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Peronistas y belicistas impugnan la convocatoria para el 7 de mayo

La oposición afirma que el decreto de Olivera que convoca a elecciones en Capital es inconstitucional. El jefe de gobierno porteño ratificó su decisión. De la Rúa lo apoyó.


Por Santiago Rodríguez
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El plazo para sancionar la ley electoral porteña se agota y cada uno presiona para conseguir lo máximo posible: la Alianza, para que su proyecto sea aprobado y pasar así a la historia como la fuerza que terminó con las listas sábana en el distrito; y la oposición, para mantener la misma representación legislativa que ostenta hoy en día una vez que se implemente el nuevo sistema. En el marco de ese juego, Nueva Dirigencia y el peronismo denunciaron como "inconstitucional" la convocatoria a elecciones para el 7 de mayo próximo, mientras que el gobierno nacional respaldó la reforma al régimen electoral que impulsa la coalición.

  "El llamado a elecciones es absolutamente constitucional", aseguró el jefe de gobierno porteño, Enrique Olivera, quien las convocó para el primer domingo de mayo. Ese día se elegirá a su sucesor --habrá ballottage el 21 de ese mes si ningún candidato sobrepasa el 50 por ciento de los votos-- y a los 60 legisladores porteños.

  La incógnita radica en el método que se utilizará para elegir a los diputados. Olivera formuló el llamado por medio de un decreto que deja las puertas abiertas a la posible sanción de la ley electoral, pero que establece también que, de no ser así, los comicios se regirán por el Código Nacional Electoral, o sea se celebrarán con el sistema de listas sábana. Para que sea aplicable a las próximas elecciones, la Legislatura debe aprobar el nuevo régimen antes del 7 de febrero.

  "Ese decreto de convocatoria es nulo e inconstitucional", comenzó a advertir la semana pasada el jefe del bloque de Nueva Dirigencia, Enrique Rodríguez, quien ayer consiguió que su colega del justicialismo, Antonio Cortez, lo acompañara en la denuncia. "Desde el punto de vista político el decreto convalida descaradamente el sistema de lista sábana vigente nacionalmente", señalaron belicistas y peronistas en un comunicado.

  La oposición también acusó a la Alianza de "discutir solamente por la prensa" la ley electoral y cargó todas las críticas a la iniciativa que impulsa la coalición en la cuenta de su candidato a la jefatura de gobierno: dijo que "el proyecto de (Aníbal) Ibarra es una ilusión" porque no permite "la presentación de candidatos independientes, ni admite las tachas, enmiendas o preferencias" y "la diagramación de las zonas está hecha a pedido de los punteros del radicalismo".

  Frente al embate de la oposición, Olivera se defendió y aclaró que "es una obligación, no sólo una facultad del jefe de gobierno, convocar a elecciones locales". Además, reclamó la aprobación de la ley electoral y recordó que Fernando de la Rúa presentó un proyecto el año pasado que "no ha sido tratado todavía, a pesar de los esfuerzos hechos por la Alianza".

  El cruce entre la Alianza y la oposición es la manifestación de un tira y afloja en el que nadie quiere perder demasiado. La ley electoral modificará sustancialmente el modo en que se eligen los 60 legisladores porteños. Los aliancistas proponen que 20 diputados sean elegidos por distrito único y dividir la ciudad en cuatro zonas para la elección de los demás. De dos de esas zonas saldrían 11 legisladores y de las otras, 9.

  La Alianza aspira a quedarse con el rédito de haber terminado con las listas sábana y tiene mayoría suficiente para imponer el criterio general de la ley. Pero necesita de la oposición porque para aprobar la norma se requieren 40 votos, o sea cuatro más de los que suman la UCR y el Frepaso.

  Es sobre esa necesidad que se monta la oposición para tratar de asegurarse en el futuro la misma representación legislativa que en la actualidad. Todos los gestos indican que Nueva Dirigencia y el PJ terminarían aprobando la ley si en lugar de la aplicación del sistema proporcional D'Hondt en cada zona, la Alianza accede a que la proporcionalidad para la asignación de las bancas se calcule sobre los votos que cada partido obtenga en todo el distrito. El comunicado de ayer de ambas fuerzas incluyó una frase que constituye toda una señal en ese sentido: "No votaremos ningún proyecto si no se respeta el principio de la proporcionalidad, potenciando los candidatos por zonas".


CHACHO Y STORANI APOYARON LA LEY ELECTORAL
Un gesto para fortalecer a Ibarra

Por S.R.
El vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez y el ministro del Interior, Federico Storani, hicieron público el respaldo del Gobierno al proyecto de ley electoral que radicales y frepasistas impulsan en la Capital Federal. Se trató de un nuevo gesto para posicionar a la Alianza como la impulsora del fin de las listas sábana frente al electorado porteño y constituyó, a la vez, una señal para los diputados de los dos partidos de la coalición que se resisten a la modificación del régimen electoral en el distrito.

  "Nos parece muy útil la iniciativa de reforma electoral en la Capital porque la ubicamos en el contexto de una reforma política a nivel nacional", sostuvo Storani. "Es necesario transparentar el financiamiento de los partidos y mejorar los sistemas electorales porque la gente, en la ciudad, pide terminar con las listas sábana", señaló Alvarez.

  Ambos recibieron en la Casa Rosada al candidato aliancista a la Jefatura de Gobierno, Aníbal Ibarra, y a las autoridades del bloque de legisladores porteños de la Alianza. El motivo formal del encuentro fue analizar el régimen electoral que la coalición pretende implementar en la ciudad, aunque no por nada después de la reunión se celebró una conferencia de prensa para anunciar el apoyo del Gobierno al proyecto aliancista.

  La aparición de Storani y Alvarez --además de otros funcionarios nacionales y comunales-- al lado de Ibarra, y la de la titular del bloque de legisladores de la Alianza, Gabriela González Gass, tuvo dos objetivos: uno, reforzar ante la opinión pública la intención de la coalición de terminar con las listas sábana; y otro, sumar más presión a la que ya se ejerce sobre los socialistas democráticos Raúl Puy y Roberto Arellano, y los radicales nosiglistas Daniel Bravo, Marcela Larrosa y Campos para que se comprometan con la reforma al régimen electoral.

 

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