Por Alejandra Dandan
 En
el barrio Agronomía continúan en pie de guerra. Mientras la
construcción de la Universidad de Buenos Aires en el predio de la
Facultad de Agronomía sigue en marcha, los vecinos denunciaron una
dilación --intencional, según aseguran-- en la Justicia, como estrategia
para que la obra siga adelante. "La actuación de la Cámara de
Contravenciones es catastrófica", dijo a Página/12 María del
Carmen Martínez, en su doble condición de abogada y vecina del barrio.
Por este motivo, la mujer presentó una denuncia contra la Sala Nº 1 de
la Cámara ante el Colegio de la Magistratura.
En diciembre, el juez en lo contravencional Marcelo Vásquez ordenó
paralizar la obra de 5300 metros cuadrados que la universidad construye en
el predio. El magistrado daba lugar así a un recurso de amparo presentado
por un grupo de vecinos que desde hacía meses denunciaban la obra como
perjudicial para ese cuarto pulmón verde que tiene la ciudad. En ese
marco, el juez ordenó al Gobierno porteño "cumplir y hacer
cumplir" la ley de protección al medio ambiente. Y dispuso la medida
cautelar hasta tanto se hiciesen los estudios ambientales requeridos para
el emprendimiento.
Hasta allí, la administración de Enrique Olivera tenía 48 horas para
apelar el fallo.
El plazo para hacerlo vencía el miércoles 29 de diciembre. La apelación
llegó al despacho del juez un día después, el 30, a pocas horas del
inicio de la feria judicial. "Aunque tengo mis serias dudas --dice
Martínez--, supuestamente el Gobierno de la ciudad presentó la
apelación, pero en vez de hacerlo en el tribunal de Vázquez lo hizo un
piso más arriba, en la Cámara de Contravenciones". Según la
abogada, "la Cámara se tomó un día sólo para bajar un piso".
Este retraso, según su hipótesis, fue el que habilitó a la universidad
para que continúe la obra durante el mes de feria.
Su hipótesis está reforzada con la propia intervención de la Justicia
de Primera Instancia. Aquella presentación del Gobierno porteño fue
rechazada por el juez Vásquez por considerarla fuera de término. Por
eso, el magistrado ordenó en forma inmediata a efectivos de la Comisaría
47ª que notificaran a los responsables de la obra que debían detenerla.
Pero, pocos días después, todo el proceso volvió a paralizarse: la UBA
y el Gobierno porteño se quejaron ante la Cámara por la apelación
denegada.
Aunque esto justifica, según fuentes vinculadas con el juzgado
interviniente, que la UBA pueda continuar con la construcción, no todo es
tan claro. Teóricamente, la Cámara sólo podría disponer de tres días
para pronunciarse a favor o en contra de las quejas presentadas por la UBA
y el Gobierno. De aceptarlas, debería revisar el fallo de Vásquez o
ratificar el "no innovar" dictado por el magistrado. Esos tres
días se extendieron a más de veinte. Fuentes vinculadas con la causa
señalaron, entre los motivos, una disidencia entre los dos camaristas que
integran la sala. Para resolver esta falta de acuerdo --etapa actual de la
causa--, la sala debe solicitar la intervención de otro camarista.
"Desde mi punto de vista --asegura Martínez--, la Cámara ha actuado
negligentemente. Fue una maniobra para perder tiempo: mientras sigue el
proceso, la facultad construye. Y cuando la obra supere un 70 u 80 por
ciento, el costo por destruirla va a terminar siendo mayor." No
conforme con la demanda, Martínez presentó además una denuncia penal
contra el rector del UBA, Oscar Shuberoff, por desacatar el "no
innovar". De acuerdo con las fuentes judiciales, tal demanda no
prosperaría porque la medida de Vásquez, como fue apelada, aún no tiene
sentencia firme.
Ecologistas de
Greenpeace al abordaje
Un grupo de
activistas de la organización ambientalista Greenpeace abordó ayer un
buque congelador de origen español y desplegó una bandera a través de
la cual acusaron a la embarcación de efectuar operaciones de "pesca
pirata". La acción ecologista se realizó en Puerto Deseado,
provincia de Santa Cruz, y tuvo como blanco al buque congelador Coalsa
Segundo, integrante de la flota de la empresa Coalsud SA, del grupo
español Pesel, que opera desde 1992. "Este barco violó el sistema
de control satelital colocando una lata en su antena", informó un
vocero de la organización cuyos integrantes documentaron a través de una
serie de fotografías, tomadas en agosto pasado, momentos "en donde
se muestra al buque pesquero con su antena de posicionamiento obstruida,
alterando, de este modo, el correcto funcionamiento del sistema de control
satelital". La organización indicó que las fotografías que
documentan la maniobra fueron tomadas en agosto del año pasado aunque se
difundieron recién ayer. El autor de las imágenes hizo la denuncia ante
las autoridades de la Prefectura Naval. En este contexto, Greenpeace
pidió a los funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación que se sancione a la compañía retirando el permiso
de pesca del buque. Carlos Villalonga, coordinador de la ONG, aseguró que
esta fue la primera vez que a través de fotografías quedó documentado
uno de los métodos usados para evadir los controles de pesca en el Mar
Argentino.
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