Página/12

La decisión está tomada. Hace más de una semana el director de Gendarmería Nacional, Hugo Miranda, resolvió pasar a retiro a Ricardo Alberto Chiappe, el comandante mayor que tuvo a su cargo el operativo represivo en Corrientes en el que murieron dos jóvenes baleados durante los enfrentamientos (ver aparte). Chiappe, tal como informó Página/12, estuvo asignado en los centros clandestinos de detención que funcionaron en unidades del Ejército en los 70. Y es cuñado de Timar Musumessi, que fue el jefe de los gendarmes hasta hace dos semanas y uno de los titulares de seguridad más afines que tuvo el menemismo.
El desplazamiento de Chiappe se concretaría entre hoy y mañana, según confirmaron funcionarios del Ministerio del Interior y allegados a la cúpula de la Gendarmería, cuando le comuniquen que su presencia en la fuerza no figura en los planes del gobierno de la Alianza. �En la Gendarmería se están concretando todas aquellas modificaciones propias del cambio de conducción�, describieron voceros de la cartera que comanda Federico Storani. Hoy, Storani y el secretario de Seguridad, Enrique Mathov, le pondrán el broche final a la salida del gendarme.
Antes de asumir como jefe de la Región II, con sede en Rosario, Chiappe había estado destinado en Francia desde 1994 hasta 1996. Su continuidad en la fuerza fue uno de los principales temas de preocupación de Miranda desde que asumió días atrás. �Estoy haciendo ciertas averiguaciones para formarme una idea sobre la conveniencia de que siga o no en servicio�, adelantó en un reportaje publicado por este diario el pasado 18 de enero. Chiappe fue quien decidió, a comienzos de diciembre, el brutal accionar que desbordó el puente que une Corrientes y Resistencia y que terminó con medio centenar de heridos y dos muertos. No se sabe quién disparó, o al menos eso es lo que dicen hasta ahora los investigadores. Miranda asegura que las balas no fueron disparadas por gendarmes. �No llevaban armas de fuego�, dijo. Sin embargo, todavía mantiene un sumario interno abierto para corroborarlo. Paralelamente la Justicia federal investiga la denuncia formulada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y por grupos autoconvocados correntinos que responsabilizan a la Gendarmería por la masacre y las muertes (ver aparte).
Ese hombre que asumió �la plena responsabilidad� de la represión en Corrientes alegando que si no �las consecuencias hubieran sido terribles e inimaginables�, habría prestado servicios durante la dictadura en los centros de exterminio de Campo de Mayo, en las afueras de Buenos Aires, y La Perla, en Córdoba, escribió Horacio Verbitsky. Esa es, en realidad, una de las cuestiones que más preocupan al �Perro� Miranda �como lo apodan sus viejos conocidos�, aunque el nombre de Chiappe no figure en las listas de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) por no haber sido reconocido por ninguna víctima.
En Corrientes, el comandante Chiappe utilizó media docena de aviones, entre ellos dos Hércules que transportaron camiones hidrantes, vehículos para el transporte de tropas y abundante pertrecho. Hubo tareas de inteligencia previas. Desde Rosario trasladó al grupo de acción rápida de la fuerza, especializado en reprimir motines y otros efectivos que llegaron desde el Chaco, Córdoba y el interior de Corrientes. El resultado fue un despliegue de 600 hombres y los enfrentamientos y los heridos conocidos, tanto civiles como gendarmes.
La comparación es ineludible: parece repetirse el mismo patrón que en 1997, cuando se supo que el jefe de Gendarmería enviado para reprimir a docentes y petroleros que se manifestaban en Neuquén, el comandante mayor Eduardo Jorge, había sido el responsable del principal campo de concentración de la provincia de Tucumán y colaborador de Antonio Domingo Bussi en las ejecuciones (ver aparte). Ambos, Chiappe y Jorge, formaban parte en aquel entonces de los grupos móviles de gendarmes que tenían como función prevenir disturbios en las principales ciudades. Jorge es otro de los candidatos a pasar a retiro, según ya confirmó Miranda al ser entrevistado por Página/12. Lo cierto es que la Gendarmería, un organismo que fue funcional a la Casa Rosada durante el gobierno de Carlos Menem, ahora transita una depuración general. Musumessi, el antecesor de Miranda y hombre con acceso directo al ex presidente, rompió todos los records con ocho años de permanencia en el cargo. Durante su gestión, la fuerza fue enviada a frenar marchas, cortes de rutas, dedicó esfuerzos a montar sistemas informatizados en las fronteras y cosechó una reputación bien calificada en materia de pericias �la Dirección de Pericias intervino en los casos AMIA, Cabezas, Río Tercero, Ramallo, entre otros�.
Miranda dice que ahora entre sus grandes preocupaciones descuellan �el terrorismo, el contrabando, la piratería del asfalto y otros delitos complejos�. Mientras tanto, es evidente, está librando una batalla política.

A UN MES Y DIEZ DIAS DE LA REPRESION CORRENTINA
Dos muertes sin esclarecimiento

El comandante Ricardo Chiappe estuvo al frente del operativo de desalojo del puente General Belgrano, ocupado desde hacia 72 horas por un piquete de docentes y empleados públicos correntinos que cortaron el tránsito entre las capitales de Corrientes y el Chaco en reclamo de los cuatro meses de sueldo que se les adeudaban. La represión de prolongó durante más de seis horas con un saldo de decenas de heridos y dos personas muertas por las balas de francotiradores nunca identificados. �Yo soy el único responsable, no podía perder tiempo esperando una orden que dependía de papelería burocrática�, dijo Chiappe al promediar ese día reconociendo que había actuado por decisión propia. El gendarme fue querellado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por homicidio calificado, abuso de autoridad y abandono de personas.
El viernes 17 de diciembre, en horas de la noche, 500 efectivos de la Gendarmería lanzaron un lluvia de gases lacrimógenos sobre el puente General Belgrano y avanzaron golpeando a diestra y siniestra a las trescientas personas, incluidas mujeres y niños, que por esas horas esperaban una señal de la intervención dispuesta por el gobierno federal para desistir de su protesta. La represión se extendió a los barrios aledaños al puente y se prolongó durante más de seis horas con un saldo de varias decenas de heridos y dos personas muertas bajo las balas de francotiradores que habrían disparado desde la zona controlada por la Gendarmería.
El accionar de los gendarmes fue objeto de dos presentaciones judiciales. Una a cargo de los denominados �Autoconvocados� correntinos que denunciaron ante la Justicia local a la fuerza por violación de los convenios internacionales que prohíben acciones policiales o militares en horas de la noche, allanamientos a viviendas sin orden judicial, detenciones arbitrarias fuera de la jurisdicción de la Gendarmería y excesos en la acción represiva.
Juan González, secretario general de ATE, fue más allá. Y presentó ante el juzgado federal de Corrientes una querella criminal contra el comandante Chiappe. En el escrito que recibió el magistrado Carlos Soto Dávila, señala que el gendarme actuó sin orden judicial, por lo que se habría atribuido la suma del poder público. Lo que representa el delito de sedición. Los representantes legales de ATE también agregan que durante el operativo conducido por Chiappe:

Se apeló a una desmesurada acción bélica de la que participaron centenares de efectivos de la Gendarmería con el apoyo de la Prefectura.

Durante la represión que se llevó a cabo en horas de la noche, se persiguió a los manifestantes hasta el interior de sus casas, las que pese a estar fuera de su jurisdicción fueron allanadas y sus moradores detenidos sin orden judicial.

Durante el ataque se voló una usina eléctrica propiedad del Estado provincial para producir un apagón en la zona.

La acción represiva se prolongó durante horas sobre la avenida 3 de Abril, pese a que ya estaba desalojada la vía sobre el puente General Belgrano, violando las leyes vigentes en un Estado de derecho.
Tanto los representantes de ATE como los organismos de derechos humanos de Corrientes aseguran que cuentan con el testimonio de una decena de personas que confirman haber visto a efectivos de la Gendarmería apostados en las terrazas desde las que partieron las balas que acabaron con la vida de Mauro César Ojeda y Francisco Escobar, los dos muertos de Chiappe.

A las 10 de la mañana del sábado 12 de abril de 1997, la policía y la Gendarmería comenzaban a disparar contra los manifestantes de Cutral-Có. Los gendarmes se retiraron a las 13. Teresa Rodríguez, una empleada doméstica de 23 años, estaba muerta. Al frente de la represión estaba el comandante mayor Eduardo Jorge, quien fue responsable del primer centro clandestino de Tucumán. Jorge asistió personalmente al dictador Antonio Domingo Bussi en la ejecución, mediante disparos a la cabeza, de personas cuyos cuerpos caían en pozos donde eran quemados con neumáticos y una mezcla de nafta y aceite. Aún está en actividad.
El periodista Horacio Verbitsky reveló en Página/12 que el comandante mayor Ricardo Alberto Chiappe, jefe de las tropas de Gendarmería que reprimieron a los manifestantes correntinos en diciembre, estuvo asignado durante la dictadura a dos de los principales centros clandestinos de detención: Campo de Mayo y La Perla (ver aparte). El cuadro de protesta social, manifestantes muertos y un represor de la dictadura al mando no podía escapar a la analogía con lo ocurrido en abril de 1997, cuando Jorge daba órdenes de disparar contra los docentes y desocupados neuquinos.
En 1997 Carlos Corach era ministro de Interior y Federico Storani presidente del bloque de diputados de la UCR. En ese momento, Storani reclamó una explicación del gobierno menemista acerca de por qué se había enviado a un represor a Neuquén. Ahora, la Gendarmería está bajo el mando de Storani.
Cuando hace dos años y nueve meses llegaron a Tucumán las imágenes de los gendarmes avanzando sobre los manifestantes de Cutral-Có y Plaza Huincul, el jefe del operativo fue reconocido de inmediato como �el Turco� Jorge. El mismo que figuraba en el legajo 6667 de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep).
El ex gendarme Omar Torres narró ante la Justicia tucumana que en el Arsenal �el campo donde se desempeñaba Jorge� �se fusilaban detenidos� y que para enterrarlos �se hacían pozos donde se echaba leña, aceite y gomas de automóviles�. Torres tuvo oportunidad de presenciar dos veces fusilamientos en los cuales el general Antonio Domingo Bussi efectuaba el primer disparo�. Y suministró una larga lista de gendarmes que participaron de las ejecuciones, entre ellos el alférez Jorge.
Jorge y Chiape no son casos aislados. Página/12 publicó a fines de diciembre del año pasado que al menos otros cuatro represores de Tucumán cumplían funciones de importancia en Gendarmería. Ello son: Celso Alberto Barraza �quien fue segundo jefe de la Agrupación Misiones, director de Operaciones y jefe del Escuadrón Iguazú�, el comandante general Paulo Enrique Garro �fue subdirector de Gendarmería de Timar Musumeci�, el comandante Benito Palombo �se desempeñaba en la dirección de Inteligencia� y Marcial Pérez Carvallo �quien como segundo jefe de la Agrupación Seguridad interviene en el operativo sobre edificios de la colectividad judía�. En la Dirección de Inteligencia también se desempeña Eugenio Pereyra, un represor de El Olimpo que figura en el legajo 7077 de la Conadep.

Storani se reunió ayer con su par paraguayo y con el canciller de ese país. La localización del ex general fue el tema central.

Storani se reunió con Walter Bower y Fernández Estigarribia. Oviedo fue el plato fuerte del día.
Los paraguayos destacaron el mejoramiento de las relaciones bilaterales desde que asumió De la Rúa.

El ministro del Interior Federico Storani recibió ayer a su par paraguayo, Walter Bower, y al canciller de ese país, José Félix Fernández Estigarribia, con quienes comenzó a delinear la recomposición de las relaciones bilaterales entre la Argentina y el Paraguay, resentidas desde que Carlos Menem paralizó el pedido de extradición del ex general Lino Oviedo. La armonía del encuentro fue alterada por el propio Oviedo que aprovechó la oportunidad para hacer nuevas declaraciones y mojarle la oreja a ambos gobiernos, según él, desde un refugio clandestino en el Paraguay. Los paraguayos creen que aún está en la Argentina.
�Apreciamos que desde la asunción del presidente Fernando de la Rúa hay una extraordinaria mejoría en el clima de la relación bilateral entre nuestros países y nuestros pueblos�, aseguró el Fernández Estigarribia al término de la reunión en la Casa Rosada. El encuentro fue preparado por la embajadora del Paraguay en la Argentina, Leila Rachid, quien se entrevistó al menos en dos oportunidades con el ministro del Interior para transmitirle la predisposición del presidente paraguayo Luis González Macchi para limar asperezas y recomponer el vínculo entre ambas naciones.
La Argentina y el Paraguay estuvieron al borde de la ruptura diplomática cuando el gobierno de Carlos Menem se negó a girar a la Justicia el pedido de extradición de Oviedo, quien gozaba de asilo político en el país desde abril de 1999. Oviedo está acusado por un juez paraguayo de ser el autor intelectual del atentado que en marzo del año pasado acabó con la vida del entonces vicepresidente Félix Argaña.
Ante el reclamo paraguayo, el gobierno argentino decidió trasladar a Oviedo a una estancia en Tierra del Fuego, de la que desapareció poco antes de que Fernando de la Rúa asumiera la presidencia el 10 de diciembre. Desde entonces no hay noticias de su paradero, pese a las esporádicas apariciones del ex militar al que le gusta enviar mensajes a través de las radios y mantiene diálogos �on line� en su página de Internet.
El caso Oviedo formó parte de la agenda a la que se ajustó el encuentro entre los funcionarios de ambos países. Si bien el canciller guaraní reconoció �la enorme comprensión� de Storani sobre la influencia que Oviedo tiene sobre la realidad política paraguaya, unos y otros no se pusieron de acuerdo sobre el actual lugar de residencia del ex militar golpista, que apenas unas horas antes había mantenido un diálogo con una emisora porteña (ver aparte).
Días atrás Storani había anunciado que Oviedo �no se encuentra en territorio argentino�. Su par paraguayo, Walter Bower, evitó entrar en contradicciones. Y señaló: �Yo no digo dónde está el señor Oviedo; yo no afirmo que esté en la Argentina, creo que es un fugitivo que anda deambulando por diversos territorios, pero en Paraguay no está�.
Bower sostuvo que Oviedo �va a caer tarde o temprano�, y que �si eventualmente tuviera la osadía de estar en algún lugar de la Argentina, las autoridades nos han dado la certeza de que el pedido formal de la Justicia paraguaya será tenido en cuenta y que se hará cumplir su detención�. Este fue uno de los objetivos de la visita ministerial, asegurarse la extradición de Oviedo en caso de ser detenido dentro de la Argentina.
Durante el encuentro también se acordó designar una comisión integrada por representantes de ambas naciones para redactar el texto de un nuevo convenio migratorio que tenga en cuenta el principio de �libre tránsito� que ya está contemplado entre los integrantes del Mercosur.
El combate frontal al contrabando y al narcotráfico que anunció el gobierno de la Alianza también formó parte de las conversaciones entre los ministros. Storani le pidió a Bower intensificar el control de vehículos que ingresan al Paraguay desde la Argentina, sobre todo modelos de lujo y camionetas 4X4 que suelen ser robados de este lado de la frontera para ser comercializados en territorio paraguayo, limitar la actividad de loscontrabandistas que están en la mira del Ministerio de Economía y de la SIDE, e iniciar una actividad conjunta de control sobre la zona de la triple frontera.