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Como esposo infiel, Economía dice
que esta vez es la última moratoria

Con planes de hasta 60 meses y a tasas de interés muy bajas, los morosos impositivos y previsionales podrán regularizar su situación.

Juan Carlos Gómez Sabaini, subsecretario de Política Tributaria.
�El objetivo es que las pymes puedan acceder al crédito bancario.�


t.gif (862 bytes) Antes de subirse al avión que lo llevó a Europa, Fernando de la Rúa firmó el decreto por el cual se dispone un amplio programa de facilidades de pago para los contribuyentes que tengan deudas con la AFIP y con el sistema previsional. Para que los morosos se pongan al día con los impuestos, el plan contempla pagos de hasta 60 cuotas mensuales y tasas de interés bajas, con un tope del 1 por ciento mensual. �No se trata de un perdón sino de dar facilidades para pagar las deudas�, señaló el jefe de Estado. Además, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para permitir que la AFIP pueda volver a investigar la historia impositiva de los últimos cinco años de los contribuyentes.
Anoche, en una conferencia de prensa, Juan Carlos Gómez Sabaini, subsecretario de Política Tributaria, afirmó que el objetivo del Gobierno es tenderles una mano a las pymes y �permitir que puedan acceder al crédito bancario�. Si bien el funcionario no quiso hablar de expectativas, en el Gobierno esperan que con este plan se recauden unos 500 millones de pesos.
Al plan de facilidades podrán ingresar todos aquellos contribuyentes que acrediten deudas con la AFIP hasta el 31 de octubre pasado, con excepción de quienes hayan sido multados por el organismo. De esta manera, el programa comprenderá a quienes adeuden Ganancias, Bienes Personales, IVA y el monotributo, entre otros gravámenes.
Según estiman en Economía, el programa arrancará hacia mediados o fines de mayo. Para inscribirse, para esa fecha, los deudores deberán saldar al contado el 5 por ciento del total del capital adeudado. Y empezar a pagar las cuotas en julio. El monto mínimo de cada cuota no podrá ser inferior a los 100 pesos. Y de 50 pesos para los aportes de los trabajadores autónomos.
Dentro del programa existen cinco planes distintos, de acuerdo al lapso en que el contribuyente se comprometará a saldar su deuda. Se podrá elegir entre abonar en 12, 24, 36, 48 ó 60 cuotas mensuales. A menor plazo, la tasa será más baja. Para quienes paguen en 12 cuotas, la tasa mensual será del 0,5 por ciento, pero el costo crecerá progresivamente para los períodos más largos. Quienes opten por pagar en cinco años �el período mayor�, deberán afrontar una tasa mensual del 1 por ciento. Los deudores de más de cinco millones de pesos pagarán un costo del 33 por ciento más caro. �El contribuyente que deje de pagar dos o tres cuotas perderá el derecho a continuar en el plan�, aseveró Gómez Sabaini.
Además de enviar al Congreso un proyecto para derogar la ley que impedía a la AFIP investigar la historia impositiva de los contribuyentes, el Gobierno también se propuso eliminar el régimen de �presentación espontánea�, a través del cual un deudor podía reconocer su irregularidad ante la AFIP. �Esperemos que este sea el último plan de este tipo�, auguró Carlos �Chacho� Alvarez. Rodolfo Terragno, quien se había mostrado resistente a la aplicación de una moratoria, prometió que, a cambio, �a partir de ahora, va a regir un sistema antievasión como no se conoció en la Argentina�.

 


 

Acuerdo Infraestructura-Transparencia Internacional
Auditoría para las audiencias públicas

El Ministerio de Infraestructura y Vivienda, que tiene proyectos con financiamiento internacional por más de 2100 millones de dólares, firmó ayer un acuerdo con Transparencia Internacional. Como adelantara Página/12, TI monitoreará las licitaciones que involucren montos importantes o tengan trascendencia �institucional, social o económica�, según lo determine la Oficina Anticorrupción. El objetivo del convenio es que TI intervenga en los procesos licitatorios que demanden audiencias públicas, amén de aquellos casos en los que, por su trascendencia, el ministerio lo considere necesario.
Carlos March, coordinador general de Poder Ciudadano, representante en Argentina de TI �una red de organizaciones no gubernamentales con base en más de 70 países y cuyo objeto es, precisamente, combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno� declaró a Página/12 que el acuerdo significará la posibilidad de la aplicación formal del Programa de Contratación Transparente que su organización desarrolla desde 1996.
El acuerdo fue firmado por Luis Moreno Ocampo, presidente de TI para Latinoamérica y el Caribe, y Nicolás Gallo, ministro de Infraestructura y Vivienda. Y supone la participación de cuatro actores: además del ministerio y Poder Ciudadano, intervendrán la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, a través de la dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, y el Banco Mundial.
Mediante este convenio el gobierno busca superar la herencia de la década pasada. Según el último informe de Transparencia, que suscitó airadas reacciones de la administración menemista, Argentina salió mal parada del �corruptómetro�. En una escala de 0 a 10, donde la menor calificación supone menor transparencia (o mayor corrupción), recibió un magro 3, lo que �de peor a mejor� la ubica en el puesto 30 de un ránking de 99 países.
Según explicó a este diario Roberto de Michele, director de la mencionada dirección, la Oficina Anticorrupción será quien defina el contenido de los tres criterios de relevancia �económica, social e institucional� para los procesos de control. El primer paso consistirá en dictar las reglas para las Audiencias Públicas. Para ello la dirección puso a disposición y evaluación del público un proyecto de reglamento general. Definidas las reglas, las audiencias tendrán dos etapas. Durante la primera �desde la convocatoria hasta la realización de la asamblea� además de informar sobre la licitación y recibir sugerencias de los ciudadanos, se tratará de conseguir una base de participación adecuada para evitar sesgos y manipulaciones. La segunda etapa es la asamblea misma. De Michele explicó que �la dirección de Transparencia elaborará un informe de los resultados, el cual debe ser respondido por el ministerio. Poder Ciudadano vigilará que hagamos bien las cosas; evaluará que se haya cumplido con la publicidad previa y durante las audiencias hará encuestas para evaluar la participación�, concluyó.

 

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