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Peronistas con culpa se oponen a
Flamarique y su reforma laboral

El diputado justicialista Arturo Lafalla fue el único que ayer en la Comisión de Trabajo apoyó el proyecto del gobierno aliancista.

De pie, Jorge Sappia, Horacio Viqueira, Flamarique y Ubaldini.
Estuvieron cuatro horas en Diputados y seguirán el martes próximo.


t.gif (862 bytes) En medio de tanta previsibilidad, Arturo Lafalla dio la nota. El diputado fue el único justicialista que resaltó las intenciones de la reforma laboral defendida ayer por el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique. El resto de los legisladores del PJ de la Comisión de Legislación Laboral cuestionó duramente la iniciativa y hasta se permitió realizar una autocrítica por haber respaldado propuestas anteriores y que nunca dieron el resultado esperado.
Lafalla dio el visto bueno a la extensión del período de prueba de uno a seis meses, ya que durante ese lapso los empleadores deberán afrontar todas las cargas sociales y tendrán como premio, en caso de efectivizar al trabajador, una reducción de seis puntos de esas contribuciones. En ese contexto dijo que presentará un proyecto complementario al oficial para crear un fondo de subsidios para 500 mil desempleados.
Lafalla fue una voz dulce al lado del resto de los legisladores justicialistas. �Estas medidas nosotros ya las hemos probado y no han dado ningún resultado�, dijo Graciela Camaño en referencia a los proyectos sancionados durante el gobierno de Carlos Menem. 
La mujer de Luis Barrionuevo coincidió con sus colegas de bancada Saúl Ubaldini, Lorenzo Pepe y Alfredo Atanasof, quienes dijeron que iguales políticas �se aplicaron en la última década con resultados conocidos�, es decir, que no lograron reducir los índices de desocupación.
Flamarique no se mostró muy preocupado durante las cuatro horas de reunión. Tampoco el radical Carlos Maestro y el frepasista Carlos Raimundi, los principales defensores del proyecto. Todos saben que la gran mayoría de los aliancistas, el cavallismo y los diputados provinciales están encolumnados detrás de la reforma laboral. También se expresaron a favor de la propuesta los justicialistas Oscar Lamberto, Jorge Remes Lenicov y Ana María Mosso.
Justamente anoche, el PJ intentó homogeneizar el discurso para afrontar el debate de la reforma laboral. Halcones y palomas se mostraron dispuestos a dar batalla en el recinto. Y, de paso, dejaron en claro que mantendrán una posición independiente de los gobernadores justicialistas, muchos de los cuales apoyan la iniciativa oficial.
El propio jefe del bloque peronista, Humberto Roggero, dijo que la discusión se realizará, pero �no para regresar a los contratos basura�, como se denomina a la modalidad de empleos precarios e inestables. De todas maneras, en el justicialismo saben que la verdadera batalla se librará en el Senado, donde representan a la primera minoría. 
Roggero ya había tendido lazos con la cúpula de la CGT para unificar fuerzas contra la reforma. La Comisión de Legislación Laboral se reunirá nuevamente el martes �por pedido de Ubaldini pasó a cuarto intermedio�, fecha en la que el PJ buscará poner en apuros a Flamarique con preguntas incómodas sobre la reforma. 
Ese día, la comisión escuchará las posturas de los representantes de la CGT, la CTA y el MTA. El miércoles será el turno de los representantes empresarios del Grupo de los Ocho, los industriales y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme).

 

 

Senadores comprensivos

El vicepresidente del bloque de senadores justicialistas, Remo Constanzo, explicó ayer que su postura �personal� es favorable a tratar la reforma laboral y remarcó que �no debemos poner palos en la rueda� al gobierno de Fernando de la Rúa ni �cajonear� la iniciativa. Su colega de bancada, el ex ministro Carlos Corach, confirmó también que el bloque del PJ �no va a dejar de dar quórum para debatir la iniciativa� pero aclaró que la bancada �aún no resolvió cuál va a ser finalmente la postura que adoptará frente al proyecto porque �lo queremos seguir analizando en profundidad�. Corach sostuvo que �probablemente� el próximo martes el bloque de senadores del justicialismo se reúna para debatir que posición tomará frente a la reforma laboral.

 

MANIFESTACION SINDICAL CONTRA DE LA SOTA
Ley para un Estado privatizado

Por Mónica Gutiérrez
Desde Córdoba

Con los efectivos de la guardia de infantería apostados en los alrededores de la Legislatura de Córdoba, el gobernador José Manuel de la Sota entregó en persona en la Cámara de Diputados el megaproyecto del gobierno peronista que ha dado en llamar �Ley del Estado Nuevo�. La iniciativa incluye la privatización de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y el Banco Provincia y la desregulación de los honorarios profesionales, entre otros puntos. Mientras se producían algunos incidentes con sindicalistas que manifestaban en contra del proyecto, el radicalismo antici-
paba su oposición a las medidas.
El proyecto de ley no contempla topes en la inclusión de capital privado en la EPEC y deja librado a un decreto del Ejecutivo la decisión de cuánto y cómo venderla. Con respecto al Banco, se vendería el 49 por ciento de las acciones, pero si esto no se logra antes de mitad de año se privatizaría la totalidad de la entidad. Además de autorizar la instalación de máquinas tragamonedas, el apartado sobre la Lotería estatal autoriza la explotación privada de los casinos. Uno de los puntos más polémicos es el de los honorarios profesionales, que perderían su carácter público y podrían ser convenidos libremente por las partes.
El proyecto ingresó con carácter de tratamiento urgente, es decir que en 30 días tendrá que ser considerado en Diputados, en el período extraordinario de sesiones. En Diputados, el paquete podrá aprobarse con facilidad porque el oficialismo es mayoría, pero el mayor escollo estará en el Senado, donde la Alianza UCR-Frepaso tiene la mitad más uno. De la Sota se anticipó a la contienda con dos argumentos: su apoyo a las medidas impositivas y laborales que promueve el Gobierno aliancista a nivel nacional y la difusión de la deuda provincial que una consultora privada estimó en más de 3 mil millones de pesos �como mínimo�, cifra que contrasta con los 900 millones reconocidos por la gestión del ex gobernador Ramón Mestre y que fue rechazada por los ex funcionarios.

 

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