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Por Adriana Meyer
Una alta fuente de la Oficina indicó a Página/12 que en
algunas declaraciones de los funcionarios de la AFIP aparece que poseen
"sólo un peso en su cuenta bancaria, otros manifestaron que no
tienen ni cuenta corriente ni caja de ahorro y uno aseguró que su fortuna
es de 25 mil pesos pero no lo tiene depositado en ningún lado".
Otras de las irregularidades encontradas fueron sueldos de dos mil pesos y
bienes por un millón. Massoni precisó que "las declaraciones
juradas son 30 mil, sólo 10 mil fueron revisadas y, por los errores
formales que había, presumimos que el 70 por ciento de ellas están mal
confeccionadas".
En el material que ya fue revisado detectaron que casi todos
omitieron completar un formulario anexo que requiere datos más específicos.
"En síntesis, aparece una enorme resistencia por parte de los
funcionarios a que sea chequeado lo que declararon y lo que dicen tener,
en algunos casos, es poco creíble", evaluó la fuente. Y agregó que
hay "mala predisposición de los directores de recursos humanos de
las reparticiones estatales al momento de ser consultados para confirmar
información".
Alvarez adelantó que el Gobierno instruirá al bloque
parlamentario de la Alianza para que analice la posibilidad de levantar el
secreto de las declaraciones juradas previas a la creación de la Oficina
de Etica Pública. Consultados al respecto, los investigadores
anticorrupción destacaron que esto sería "muy útil" porque así
se podrían comparar las presentaciones secretas que fueron hechas ante la
Escribanía General de la Nación. Por ahora esto sólo es posible a través
de una orden judicial o de una acción de amparo que invoque el derecho a
la información.
La Oficina que conduce Massoni intimará a todos aquellos que hayan
cometido "errores" en las declaraciones juradas. En aquellas que
aparezcan "sospechas" iniciará investigaciones y cruzará los
datos consignados con otros bancos de datos. Y recién después citarán a
los funcionarios que las presentaron. La Ley de Etica Pública, sancionada
en diciembre, estableció que es delito la no presentación de las
declaraciones juradas tanto como la confección de las mismas "en
forma maliciosa", y esta actitud puede ser penada hasta con dos años
de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Massoni informó, además, que en el traspaso de archivos desde la
Oficina que dirigía el menemista Luis Ferreira "detectaron que las
declaraciones juradas estaban mal ordenadas y sin clasificar". Uno de
sus colaboradores destacó que "Ferreira tenía facultades para
realizar una profunda revisión de esas declaraciones y no lo hizo",
mientras que "esta gestión sí tiene la voluntad de hacerlo".
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