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A pesar de las exigencias del Fondo Monetario para desregular aún más el sistema de salud, el presidente Fernando de la Rúa se preocupó por transmitir ese compromiso para evitar profundizar la disputa que se generó con la dirigencia gremial tras la difusión del proyecto de reforma laboral.
La
decisión del Gobierno llegó a los oídos de los sindicalistas durante el
jueves y viernes de la última semana. El ministro de Salud, Héctor
Lombardo, y el superintendente de Salud, Rubén Cano, fueron los
encargados de "tranquilizar" a la alterada conducción
cegetista.
"Me
dijeron que no había ninguna intención de De la Rúa de abrir la
competencia", reconoció a Página/12 el mercantil Armando
Cavalieri, quien mantuvo contacto con los dos funcionarios para reclamar
una deuda con Osecac, la obra social de los empleados de comercio.
El
FMI hace tiempo que exige una desregulación total del sistema de salud,
para eliminar la obligatoriedad de afiliación de los trabajadores a una
obra social sindical.
Carlos
Menem intentó avanzar en ese sentido a lo largo de sus diez años de
mandato. Pero encontró una férrea resistencia de la CGT. Aun así logró
una desregulación light, que permitió a los trabajadores elegir
libremente, pero sólo entre las obras sociales sindicales. Desde entonces
un metalúrgico puede optar por una obra social que no sea de los metalúrgicos
y afiliarse, por ejemplo, en la obra social de los bancarios.
Pero, hecha la ley, hecha la trampa. Muchísimas obras sociales
sindicales firmaron acuerdos con empresas de medicina prepagas para captar
nuevos afiliados ofreciendo mayor variedad y calidad de servicios. Un
ejemplo es lo que ocurre con la obra social del Seguro, que se presenta
como lo que es, una obra social sindical, pero promueve los servicios de Swiss
Medical, la empresa de medicina prepaga con la que cerró trato.
El
Fondo Monetario, que negocia un acuerdo con el Gobierno, insistió en las
últimas horas con una desregulación total del mercado de la salud. El
ministro de Economía, José Luis Machinea, ve con buenos ojos el pedido
del organismo internacional. Pero para De la Rúa no parece ser el momento
oportuno de avanzar en ese sentido.
No
obstante, tanto Lombardo como Cano admitieron que se está estudiando un
plan de fusión entre las obras sociales sindicales pequeñas --de menos
de 60 mil beneficiario-- y deficitarias con aquellas grandes y en mejor
situación económica. El objetivo es llevar a 50 las más de 290
organizaciones registradas en la actualidad.
Para
algunos dirigentes gremiales se trata, al fin, del primer paso para
avanzar hacia la libre competencia. "Lo que se busca es achicar el
mercado para que quede en manos de los poderosos: las obras sociales
poderosas y las poderosas prepagas", dijeron.
Pese
a ello y a varias promesas incumplidas --apenas asumió el nuevo gobierno,
Lombardo les había asegurado que participarían del manejo de los fondos
de las obras sociales, algo que finalmente se les negó por decreto--, los
sindicalistas se aferran a la decisión oficial, la que consideran un bálsamo
en medio de la tormenta. LA
CTA HIZO PUBLICA SU POSTURA SOBRE LA REFORMA
A través de un comunicado firmado por los secretarios de
Organización, Edgardo Depetri, y de Finanzas, Danilo Mesa, la CTA
consideró que la extensión del período de prueba y la reducción de
aportes patronales para aquellas empresas que efectivicen a un trabajador
a prueba "es un subsidio directo a los grupos económicos y ya
demostró su fracaso para generar empleo".
"Reducir costos laborales para generar empleo, es lo mismo que
dejar a un zorro a cuidar el gallinero. El problema de la competitividad
argentina no es el costo laboral, sino las altas tasas de beneficio
empresario, el costo financiero interno y externo y de las tarifas de los
servicios antes públicos y hoy privados, principalmente para las
pequeñas y medianas empresas", señala el texto.
También cuestiona el artículo que propone la descentralización
de las negociaciones colectivas. "Negociar por empresa, región o
grupo no es voluntario e induce coercitivamente la discusión por empresa.
No define mecanismos democráticos para elegir los paritarios que discuten
el convenio ni la aprobación del mismo en una asamblea". El comunicado incluye el paquete de reclamos que la CTA ya le acercó al Gobierno, entre los que se encuentran un seguro de empleo para los jefes de hogar desocupados de 490 pesos, el aumento de la jubilación mínima a 450 pesos y la reducción de la jornada laboral sin merma de los salarios.
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