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Alvarez les presentó
a los delegados del Fondo el Programa de Modernización de la Gestión Pública.
"El gobierno nacional no puede imponer condicionamientos
presupuestarios a las provincias", señaló Alvarez en conferencia de
prensa, posterior al encuentro con el FMI. En ese sentido, y más allá de
los límites constitucionales, también ofreció una explicación política:
"La mayor parte de las provincias están gobernadas por el
justicialismo, y entonces es difícil comprometerlas a determinados
acuerdos con el Fondo", admitió. Alvarez, entonces, les reclamó a
los gobernadores "tomar el ejemplo" de gobierno central,
"que recortó el gasto en 1400 millones de pesos".
La reunión, realizada
en el despacho que Alvarez tiene en el Senado, fue a pedido de los
emisarios del FMI. Querían conocer la opinión del vicepresidente sobre
los temas que dominan la agenda económica. Sobre la reforma laboral,
Alvarez les comentó que era "prioritaria" para el Gobierno. A
su vez, les señaló que la reforma impositiva que rige desde el 1º de
enero "es la última". "Nuestra idea es hacer que el gasto
público sea eficiente", completó.
Precisamente, Alvarez
y el secretario para la Modernización del Estado, Marcos Makón, les
presentaron a los técnicos un Programa de Modernización de la Gestión Pública
que se lanzará formalmente mañana desde la Casa Rosada. A través de
este programa, el Gobierno pretende darle transparencia a las
contrataciones del Estado, hacer más eficiente la labor de los
funcionarios públicos y mejorar el funcionamiento de las oficinas públicas.
Los aspectos principales del plan son los siguientes:
* Contrataciones: se
elevará al Congreso un proyecto de ley para reemplazar la legislación
vigente, que tiene 50 años de antigüedad. "Queremos hacer más
transparente y eficaz al sistema", comentó a Página/12
Makón. "Buscamos evitar acciones de corrupción que se dieron en el
pasado, como el caso IBM-Banco Nación", agregó. Además, la
iniciativa contemplará el avance tecnológico, y se incluirán algunos
puntos que no están contemplados con la actual normativa, como las
licitaciones a través de Internet.
* Bienes del
Estado: se enviará un proyecto de ley sobre la administración de los
activos estatales. Por ejemplo, el Gobierno quiere que los inventarios
sobre el patrimonio se realicen una vez al año, y no esporádicamente
como hasta ahora. También, para cada área de la administración pública,
se busca identificar a quiénes les cabe custodiar y hacerse responsable
por esos activos.
* Productividad: se
busca la "optimización del funcionamiento" de cada área de la
administración pública. Para lograrlo, el proyecto oficial va en dos
sentidos. Por un lado, cada sector deberá fijar objetivos a cumplir
durante determinado período. Al expirar ese tiempo, se comparará lo
inicialmente planificado con lo ejecutado. La idea de Alvarez es
implementar premios a los funcionarios cumplidores como, por ejemplo, un
monto de dinero extra al salarial. Por otro lado, cada área deberá extender "Cartas de compromiso con el ciudadano". A través de ellas, cada dependencia tendrá que explicitar, por ejemplo, el tiempo de duración que demanda un determinado trámite. También se planificará la unificación de varios trámites en un mismo espacio físico para evitar que los ciudadanos recorran distintos edificios públicos para efectuar una misma gestión.
"Pese a que
algunos políticos dicen que el aumento son unos centavos, afecta muchísimo
el salario del trabajador", agregó. Preguntado por cómo evitar que
los aumentos se produzcan a pesar de los fallos judiciales que los
habilitan Ruckauf sostuvo que "el poder del presidente (Fernando de
la Rúa) y del gobernador de Buenos Aires son suficientes para decir que
no permitimos que aumenten las tarifas en este momento", explicitó.
Consultado por Página/12
acerca de la vigencia de los decretos firmados por Menem, el secretario
Kogan sostuvo que "se están estudiando las medidas legales para
dejarlos sin efecto". Antes de abandonar su gestión, la administración
anterior aprobó raudamente los decretos que prorrogaban por 25 años los
contratos de concesión de los servicios de trenes urbanos y, con el
argumento nuevas inversiones, establecían aumentos tarifarios de hasta
129 por ciento. Para Trenes Metropolitanos --operadora de las líneas
Roca, Belgrano Sur y Mitre-- y Ferrovías --a cargo de la Belgrano Norte--
los decretos fueron dejados en suspenso por una medida precautelar dictada
por el juez en lo contencioso administrativo Martín Silva Garretón. Según
informó el secretario Kogan en rueda de prensa, la renegociación que
involucraba a Trenes de Buenos Aires (TBA) también fue liberada ayer de
sus restricciones judiciales.
Para las primeras dos
empresas, en ausencia de Silva Garretón y en plena feria judicial, el
juez subrogante Sergio Fernández decidió poner fin a la medida por
considerar que "el Estado había dado cumplimiento estricto a la
medida ordenada por Silva Garretón", en referencia al pedido de su
colega para que se le remita la totalidad de la documentación fundante de
las prórrogas contractuales. Fernández tomo la decisión a pesar de que
otros colegas del fuero, Ernesto Marinelli y Claudia Rodríguez Vidal, habían
solicitado esa misma información para sendas causas tramitadas por la
Defensoría del Pueblo de la Nación y por el abogado Ricardo Monner Sans.
Voceros de la empresa Ferrovías --concesionaria de la línea Belgrano Norte, que cubre el recorrido entre Retiro y el partido de Pilar-- dijeron a Página/12 que el levantamiento de la medida era previsible, "pues fueron contratos muy estudiados y hechos a conciencia". Los decretos en cuestión fueron el resultado de dos años de negociaciones entre las empresas, el gobierno y las asociaciones de usuarios, y se ajustaban a derecho. Para tener una idea de las "metas" a las que se refirió el juez Fernández en su resolución, esta empresa podrá realizar un primer aumento de tarifas de 28 por ciento a mediados del presente año, para ello deberá "reconstruir y poner en servicio" dos locomotoras y cinco vagones e "iniciar" la remodelación de 8 estaciones y una tercera vía entre la estación Aristóbulo del Valle y Retiro. Las asociaciones de consumidores consultadas por este diario desmintieron que se respetaran sus propuestas en las audiencias previas a los decretos y repudiaron que sean los usuarios y no las concesionarias, quienes deban financiar las mejoras. También consideraron "sospechoso" que la resolución haya sido tomada en ausencia del juez original.
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