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AJUSTE PROVINCIAL, CGT, MENEM, IMPUESTOS, REFORMA LABORAL Y LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN DE MACHINEA
�Un legislador tiene que costar 700 mil pesos�

En una entrevista exclusiva con Página/12, el jefe de asesores del Ministerio de Economía, Pablo Gerchunoff, adelanta la política que impulsará la Nación para que las provincias ajusten sus cuentas. Buscan bajar los elevados gastos salariales de los poderes Legislativo y Judicial fijando topes mediante acuerdos con los gobernadores.

Pablo Gerchunoff, uno de los hombres de confianza de José Luis Machinea.
�Lo primero que hicimos fue lo urgente y no lo más importante.�

Por David Cufré

t.gif (862 bytes) �Un camino para reducir el gasto público provincial es establecer límites a las remuneraciones de los funcionarios�, señaló en un reportaje con Página/12 Pablo Gerchunoff, jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Economía y uno de los hombres de mayor confianza de José Luis Machinea. La obsesión del equipo económico por la situación fiscal y financiera de las provincias tiene su motivo. Además de alejar el peligro de estallidos sociales como el registrado en Corrientes, las cuentas de las provincias fueron el aspecto más duro de las negociaciones con la misión del FMI. Y Economía se comprometió a presionar a los gobernadores a poner en orden sus finanzas, aunque sin incorporar en el acuerdo metas de déficit fiscal consolidado de la Nación y las provincias, como quería el Fondo. �Si todas las provincias se ajustan a los parámetros de los distritos mejor administrados, se puede conseguir un ahorro anual de 453 millones de pesos�, explicó Gerchunoff una de las principales herramientas que impulsará Economía para el ajuste de las provincias.
�¿Cuáles son esos parámetros?
�Queremos bajar los gastos de los poderes Legislativo y Judicial de las provincias. En el primer caso, hay tres requisitos. Limitar a 35 pesos por habitante el costo de financiamiento del Legislativo. Destinar como máximo el 3 por ciento del presupuesto provincial. Y gastar a lo sumo 700 mil pesos anuales por cada legislador. Eso es lo que ocurre en los distritos mejor manejados. Si se establece ese criterio en todas las provincias, el ahorro anual alcanza a 236 millones de pesos. En el caso de la Justicia, el gasto por habitante no debe superar los 60 pesos y el financiamiento debe cubrirse con el 5 por ciento del presupuesto. De ese modo, el gasto global de las provincias caería en 217 millones.
Esas metas elaboradas por el Ministerio de Economía se convertirán en la próxima negociación política trascendente del gobierno de la Alianza. Gerchunoff reveló a Página/12 que el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, encabeza el equipo de funcionarios del Poder Ejecutivo que gestiona un acuerdo con los gobernadores para reducir drásticamente los salarios de legisladores, jueces y demás funcionarios de esos poderes.
En una charla distendida con este diario, quien es uno de los mentores de la política económicas del gobierno adelantó cómo seguirá la película.
�El equipo económico se ha mostrado muy preocupado en controlar el déficit fiscal, pero hasta el momento ha hecho poco por resolver problemas del sector productivo.
�Lo primero que hicimos fue lo urgente y no necesariamente lo más importante. No podíamos comenzar por otro lado. Había que cerrar el déficit fiscal del Presupuesto 2000. Pero ahora viene lo importante. El plan económico se sustenta en tres pilares. El primero es consolidar una situación fiscal sana. El segundo es aplicar reformas de fondo en el sector público, que permita incrementar muy fuertemente su productividad. Y el tercero es lograr una sustancial mejora de la competitividad. Todos ellos son instrumentos para resolver problemas de la economía real y, por ende, sociales.
�¿Cómo van a frenar el éxodo de empresas a Brasil?
�Primero distingamos entre empresarios quebrados, que usan el pretexto Brasil, con verdaderas reasignaciones de inversiones. Son muy pocas las empresas que se están yendo. Y el flujo de inversiones productivas hacia Argentina va a crecer. Me parece que se confundió mucho el efecto Brasil con la recesión. Hay mucho malhumor que tiene que ver con la recesión y no con la competitividad. Cuando en el segundo semestre empiecen a verse los frutos del crecimiento económico, mucho del malestar que hoy se deposita en el tema brasileño se va a atenuar.
�En los últimos meses se fue un centenar de empresas.
�Sin duda hubo casos transparentes y legítimos de empresas que se han ido. Pero no descarto que algunas de ellas revean su decisión. Una de lasmedidas que estamos estudiando es el aumento de los reembolsos a las exportaciones con mayor valor agregado.
�¿Habrá un aumento generalizado?
�No, el monto total de reembolsos seguirá igual. Pero vamos a revisar cómo los distribuimos. La idea es aumentarlos a las exportaciones con mayor valor agregado. Y bajarlos a otras. Lo que buscamos es incentivar las exportaciones.
�¿Por qué regresarían empresas que se fueron a Brasil?
�Primero porque Brasil va a crecer y nos va a comprar. Y segundo porque va a apreciar su moneda. Ya la está apreciando. Mi cálculo es que a mediados del 2001, el tipo de cambio bilateral estará como en 1994. Lo pongo de otro modo, a mediados del 2001 la devaluación real del real respecto del peso argentino no va a estar más allá del 10 o 15 por ciento.
�¿Brasil no tiene otras ventajas competitivas, como un menor costo salarial?
�Es cierto, pero probablemente la Argentina, y esto lo vamos a incentivar desde el Gobierno, empiece a ver el nacimiento de empresas que aprovechan la dotación de mano de obra calificada que tiene el país. Hay noticias de inversiones informáticas, que todavía están muy verdes, pero a las hay que prestarles atención. Argentina es un país con una dotación de mano de obra calificada bastante alta respecto de otros países de América latina. Vamos a estar atentos a eso para fomentar los proyectos.
�La CGT denuncia que la reforma laboral es para bajar salarios.
�El de reforma laboral es un término algo bastardeado. Se llamó reforma laboral a la implementación de los contratos promovidos que se hizo en el gobierno anterior. Y también a la que diseñó Erman González. El proyecto del gobierno de la Alianza es totalmente distinto, y desde ya no persigue la caída de los salarios o la precarización del empleo. Es importantísima para bajar la desocupación.
�¿A qué nivel?
�La principal cuestión para conseguir empleo de calidad es crecer sostenidamente. Si la Argentina crece 4 por ciento este año y, después, 5 por ciento anual hasta el 2003, me atrevo a apostar que la desocupación bajará al 8,5 por ciento en el 2003. Y el centro de la reforma laboral es conseguir empleo estable de calidad. Promociona los contratos de largo plazo, al revés que las reformas menemistas. Para todo nuevo puesto de trabajo creado por una empresa, las contribuciones patronales bajarán del 18 al 12 por ciento. En el fondo lo que estamos haciendo es incorporar el germen del empleo estable.
�¿La descentralización de las negociaciones colectivas no derivará en una desprotección de los trabajadores?
�En la Argentina hace décadas que no tenemos negociación colectiva. Y un país que no tiene negociación colectiva tiene sindicatos débiles. Podrá tener sindicalistas poderosos o ricos, pero no tiene sindicatos fuertes. Nosotros estamos promoviendo que haya negociación colectiva en todos los niveles. Ya no habrá un convenio único entre un sindicato nacional y una cámara nacional, que crean que pueden dictaminar cuál es el grado de productividad de una empresa y fijarle su aumento de salario y sus cambios en las condiciones de trabajo.
�Los legisladores de la Alianza discrepan con la extensión a seis meses del período de prueba. ¿Por qué no limitarlo a tres?
�Si estuviera en Bélgica, estaría de acuerdo con un período de prueba de tres meses. Pero en Argentina, sujeta a fluctuaciones tan fuertes en el nivel de actividad, un período de prueba más largo despeja la incertidumbre de los empresarios por un tiempo mayor y permite la incorporación más rápida de trabajadores.
�Otra medida cuestionada por la CGT es la libre competencia entre las obras sociales sindicales y las prepagas. ¿Se va a avanzar con ese proyecto? �No vemos razón para no avanzar en la inyección de competencia en las obras sociales. Pero siempre y cuando haya una superintendencia reguladora de los servicios que impida los abusos. Si se evita la selección adversa, que es que las prepagas tomen a los sanos, jóvenes y ricos, y dejen afuera a los viejos, enfermos y pobres, lo que se consigue es mejorar los servicios para todos. Y eso se puede hacer mediante la regulación. Se trata de un doble movimiento. Uno regulatorio para evitar los abusos, y otro desregulatorio para que la gente elija. Esto indica una intención del gobierno. Indica protección social en un mundo competitivo y de libre elección. Pero no pura libre elección, ni puro mercado, porque si los mercados no funcionan la libre elección no tiene sentido. Queremos que haya competencia en las obras sociales y en todos los ámbitos.
�¿Por ejemplo?
�En telecomunicaciones, bancos, AFJP, gas y electricidad. Es probable que antes de que termine el gobierno de De la Rúa las familias puedan elegir un proveedor eléctrico. A eso apuntamos. Inyectar competencia para pinchar los precios inflados en los segmentos monopólicos o cuasimonopólicos.

 


 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA FINANCIERA
�Dentro de diez años�

�En la reforma tributaria pegamos sobre quienes tienen capacidad contributiva y no sobre el 90 por ciento de la población. Pegamos sobre sectores de clases media alta y alta�, afirma Gerchunoff.
�¿Eso también se aplica en el caso de los Impuestos Internos?
�No. En algunos casos hubiéramos preferido no subirlos, pero actuamos con responsabilidad para evitar un desborde del déficit fiscal. No es lindo aumentar impuestos. Nos hubiera encantado tener una política antievasión que diera resultados instantáneos, pero eso es magia, no existe. Entonces hicimos una reforma tributaria y empezamos con los impuestos más progresivos. Y cuando se acabó la leche de eso, tuvimos que recurrir a otros impuestos, que algunos son justos y otros no. Pero creo que el sesgo de la reforma es progresista.
�En el caso de los impuestos sobre las rentas financieras, Chacho Alvarez dijo que eso vendrá en una segunda etapa. ¿Cuándo será?
�No voy a decir tiempos. Uno de los problemas centrales que tiene la economía argentina es su falta de desarrollo del mercado de capitales. Si yo fuera funcionario en Bélgica, hubiera puesto impuestos sobre las rentas financieras. Ahora, en un país que necesita el desarrollo del mercado de capitales como Argentina, diría que faltan algunos años para que podamos pensar en un impuesto así.
�Pero del desarrollo del mercado de capitales se viene hablando desde hace años y lo que estamos viendo ahora es, por ejemplo, que la Bolsa cada vez es más chica.
�Vamos a decir la verdad. Eso es pura estabilidad macroeconómica, pura ganancia de confianza y dejar pasar los años. Y por supuesto con elementos innovadores en materia de instrumentos, pero eso es una tecnicalidad. Si se tiene estabilidad macroeconómica persistente y se va ganando confianza, crece el mercado de capitales. Lo vamos a tener, y dentro de diez años podremos abrir un debate sobre el Impuesto a las Ganancias a las personas físicas sobre las rentas financieras.

 


 

MENEM Y CRISIS DE GOBERNABILIDAD
�Preocupado por su futuro�

�¿Cómo interpreta las advertencias de Carlos Menem acerca de que la Alianza puede desatar una crisis de gobernabilidad?
�Menem ha sido diez años presidente y yo no sería quién para enseñarle cómo hacer política. Pero me da la impresión de que son las palabras de un hombre preocupado por su futuro. Ve el surgimiento de alternativas dentro de su partido que tienden a respetar las reglas de la democracia, que son las de la negociación política. Y más todavía, ve que la negociación es también rentable políticamente. Cuando Ruckauf, Reutemann o De la Sota se sientan a negociar, lo hacen porque les conviene. Por otra parte, están copiando al primer Menem, cuando saludaba el comienzo del gobierno de Alfonsín y apoyaba el pacto del Beagle.
�¿El debate sobre la convertibilidad será recurrente de aquí en más?
�El debate socialmente no se da. La mayoría abrumadora de la sociedad no quiere salir de la convertibilidad, porque tiene una intuición económica correcta acerca de qué pasaría con ello. Habría depresión �no recesión�, ruptura de los contratos, desempleo más alto y caída de los salarios reales. Nadie en este gobierno ni nadie en la sociedad quiere esto. Si un sindicalista se equivocó, demos por cerrado el episodio.
�¿Por qué se mantuvo a Carlos Silvani al frente de la AFIP si durante su gestión cayó la recaudación y aumentó el contrabando?
�Es un problema totalmente estructural. La verdad es que me parece una injusticia muy grande decir que la falta de productividad es un problema de la gestión Silvani.
�¿No será un problema estructural y también de gestión?
�Las cosas van a cambiar. En la AFIP va a haber un directorio especializado y una batería de medidas. Hay un proyecto en el Congreso para crear un fuero penal tributario y dotar con una capacidad ejecutiva a la AFIP muy fuerte. Y sobre todo un trabajo de inteligencia fiscal. Estamos buscando eficacia y no show. Se consigue mucho más trabajando adentro de la AFIP que haciendo operativos rastrillo por la calle. Eso lo sabe muy bien Silvani.

 

Definiciones

  Capitalismo. �Queremos que funcione un capitalismo competitivo, que derrame beneficios sobre la gente. Un capitalismo sesgado hacia mercados monopólicos difunde socialmente poco. Quiero un capitalismo donde los empresarios estén sometidos al látigo de la competencia permanentemente.�
  Déficit. �Vamos a consolidar una situación fiscal sana, con déficit cero en el 2003 tanto en la Nación como en las provincias. Pero no a través de remiendos en el Presupuesto, sino a través de una política de reformas de fondo. Por ejemplo en el sistema previsional, que tiende a asegurar su solvencia en el largo plazo. Y la reforma en las provincias, con medidas como la limitación de las remuneraciones a los funcionarios.�
  Productividad. �Un desafío central es llegar a las finanzas sanas por medio de un aumento de la productividad del sector público. El ejemplo paradigmático es el PAMI, pero también habrá cambios en el funcionamiento de la DGI y de la Aduana.�
  Premios y castigos. �Al conjunto de la administración pública hay que hacerlo funcionar con un régimen de premios y castigos, y no con la inercia burocrática con la que se ha movido durante décadas en la Argentina.�
  Reformas. �Este paquete de reformas, computando los cambios que ya hemos hecho en el régimen de promoción industrial, puede valer algo así como 30 o 35 mil millones de dólares.�
  Impuestos. �En el sector público vamos a políticas innovadoras muy fuertes para conseguir que el déficit cero no sea represión de gasto público o aumento de impuestos. Más bien lo que queremos es que esas reformas nos permitan bajar gradualmente impuestos en el futuro.�
  Deuda. �El problema central que tiene en este momento el sector público, que lo transmite al resto de la economía y paraliza inversiones, es el nivel de deuda y su tasa de crecimiento. Con las reformas que proponemos, este problema lo vamos a frenar y lo vamos a revertir.�


Textuales

  Crecimiento. �Con la economía creciendo al 4 por ciento anual estimamos que en 15 años podemos volver a una relación de deuda pública/PBI del orden del 23 al 25 por ciento. Hoy está en 45 por ciento.�
  Gasto. �No sólo bajar la magnitud del gasto es importante, sino también aumentar su calidad. Un peso bien gastado equivale a un peso de caída del gasto.�
  Llach-Meijide. �Un peso bien gastado es por ejemplo el programa de �Escuelas Prioritarias� que implementó Juan Llach. O que las políticas sociales tomadas por Graciela Fernández Meijide tengan una contrapartida por parte de los beneficiarios, como se va a hacer. Por ejemplo, que una familia que recibe ayuda alimentaria tenga la obligación de enviar a sus hijos al colegio. Y si no lo hace, no recibe más la ayuda.�
  Inversores. �Si no tuviéramos una situación fiscal saludable, estaríamos todo el tiempo con los ojos puestos sobre el país por los peligros que esto entraña. Y el régimen macroeconómico estaría puesto en cuestión por los inversores. Entonces primero tenemos que pasar el examen eliminatorio de la cuestión fiscal.�
  Competitividad. �Pero el examen que me pone la nota definitiva es el de la mesa examinadora de la competitividad. Eso es lo que realmente se va a reflejar sobre la vida de la gente, con mayor crecimiento y mayor empleo. Cuanto mejor sea la nota que nos saquemos en el examen de la competitividad, más levantaremos la tasa de crecimiento posible y más empleo de calidad podemos generar.�
  Riesgo país. �La propia baja del riesgo país por el control de la situación fiscal y la reforma laboral juegan un rol central para que pasemos el segundo examen con una buena nota. La reforma laboral, además de generar empleo, aumentará la productividad de las empresas.�
  La gente. �Buscamos el saneamiento fiscal para que la gente viva sin sobresaltos y para que se crea en la Argentina como en un país viable. Vamos a trabajar por elevar la competitividad para que haya crecimiento con empleo de calidad.�


�¿Qué somos?�

�Lo pondría de este modo. Somos liberales, somos desarrollistas y somos socialistas. Y una combinación de las tres cosas. Liberales porque creemos en la competencia y en la igualdad de oportunidades. Desarrollistas porque vemos la necesidad de recapitalizar el país, de aumentar la tasa de inversión y de que haya un empresariado moderno que no viva de subsidios. Y somos socialistas porque creemos que éste es un país fragmentado y que necesitamos una cultura de naturaleza socialdemócrata para restablecer un ideal de igualdad de oportunidades.

 

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