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Página/12 Por
Marcelo Justo
En un comunicado dado
a conocer ayer, Amnistía Internacional, en nombre de las seis
organizaciones, fundamentó su solicitud de revisión judicial en la
necesidad de asegurar que la decisión preliminar de Straw, anunciada el
pasado 12 de enero, no estuviera motivada por razones "políticas".
Las organizaciones humanitarias señalaron seis cuestionamientos al
procedimiento elegido por el ministro:
* No se notificó a
los Estados que buscan la extradición del procedimiento y criterio usado
para la examinación.
* No se les permitió
tener observadores en el examen médico.
* No se puso como
condición al examen médico la obligación de dar a conocer los
resultados de éste.
* No se permitió que
se interrogara a los expertos médicos.
* El panel médico no
incluía un especialista en psiquiatría de la vejez.
* El breve período de
observación y el lugar en que se desarrolló la misma no fueron
suficientes para determinar inequívocamente que Augusto Pinochet no está
en condiciones de ser sometido a proceso judicial.
El comunicado de las
organizaciones humanitarias es un nuevo sendero de los tantos que se han
bifurcado en la trama legal del proceso de extradición. Un día antes de
que venciera el plazo para que las partes intervinientes presentaran sus
argumentos legales sobre la decisión "preliminar" de Straw, el
ministro del Interior respondió negativamente a un pedido de las
organizaciones humanitarias para que les diera a conocer el informe médico
del general o les permitiera hacer su propia revisación médica. "La
revisión judicial que solicitamos se refiere a esta respuesta negativa
que nos dio el ministro en una carta que nos envió el 18 de enero",
indicó a Página/12 Fiona Mac Kay, directora de Redress, una de
las seis organizaciones humanitarias que apelan dicha decisión.
La Alta Corte de
Justicia tiene la atribución de autorizar o no el pedido de revisión
judicial que solicitan las organizaciones humanitarias. Según Michael
Birnbum, especialista británico en casos de extradición, las
posibilidades de éxito son sólo moderadas. "El ministro del
Interior tiene atribuciones bastante discrecionales respecto a su
intervención en casos de extradición. A pesar de ello es posible que
autoricen el pedido por la posibilidad de que exista una injusticia
procesal", indicó Birnbum a este diario. En caso de que la Alta
Corte autorice la apelación, ésta se llevaría a cabo a la brevedad,
pero difícilmente antes de la próxima semana, y se resolvería en uno o
dos días.
Los expertos en temas
de extradición estiman que es bastante improbable que las organizaciones
humanitarias consigan sortear ambos obstáculos y lograr un fallo
favorable a la revisión judicial que obligue a Straw a dar a conocer los
informes médicos o solicitar una nueva revisación del general. Pero
citan la creciente presión política como un factor a favor de la
solicitud. Este fin de semana, en un sorpresivo anuncio, la Cancillería
belga indicó que solicitaría una nueva revisación médica
"confiable y objetiva" del general, en caso de que Straw se
inclinara por suspender el proceso de extradición. "La decisión de
Bélgica añade fuerza al pedido de las organizaciones humanitarias",
puntualizó Birnbum.
Mientras tanto, el
juez español Baltasar Garzón reiteró ayer su pedido a Straw para que se
realice un examen psíquico a Pinochet. En un documento enviado al
Servicio Fiscal de la Corona, Garzón también repitió su demanda de que
se haga público el contenido del informe sobre la salud de Pinochet. El
juez español estima que la decisión sobre la capacidad psíquica y física
de Pinochet para someterse a un proceso judicial es algo que deben sopesar
los tribunales españoles.
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