Antes
de subirse al avión que lo llevó a Europa, Fernando de la Rúa firmó el
decreto por el cual se dispone un amplio programa de facilidades de pago
para los contribuyentes que tengan deudas con la AFIP y con el sistema
previsional. Para que los morosos se pongan al día con los impuestos, el
plan contempla pagos de hasta 60 cuotas mensuales y tasas de interés
bajas, con un tope del 1 por ciento mensual. �No se trata de un perdón
sino de dar facilidades para pagar las deudas�, señaló el jefe de
Estado. Además, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para
permitir que la AFIP pueda volver a investigar la historia impositiva de
los últimos cinco años de los contribuyentes.
Anoche, en una conferencia de prensa, Juan Carlos Gómez Sabaini,
subsecretario de Política Tributaria, afirmó que el objetivo del
Gobierno es tenderles una mano a las pymes y �permitir que puedan
acceder al crédito bancario�. Si bien el funcionario no quiso hablar de
expectativas, en el Gobierno esperan que con este plan se recauden unos
500 millones de pesos.
Al plan de facilidades podrán ingresar todos aquellos contribuyentes que
acrediten deudas con la AFIP hasta el 31 de octubre pasado, con excepción
de quienes hayan sido multados por el organismo. De esta manera, el
programa comprenderá a quienes adeuden Ganancias, Bienes Personales, IVA
y el monotributo, entre otros gravámenes.
Según estiman en Economía, el programa arrancará hacia mediados o fines
de mayo. Para inscribirse, para esa fecha, los deudores deberán saldar al
contado el 5 por ciento del total del capital adeudado. Y empezar a pagar
las cuotas en julio. El monto mínimo de cada cuota no podrá ser inferior
a los 100 pesos. Y de 50 pesos para los aportes de los trabajadores
autónomos.
Dentro del programa existen cinco planes distintos, de acuerdo al lapso en
que el contribuyente se comprometará a saldar su deuda. Se podrá elegir
entre abonar en 12, 24, 36, 48 ó 60 cuotas mensuales. A menor plazo, la
tasa será más baja. Para quienes paguen en 12 cuotas, la tasa mensual
será del 0,5 por ciento, pero el costo crecerá progresivamente para los
períodos más largos. Quienes opten por pagar en cinco años �el
período mayor�, deberán afrontar una tasa mensual del 1 por ciento.
Los deudores de más de cinco millones de pesos pagarán un costo del 33
por ciento más caro. �El contribuyente que deje de pagar dos o tres
cuotas perderá el derecho a continuar en el plan�, aseveró Gómez
Sabaini.
Además de enviar al Congreso un proyecto para derogar la ley que impedía
a la AFIP investigar la historia impositiva de los contribuyentes, el
Gobierno también se propuso eliminar el régimen de �presentación
espontánea�, a través del cual un deudor podía reconocer su
irregularidad ante la AFIP. �Esperemos que este sea el último plan de
este tipo�, auguró Carlos �Chacho� Alvarez. Rodolfo Terragno, quien
se había mostrado resistente a la aplicación de una moratoria, prometió
que, a cambio, �a partir de ahora, va a regir un sistema antievasión
como no se conoció en la Argentina�.
Acuerdo
Infraestructura-Transparencia Internacional
Auditoría para las audiencias
públicas
El Ministerio de
Infraestructura y Vivienda, que tiene proyectos con financiamiento
internacional por más de 2100 millones de dólares, firmó ayer un
acuerdo con Transparencia Internacional. Como adelantara Página/12, TI
monitoreará las licitaciones que involucren montos importantes o tengan
trascendencia �institucional, social o económica�, según lo
determine la Oficina Anticorrupción. El objetivo del convenio es que TI
intervenga en los procesos licitatorios que demanden audiencias públicas,
amén de aquellos casos en los que, por su trascendencia, el ministerio lo
considere necesario.
Carlos March, coordinador general de Poder Ciudadano, representante en
Argentina de TI �una red de organizaciones no gubernamentales con base
en más de 70 países y cuyo objeto es, precisamente, combatir la
corrupción en todos los niveles de gobierno� declaró a Página/12 que
el acuerdo significará la posibilidad de la aplicación formal del
Programa de Contratación Transparente que su organización desarrolla
desde 1996.
El acuerdo fue firmado por Luis Moreno Ocampo, presidente de TI para
Latinoamérica y el Caribe, y Nicolás Gallo, ministro de Infraestructura
y Vivienda. Y supone la participación de cuatro actores: además del
ministerio y Poder Ciudadano, intervendrán la Oficina Anticorrupción del
Ministerio de Justicia, a través de la dirección de Planificación de
Políticas de Transparencia, y el Banco Mundial.
Mediante este convenio el gobierno busca superar la herencia de la década
pasada. Según el último informe de Transparencia, que suscitó airadas
reacciones de la administración menemista, Argentina salió mal parada
del �corruptómetro�. En una escala de 0 a 10, donde la menor
calificación supone menor transparencia (o mayor corrupción), recibió
un magro 3, lo que �de peor a mejor� la ubica en el puesto 30 de un
ránking de 99 países.
Según explicó a este diario Roberto de Michele, director de la
mencionada dirección, la Oficina Anticorrupción será quien defina el
contenido de los tres criterios de relevancia �económica, social e
institucional� para los procesos de control. El primer paso consistirá
en dictar las reglas para las Audiencias Públicas. Para ello la
dirección puso a disposición y evaluación del público un proyecto de
reglamento general. Definidas las reglas, las audiencias tendrán dos
etapas. Durante la primera �desde la convocatoria hasta la realización
de la asamblea� además de informar sobre la licitación y recibir
sugerencias de los ciudadanos, se tratará de conseguir una base de
participación adecuada para evitar sesgos y manipulaciones. La segunda
etapa es la asamblea misma. De Michele explicó que �la dirección de
Transparencia elaborará un informe de los resultados, el cual debe ser
respondido por el ministerio. Poder Ciudadano vigilará que hagamos bien
las cosas; evaluará que se haya cumplido con la publicidad previa y
durante las audiencias hará encuestas para evaluar la participación�,
concluyó.
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