación".
En realidad, un grupo reducido de colaboradores de Machinea trabaja en la
más absoluta reserva en un proyecto para presentarlo al Presidente para
que la suba de las jubilaciones no demore el tiempo que implicaría
esperar hasta que crezca la recaudación previsional por el crecimiento
económico y por la lucha contra la evasión. Esa "ambiciosa"
iniciativa, como le gusta definirla a uno de sus autores, incluiría la
eliminación de la Prestación Básica Universal (PBU) para jubilaciones
superiores a los 700 pesos. La PBU es uno de los componentes del haber, a cargo del Estado, de unos 200 pesos. Esa parte fija les corresponde a todos los que se jubilan, ya sea en el régimen público o en el privado. La idea que tienen en Economía es eliminar la PBU de las prestaciones superiores a 700 pesos, y con los fondos que se ahorrarían por esa determinación volcarlos a mejorar las jubilaciones mínimas. A esa reforma se refería Machinea, en la entrevista exclusiva con este diario, cuando afirmaba que "lo que vamos a hacer es una reforma de la seguridad social que asegure la solvencia del sistema a largo plazo. Si logramos hacer pasar una ley de ese tipo, seguramente habrá margen para aumentar las jubilaciones".
No
fue inocente la frase "si logramos hacer pasar una ley de ese
tipo". Se trató de un mensaje enviado en dirección al Congreso, y
específicamente hacia el bloque de diputados de la Alianza, que se
resiste a eliminar la PBU.
El
suplemento económico Cash del último domingo adelantó el
contenido de la reforma previsional que marcha hacia el Congreso y que no
incluye la supresión de la PBU. Pese a ello, Eduardo Santín, diputado de
la Alianza y el que negocia con el Ejecutivo el tema previsional, afirmó
tajante: "Es absolutamente inviable; está descartada una reducción
de la Prestación Básica Universal".
Pero
ahora los funcionarios de Economía creen que se elevaron las chances de
doblegar la resistencia en el Congreso gracias a dos elementos: uno, que
quedó instalada la cuestión de un futuro aumento de las jubilaciones; el
otro, que otro miembro del gabinete además de Machinea, Alberto
Flamarique, y fundamentalmente De la Rúa, reafirmaron la suba de los
haberes como objetivo prioritario del Gobierno.
"El reconocimiento de los derechos de los jubilados está
también en el objetivo de una mejora en las jubilaciones, que debe venir
de una mejora en la recaudación y combatiendo la evasión
impositiva", dijo textualmente De la Rúa mientras Posse lo
observaba.
El
nuevo funcionario asume el cargo con la directiva fundamental de reducir
la evasión previsional a fin de obtener recursos genuinos que puedan ser
utilizados en un aumento en los haberes jubilatorios.
Para
cumplir con la tarea impuesta por su jefe, Posse anunció que lanzará el
1º de marzo próximo, junto al Ministerio de Trabajo, un gran operativo
de fiscalización contra la evasión previsional, con el propósito de
aumentar la recaudación y obtener recursos que permitan un incremento en
los haberes.
"La
idea es recuperar parte del dinero que no se recauda por la evasión"
para "poder ir pensando en mejoras salariales para los verdaderos dueños,
que son los pasivos". Posse calculó en un 30 por ciento el nivel de
evasión de aportes jubilatorios. Y que aspira a recuperar unos 3000 ó
4000 millones de pesos que no ingresan al fisco por evasión.
Flamarique
precisó una de las herramientas que empleará el Gobierno para llenar la
caja previsional, mecanismo que había adelantado Cash del domingo.
Además de los operativos de fiscalización, el Gobierno piensa convertir
--previa aprobación en el Congreso del respectivo proyecto de ley-- el
resumen de la ANSeS y de las AFJP en títulos ejecutivos, para poder
demandar rápidamente el cobro de las deudas previsionales que tienen las
empresas por haber retenido y no aportado al sistema de seguridad social
el dinero que se les deduce a los trabajadores de los salarios para su
futura jubilación.
En
la actualidad, la DGI debe iniciar una causa judicial cuando detecta a una
empresa que evade los aportes jubilatorios. Al asignarle el carácter de títulos
ejecutivos a los resúmenes que la ANSeS y las AFJP envían a los
trabajadores, Impositiva podrá exigir los fondos evadidos sin más trámite.
Existen
otras vías para acercar recursos al sistema de seguridad social. Algunas
de ellas estarán incluidas en la reforma previsional que se enviará en
los próximos días al Congreso. Y otras las está preparando en secreto
Economía para cumplir con el deseo de De la Rúa de aumentar las
jubilaciones. En conjunto, las medidas son las siguientes: * Eliminar la PBU para jubilaciones mayores a 700
pesos (se incluirá en una segunda etapa de la reforma). *
Los resúmenes de las AFJP y la ANSeS serán títulos ejecutivos para la
DGI. * Subir la edad de jubilación de las mujeres a 65 años,
en forma progresiva hasta el 2011. * Se fijará un tope a los haberes que podrán cobrar
aquellos que se reincorporan al mercado laboral. Como los jubilados
comunes que vuelven a trabajar lo hacen, en su mayoría, en negro, la
medida apunta a los de privilegio. Todo aquel que en su nuevo empleo gane
más de 1200 pesos, dejará de percibir la jubilación. Y si gana menos de
1200, la jubilación será por la diferencia hasta ese monto. * Alentar el aporte de los autónomos, donde se
registra una elevada evasión. Apenas 300 mil de los 2,1 millones de
inscriptos pagan regularmente. Las dos iniciativas en estudio son la
concesión de una obra social a quienes cumplan con sus aportes y un
aumento en el porcentaje que va a su cuenta de capitalización, en caso de
que esté afiliado a una AFJP. * Modificar los regímenes de retiro de la Justicia, las Fuerzas Armadas y la Cancillería.
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