Con un peso de patrimonio

Chacho Alvarez denunció que altos funcionarios de la AFIP declararon bajo juramento no tener ningún bien. Se los intimará para que aclaren. Massoni, jefe de la Oficina Anticorrupción, recibió a Alvarez. "Presumo que el 70 por ciento de las declaraciones está mal formulado."

 "Hay funcionarios actuales en niveles de dirección de la AFIP que presentaron una declaración patrimonial de un peso", aseguró el vicepresidente, Carlos "Chacho" Alvarez, tras su visita de ayer a la Oficina Anticorrupción. El jefe del organismo, José Massoni, opinó que las irregularidades "pueden ser una actitud de desprecio ante el requerimiento o una forma de ocultamiento" y anticipó que otras declaraciones juradas "del mismo origen" muestran "un manejo del patrimonio muy singular", porque los agentes del ente recaudador declararon que "tienen dinero en efectivo y ninguna cuenta bancaria... aparentemente lo tienen en la casa, en el colchón". A raíz de la conmoción que generó la revelación, el administrador federal de Ingresos Públicos, Carlos Silvani, se puso a disposición de Massoni para "colaborar en la lucha contra la corrupción".

  Una alta fuente de la Oficina indicó a Página/12 que en algunas declaraciones de los funcionarios de la AFIP aparece que poseen "sólo un peso en su cuenta bancaria, otros manifestaron que no tienen ni cuenta corriente ni caja de ahorro y uno aseguró que su fortuna es de 25 mil pesos pero no lo tiene depositado en ningún lado". Otras de las irregularidades encontradas fueron sueldos de dos mil pesos y bienes por un millón. Massoni precisó que "las declaraciones juradas son 30 mil, sólo 10 mil fueron revisadas y, por los errores formales que había, presumimos que el 70 por ciento de ellas están mal confeccionadas".

  En el material que ya fue revisado detectaron que casi todos omitieron completar un formulario anexo que requiere datos más específicos. "En síntesis, aparece una enorme resistencia por parte de los funcionarios a que sea chequeado lo que declararon y lo que dicen tener, en algunos casos, es poco creíble", evaluó la fuente. Y agregó que hay "mala predisposición de los directores de recursos humanos de las reparticiones estatales al momento de ser consultados para confirmar información".

  Alvarez adelantó que el Gobierno instruirá al bloque parlamentario de la Alianza para que analice la posibilidad de levantar el secreto de las declaraciones juradas previas a la creación de la Oficina de Etica Pública. Consultados al respecto, los investigadores anticorrupción destacaron que esto sería "muy útil" porque así se podrían comparar las presentaciones secretas que fueron hechas ante la Escribanía General de la Nación. Por ahora esto sólo es posible a través de una orden judicial o de una acción de amparo que invoque el derecho a la información.

  La Oficina que conduce Massoni intimará a todos aquellos que hayan cometido "errores" en las declaraciones juradas. En aquellas que aparezcan "sospechas" iniciará investigaciones y cruzará los datos consignados con otros bancos de datos. Y recién después citarán a los funcionarios que las presentaron. La Ley de Etica Pública, sancionada en diciembre, estableció que es delito la no presentación de las declaraciones juradas tanto como la confección de las mismas "en forma maliciosa", y esta actitud puede ser penada hasta con dos años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

  Massoni informó, además, que en el traspaso de archivos desde la Oficina que dirigía el menemista Luis Ferreira "detectaron que las declaraciones juradas estaban mal ordenadas y sin clasificar". Uno de sus colaboradores destacó que "Ferreira tenía facultades para realizar una profunda revisión de esas declaraciones y no lo hizo", mientras que "esta gestión sí tiene la voluntad de hacerlo".

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