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Por Nora Veiras  Los funcionarios que
desembarcaron de la mano de Juan José Llach en el Ministerio de Educación
empezaron a analizar con lupa cada uno de los contratos firmados y
convenios realizados durante la gestión menemista. "Mala organización",
"excesiva dotación de personal contratado",
"sobredimensionamiento de algunas áreas", reza el informe sobre
el "estado de situación" del Palacio Sarmiento al que accedió Página/12.
Al ponerle contenido a los títulos, encontraron 1592 personas contratadas
con fondos del Banco Mundial (BM) con honorarios de entre 3 mil y 5 mil
pesos mensuales y que nadie sabe bien qué hacen. En la Dirección de
Asuntos Jurídicos están investigando cómo gastó la Fundación Olimpíada
de Matemática los 7,5 millones de pesos que se le giraron entre el '93 y
el '97, de los cuales sólo rindió poco más de 200 mil pesos. La
tercerización de contratos a través de fundaciones es uno de los puntos
más oscuros de la herencia.
El Banco Mundial
invirtió el año pasado cerca de 220 millones de pesos en los distintos
programas de reforma institucional y administrativa que desarrolla
juntamente con la cartera educativa y que implican una contrapartida
proporcional de parte de la Nación. "El tema es que durante el período
de (Manuel) García Solá se manejaron con total autonomía a punto tal
que tenían su propia unidad administrativa independiente del resto del
Ministerio", comentó un alto funcionario al explicar la polémica
que se desató cuando decidieron relevar a los encargados de coordinar los
programas. Los responsables del organismo de crédito se quejaron mediante
una carta a Llach porque había removido a su gente y llegaron a amenazar
con cortar la línea de crédito. Las aguas se apaciguaron luego de una
charla con la representante del BM en la Argentina, Mirna Alexander.
Todavía está pendiente la desmesurada contratación de
consultores que reciben suculentos estipendios mediante endeudamiento
externo: 260 reportan en Mendoza, 165 en Santa Fe, 157 en la ciudad de
Buenos Aires, 103 en la provincia de Buenos Aires, 108 en Neuquén y 105
en Salta. "El sobredimensionamiento era aún más notable en el caso
de los contratos en programas de préstamo con organismos internacionales.
En el caso de la Nación, los contratos fueron reducidos en un 34 por
ciento sin afectar los servicios (de 215 a 142). En el caso de los 1377 en
las provincias, su reducción se acordará con los ministerios
provinciales", señala el paper que llegó a manos del presidente
Fernando de la Rúa.
"Al 10 de
diciembre de 1999, el ministerio tenía libramientos impagos en la tesorería
por valor de 124 millones de pesos", dice el informe de situación.
Entre esos compromisos se encontraba el pago a las editoriales que le
vendieron libros al Estado para abastecer el Plan Social Educativo. La
deuda reclamada ascendía a cerca de 20 millones de pesos y para las
empresas chicas, en muchos casos, el cobro implica la supervivencia. Llach
y su equipo empezaron a negociar el pago y contraofertaron una rebaja del
15 por ciento en el monto de la deuda. También dieron marcha atrás con
un llamado a licitación para compra de textos escolares que había dejado
pendiente García Solá y llamaron a una nueva compulsa de precios
partiendo de un precio tope del 18 por ciento inferior al pautado. Lo
hicieron como globo de ensayo para medir la reacción, pero nadie se inmutó.
Entre los atajos para
hacer negocios, los radicales y cavallistas que desembarcaron en Educación
se sorprendieron por las fundaciones que se armaron al solo fin de que el
Estado como mercado cautivo comprara sus servicios al tiempo que las
financiaba. En el caso de la Fundación Olimpíada de Matemática, su
titular, Juan Carlos Dalmaso, recibió ya sendas cartas documento para que
rindiera al 11 de febrero como fecha tope los 7,5 millones de pesos que
recibió del ministerio para organizar las olimpíadas. Tesorería ya le
rechazó la rendición de casi 100 mil pesos por irregularidades en las
facturas presentadas. "Se ve que el hombre tiene dificultades con la
suma y resta", ironizó un funcionario. Otro ejemplo es el del
Programa Pro-Ciencia, que se tercerizaba con alto costo para el Estado
cuando en realidad había sido desarrollado por equipos de la propia
cartera.
"No se han
comprobado hasta el momento irregularidades que pudieran configurar
delitos, aunque se están estudiando algunos casos que podrían caber en
tal situación", sostiene el texto del informe interno. En rigor,
Asuntos Jurídicos tiene siete expedientes para investigar y en función
de los resultados se denunciarían a la Justicia. "Esto no era el
PAMI, pero había hendijas por donde filtrar más de un vuelto",
graficó un funcionario.
La minuciosidad en el
ordenamiento interno tiene como contrapartida el intento por hacer menos
traumático el recorte presupuestario que sufrió la cartera en el
Presupuesto 2000. Del área de infraestructura se redujeron 60 millones de
pesos --quedó en 100 millones--, el remozado Plan Social Educativo que
atiende a las escuelas de zonas carenciadas tendrá 15 millones de pesos
menos, los programas de Capacitación Docente dispondrán de 10 millones
menos y se ahorraron 10 millones en los diversos recortes realizados en el
Palacio Sarmiento. En total, la cartera educativa contará para el
corriente año con 96 millones de pesos menos que el año pasado.
De los 2300 millones
de pesos que corresponden a la partida de Educación, el grueso --casi
1900 millones-- se asigna a las universidades. El monto correspondiente a
los 640 millones de pesos para el pago del incentivo salarial docente
forman parte de Rentas Generales. "O somos eficientes o no podemos
hacer nada", sintetizó un funcionario.
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