Por Irina Hauser
 �Se
tiene que ir�, gruñía el viceministro del Interior, Carlos Becerra,
minutos antes de pedirle al menemista Víctor Ramos que abandonara su
cargo de titular del Instituto contra la Discriminación (Inadi). Después
de una semana de tironeos orales y epistolares, ayer a la noche Becerra le
pidió la renuncia por carta. �No me voy a ir, no es a mí a quien le
tienen que dirigir la carta sino al Congreso. Me tendrían que hacer
juicio político�, advirtió Ramos. �Si persiste en acuartelarse se lo
removerá por decreto�, adelantó Lautaro García Batallán, que
representa al Ministerio del Interior dentro del Inadi.
En la nota que le envió al final del día, Becerra le solicita a Ramos
que �tenga a bien presentar la renuncia� porque según �la política
de contención del gasto público impulsada por el Gobierno Nacional y
reflejada en la Ley de Presupuesto, los contratos encuadrados en el
decreto 92/95 (que incluyó el nombramiento del Ramos) caducarán a partir
del 1º de febrero del corriente año�. Este argumento formal es seguido
de otro más explícitamente político: �Es decisión del Poder
Ejecutivo �dice el texto� proceder en forma inmediata a la
normalización del Instituto conforme lo prescribe la ley 24.515,
aprobando la estructura organizativa del organismo, para poder encarar de
esta manera las políticas del Gobierno Nacional�.
La aparición de Ramos en la reunión del llamado �Gabinete de las Luces�,
que componen Carlos Menem y sus incondicionales ex ministros y
secretarios, despertó quejas del resto del directorio del Inadi. El
titular del organismo argumentó que había ido a recibir una denuncia de
Menem, que pedía que se investigara si el gobierno de la Alianza violó
la Ley Antidiscriminación al despedir a empleados estatales militantes
justicialistas. �Tengo autoridad moral y ética para exigirle al
Gobierno que no haga discriminación política y gremial�, disparó.
�La política del Inadi debe representar una continuidad del compromiso
estatal y de la colaboración entre el Estado y las ONG en las tareas de
acción y promoción contra la discriminación�, contestaron en una
declaración pública, como miembros del directorio del Inadi, Simón
Lázara, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Horacio
Haddad, de la Federación Arabe Lationamericana (Fearab) y Rogelio
Cichowolski, de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas
(DAIA). �No está en discusión el derecho de Ramos a la libertad de
expresión o el de ejercer su militancia partidaria, que se encuentran
plenamente garantizados, sino el haber comprometido sin consulta alguna a
la institución en cuestiones que son parte evidente de un conflicto al
que es ajeno el INADI�, plantearon. A los cuestionamientos adhirieron
Diana Conti, subsecretaria de Derechos Humanos y García Batallán, que es
secretario de Asuntos Institucionales y Relaciones con la Comunidad del
Ministerio del Interior.
Ramos respondió en aquel entonces con una contundente misiva alusiva a
Conti: �su falta de ética me asombra, pero su capacidad de intriga me
asusta. En mi vida política y social nunca sentí en carne propia tanta
mentira e infamia�. Ayer, al conocer el pedido de renuncia, dijo: �Becerra
no me puede pedir que me vaya, yo tengo más rango que él. Es una
avasallamiento al poder legislativo, que me nombró. Y las razones
presupuestarias son un pretexto insólito. De todos modos, de la Rúa no
va a aceptar que me discriminen�.
En el Gobierno, según pudo saber Página/12, dicen que Ramos se irá si o
sí. Por si no quiere irse por motu proprio, ya tendrían redactado el
decreto de remoción. �Ante un cambio de Gobierno es evidente que la
administración nacional tiene que contar con el control de lugares
estratégicos como el Inadi. Es un lugar claramente político�,
manifestó García Batallán.
El próximo presidente del Inadi probablemente será alguno de los tres
representantes de las ONG. Al menos hasta que el Congreso eleve una terna
de candidatos al Poder Ejecutivo.
DIANA CONTI REVISO LOS ARCHIVOS DE UNA
COMISARIA
Libros del proceso en Santa Fe
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
La subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación, Diana Conti, pudo recorrer ayer los archivos de la represión que comenzaron a salir a la luz con las investigaciones de la fiscal federal Nº 1, Griselda Tessio, y se comprometió a brindar todo su apoyo para que pueda conocerse la parte que falta de la verdad histórica. �La impresión que me llevo toca hasta lo emocional, se genera una ansiedad de concatenar datos, de leerse todo ya, cosa que es imposible�, afirmó la funcionaria sentada en un banco de la comisaría 4ª �uno de los centros clandestinos de detención y tortura denunciados por la Conadep en 1984�, donde se guardan cientos de libros de la Policía. No es el único lugar. Otros sitios de lo que se conoce como el �circuito represivo Santa Fe� �la Guardia de Infantería Reforzada, el Comando Radioeléctrico y muchas comisarías� también conservan documentos que ya comenzaron a relevarse. En su conjunto integran una pieza más del terrorismo de Estado que la fiscal Tessio es la primera en recorrer, a tantos años de democracia.Conti eligió Santa Fe para hacer su primer viaje por el interior del país. No fue casualidad: la fiscal le pidió un apoyo que permita �con soporte informático� entrecruzar datos que constan en los documentos policiales de los años �70, con la información que acumuló la Subsecretaría de Derechos Humanos en dos décadas. Tras la visita, se tomaron resguardos: se cruzó una faja en dos habitaciones de la comisaría 4ª �donde se depositan los archivos� y sólo se podrá ingresar allí con autorización de la Fiscalía. A la mañana, Conti y Tessio se habían entrevistado con el ministro de Gobierno, Angel Baltuzzi, quien ratificó la línea que inauguró su sucesor, Roberto Rosúa, también el primero en abrir las puertas de los archivos y ponerlos a disposición de la Justicia. En especial, aquellos que se conservan en organismos y dependencias policiales que actuaron bajo �control operacional� del Segundo Cuerpo de Ejército, durante la dictadura. La tarea es más que ardua, por la gran cantidad de material. Pero la subsecretaria de Derechos Humanos confió que se pueda hacer un �trabajo fluido desde el Ejecutivo nacional, con el Ministerio Público que es un órgano extrapoder, y creo que va a comprometerse también al Ejecutivo provincial�, afirmó.Conti observó que la �Fiscalía está totalmente entusiasmada con esta investigación. Hay una excelente predisposición�. �El ministro de Gobierno, también tiene la misma actitud, así que le dejé la propuesta de realizar este trabajo entre los gobiernos nacional y de Santa Fe y el Ministerio Público y la posibilidad de firmar algún convenio. Dijo que sí, incluso que había posibilidad de poner personal a disposición�.La fiscal Tessio ha logrado ya la entrega de 59 libros del Comando Radioeléctrico y 22 de la seccional 11ª de Policía, en la que solía vivir el jefe del Centro de Operaciones Policiales (COP), un organismo que actuaba bajo las órdenes del Comando de Operaciones Tácticas (COT) de la Jefatura del Area 212. El COT aglutinaba a todas las fuerzas del Ejército y los organismos de seguridad que participaban en la represión y hasta llegó a ordenar la inhumación de NN, a pesar de que la dictadura conocía la identidad de las víctimas. Los libros que fueron entregados a la Fiscalía se guardan ahora bajo la custodia de la Prefectura.La decisión del ministro Baltuzzi de colaborar con la tarea que despliega la fiscal Tessio se tradujo incluso en una circular que se distribuyó en todas las dependencias policiales para que en cada lugar se brinde la mayor colaboración a la Fiscalía. Es la primera vez, en dos décadas de democracia, que una investigación del Ministerio Público apunta a reunir documentos que pueden permitir el cruce de datos y la búsqueda de indicios sobre el destino de los desaparecidos, arrojar luz sobre los operativos o poder entregar a los familiares los restos de NN que aúnsiguen depositados en el cementerio municipal.
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